INDICADORES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO COSTERO EN COLOMBIA

Camilo-Mateo Botero-Saltarén¹

Miriam Arrizabalaga-Fal²

Celene Milanés-Batista³

Omar Vivas-Cortés⁴

Recibido el 17 de julio de 2015, aprobado el 18 de mayo de 2016 y actualizado el 21 de julio de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2017.45.12

RESUMEN

El presente artículo es resultado de un proyecto de investigación interinstitucional entre sector público, academia y sector privado, cofinanciado por recursos públicos de una convocatoria en buen gobierno. Las principales variables de análisis son la gobernabilidad y la gestión del riesgo costero en Colombia, por lo que se busca establecer una herramienta metodológica para optimizar la gestión pública en los municipios costeros. Se emplearon técnicas cualitativas y categorías de investigación de tipo propositivo, con marcadas etapas exploratorias, descriptivas y analíticas. Las técnicas más recurrentes fueron la revisión documental, las sesiones en profundidad, las entrevistas y las matrices cualitativas. Como resultado se obtienen cuatro indicadores para medir la gestión del riesgo como factor de gobernabilidad: conocimiento del riesgo, medidas de reducción del riesgo, capacidad de respuesta institucional a emergencias y coordinación y cooperación interinstitucional. Los indicadores fueron estructurados de acuerdo con una pirámide conformada por cuatro niveles (indicador, sub-indicador, variables y dato). Como producto final se crean las hojas metodológicas de cada indicador, los cuales pueden ser medidos en modo normal o modo emergencia. Se concluye que la batería de indicadores diseñada es una ventana de oportunidad para el manejo de un problema público, siendo a la vez una herramienta útil para propiciar mejoras en la gobernabilidad.

Palabras clave: riesgos costeros, gestión pública, indicadores de desempeño, desarrollo sostenible.

GOVERNANCE INDICATORS FOR COASTAL RISK MANAGEMENT IN COLOMBIA

ABSTRACT

This article is the result of an interinstitutional project between the public sector, the academia and the private sector, financed jointly by public resources of a governmental research call. The main variables of analysis are governance and coastal risk management in Colombia which is why  it is sought to establish a methodological tool to optimize public management in coastal municipalities. Qualitative techniques and research categories of propositional type with marked exploratory, descriptive and analytical stages were used. The most recurrent techniques were documentary review, in-depth sessions, interviews and qualitative matrices. As a result, four indicators were obtained for measuring risk management as a factor of governance: risk awareness, risk reduction measures, institutional capacity for emergency response, and interinstitutional coordination and cooperation. The indicators were structured according to a pyramid made up of four levels (indicator, sub-indicator variables and data). As a final product, methodological sheets for each indicator were designed, which can be measured in normal mode or emergency mode. It is concluded that the battery of indicators designed is a window of opportunity to manage a public problem, being at the same time a useful tool to promote improvements in governance.

Key words

Costal risk, public management, indicators of performance, sustainable development.

INTRODUCCIÓN

En el año 2012 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) abrió la Convocatoria 572, con la cual se buscaba conformar un banco de proyectos elegibles en buen gobierno, lucha contra la corrupción y gestión de política ambiental y del riesgo en Colombia. El presente artículo es resultado de uno de los proyectos seleccionados, denominado “La gestión del riesgo como factor de gobernabilidad en ciudades costeras”, ganador de esta convocatoria. El equipo científico ha estado liderado por investigadores pertenecientes a la Universidad Sergio Arboleda – Santa Marta, con la contribución de tres instituciones en Colombia (Grupo de Investigación en Sistemas Costeros - Playascol Corporation, Corporación Autónoma Regional de La Guajira e Instituto de Estudios del Ministerio Público) y una en Cuba (Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba). En particular, este documento presenta el componente técnico de gobernabilidad y riesgo costero, dado el protagonismo que ha tenido en los últimos cuatro años.

Ola invernal como detonante de la gestión del riesgo en Colombia

 Inicialmente, se parte del hecho que en Colombia, según reporte del Banco Mundial, en el año 2006 los desastres naturales representaron el tercer elemento de mayor costo ambiental, generando pérdidas que le costaron al país 3.7% del PIB para su recuperación (BANCO MUNDIAL, 2012, pág. 58). Esta situación se ha agravado con la reiteración de desastres, como lo demuestra la revisión de informes históricos de acciones institucionales emprendidas en el país, detectando dificultades en la atención adecuada de estos eventos. A partir de ello se evidenció que en Colombia la respuesta a emergencias se ha asumido bajo un enfoque de atención de desastres, más que desde la gestión del riesgo, lo cual ha impactado negativamente la gobernabilidad en estas situaciones de crisis.

Un ejemplo claro fue la acción de los entes encargados del manejo en la costa Caribe colombiana de las llamadas “olas invernales” de los años 2009-2010 y 2010-2011, en la cual la eficiencia y gestión administrativa no fueron adecuadas, causando una tragedia ambiental, social y económica. De acuerdo con los datos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se afectaron más de dos millones de personas (70% de ellas en la Costa Caribe), 341.000 viviendas, 751 vías carreteables, 807.609 hectáreas, 813 centros educativos y 15 centros de salud (DNP, 2010, pág. 28). Como consecuencia, esta emergencia requirió recursos que sobrepasaron la vigencia previa, que ascendieron a más de 2.6 billones de pesos colombianos, utilizando 5% en atención, 21% en rehabilitación y 74% en obras de recuperación, reconstrucción y prevención. Adicionalmente, para el caso de las ciudades costeras, este presupuesto se debió unir a la inversión necesaria para otros riesgos ya presentes, como el ascenso en el nivel del mar y la erosión (DNP, 2010).

No obstante, el tema de la gestión del riesgo en Colombia, para el caso específico de las zonas costeras, no es un asunto desconocido. Desde la década de los noventa se han mencionado de forma explícita los riesgos costeros (Steer et al., 1997), siendo incluso parte de las áreas temáticas de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros – PNOEC (CCO, 2007), que los considera como un insumo básico para la planificación del territorio y la gestión integrada costera. A lo anterior se suma que el ordenamiento territorial de las ciudades, especialmente aquellas localizadas muy cerca de la línea de costa, exige de estudios integradores y holísticos que permitan minimizar efectivamente las vulnerabilidades, y por ende el riesgo a que están sometidas las poblaciones costeras (Milanes, 2011).

En la legislación colombiana, el artículo 10 de la ley 388 de 1997 eleva la gestión del riesgo a la categoría de “determinante ambiental del territorio”, con lo cual establece su obligatoria inclusión en los planes y esquemas de ordenamiento territorial. Es precisamente en esta exigencia de la determinante ambiental del riesgo en los instrumentos de planificación del suelo municipal, donde se resalta la necesidad de que dicha inclusión además tenga en cuenta la especificidad del riesgo costero. A pesar de ello, el ordenamiento de los territorios costeros realizado, a través de la aplicación de la mencionada Ley 388 de 1997, fue ampliamente insuficiente en la inclusión de una gestión del riesgo diferenciada de las áreas continentales (Díaz-Cano, 2011).

Esta falencia resulta preocupante en un país que tiene 12 departamentos con acceso al mar, que suman 31 municipios en la costa Caribe y 16 municipios en la zona costera Pacífica (tabla 1). En total, los 47 municipios en la franja mar-costa constituyen una franja de más de 3000 km del territorio nacional, la cual se encuentra bajo vulnerabilidades particulares que requieren ser identificadas y gestionadas bajo esquemas de Gestión Costera Integrada - GCI (Arenas, 2012; Botero, 2013). Esto ha hecho evidente la necesidad de implementar opciones alternativas a la gestión tradicional del riesgo, que tengan en cuenta la especificidad del territorio costero y su impacto sobre la gobernabilidad a la escala local. Adicionalmente, el enfoque tradicional puede ser un factor a tener en cuenta para encontrar las razones por las cuales entre las más de dos millones de personas afectadas por la ola invernal, el 70% se encontraban en la Costa Caribe (DNP, 2010).

Gestión del riesgo y gobernabilidad en municipios costeros

En términos generales, se entiende el riesgo como la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre, dependiendo de las vulnerabilidades presentes en el momento de la emergencia. En consecuencia, la gestión del riesgo de desastres sería “un proceso social, impulsado por estructuras institucionales y organizacionales apropiadas, que persigue en forma permanente y continua la reducción y el control de los factores de riesgo en la sociedad a través de la aplicación de políticas, estrategias e instrumentos o acciones concretos, articulados con procesos sostenibles de gestión del desarrollo y el medio ambiente” (Bollin, 2003, pág. 10). Por su parte, la gobernabilidad se entiende como la situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción del gobierno, permitiendo una verdadera capacidad de gobernar en el sentido de alcanzar óptimos niveles de desarrollo social, económico y ambiental (Aguilar, 1999).

Estos conceptos, inicialmente independientes, se relacionan al analizar la dinámica municipal en situaciones de desastre, dado que se impacta la administración pública local hasta el punto de hacerla altamente ineficiente (Díaz-Cano, 2011). Un ejemplo de ello se da cuando se presentan situaciones como desplazamiento forzoso, abandono de actividades económicas, aislamiento vial, perdida de infraestructura, daño de redes de comunicación y servicios públicos básicos, entre otros. Así mismo, las afectaciones de un desastre pueden ir hasta la pérdida de vidas humanas, pasando por la de bienes naturales (cuerpos de agua, bosques, fauna), monetarios (robos y hurtos, vandalismo) e inmateriales como la cohesión social, la identidad con un territorio y el sentido de ciudadanía (Díaz-Cano, 2011).

La gravedad de la afectación de la gobernabilidad en una situación de desastre, fue evidente en 2010, cuando entre otras medidas tomadas por el gobierno nacional para atender la gran magnitud de la  temporada invernal, se reasignaron recursos públicos del sector educativo, programados para la ampliación de cobertura y mejoramiento de plantas físicas, para la reparación de establecimientos afectados principalmente por inundaciones (DNP, 2010). La consecuencia directa fue una reducción en la calidad de la educación de los municipios afectados, afectando la capacidad de gobernar de las autoridades locales.

Por otra parte, las condiciones de riesgo se definen en su mayoría por los niveles de desarrollo municipal, y a su vez éste se ve impactado negativamente cuando soporta desastres derivados de una débil gestión de sus riesgos. Bajo esta premisa, se vincula la función estatal de generar condiciones para el bienestar de los ciudadanos, integrando la atención a los eventos que coloquen en riesgo su vida y bienes, con la buena gestión pública (Díaz-Cano, 2011).

De esta manera, durante situaciones de desastre los requerimientos mínimos de estabilidad gubernamental se impactan, con lo cual la existencia de procedimientos y prácticas de buen gobierno toma especial protagonismo, dado que el proceso de toma de decisiones no solo afecta bienes materiales sino vidas humanas. En este contexto, se hace patente la premisa de Lavell según la cual “la gestión del riesgo dentro del contexto de la gobernabilidad es una manifestación palpable del cumplimiento de la función del Estado de salvaguardar la vida de sus asociados, es pues una dimensión de la gestión del desarrollo y de su institucionalidad” (Lavell, 1996, pág. 2).

Otro factor relevante en la adecuada gestión del riesgo es el presupuesto asignado previamente, dado que será una de las principales limitantes en caso de emergencia. Revisando el contexto colombiano, se observa una baja atención al tema de gestión del riesgo en las inversiones asignadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Particularmente, para el escenario de interés de esta investigación se observó que de un total de $444.761 millones asignados para La Guajira, solo el 1.1% ($5.109 millones) se asignaron para programas de sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, incluyendo de hecho una línea específica para “respuestas a la ola invernal” (DNP, 2010). Este pequeño porcentaje (1.1%) contrasta con el 39.9% (177.357 millones) que se asignaron, también para La Guajira, a los programas de protección social, que tienen un enfoque más proteccionista que preventivo.

En consecuencia, y dada la magnitud del problema científico a resolver, la investigación se concentró en explorar y describir la situación actual en los municipios costeros del Caribe colombiano, proponiendo una herramienta metodológica e informática que permita a las administraciones de municipios costeros gestionar su riesgo. El resultado presentado en este documento es el aporte desde la teoría de la gestión del riesgo y la gobernabilidad. No obstante, la meta más ambiciosa de este esfuerzo científico es que se apoye la implementación de acciones eficaces y efectivas de reducción, atención y recuperación de desastres, bajo el marco de acción de la GCI como estrategia de buen gobierno.

ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto que enmarca este artículo buscó aprovechar la participación de varias instituciones, ubicadas en diferentes ciudades costeras, para enriquecer la experiencia científica en la comparación entre diversos territorios. Es así que se propuso desde su formulación y presentación a la Convocatoria 572 de 2012, que se trabajaría en tres áreas de estudio diferenciadas por su escala e interés de investigación (figura 1). Inicialmente, el área más amplia es la zona costera del Caribe colombiano, dado que la aplicación de los resultados científicos será directamente en los municipios allí ubicados, donde se espera además implementar la herramienta virtual que se está diseñando como otro de los resultados del proyecto.

Dentro de esta área de estudio general se encuentra el área de estudio piloto, la cual tiene la función de proveer la información de un caso real y, por tanto, ajustar los resultados a las condiciones particulares del Caribe colombiano. A partir del apoyo otorgado al proyecto por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira, se decidió tomar la ciudad de Riohacha  como el caso piloto, aprovechando a su vez los múltiples riesgos costeros que allí se evidencian. Es importante aclarar que al ser una investigación de carácter cualitativo, lo más relevante no fue la precisión en los límites del área de estudio, sino que la cobertura del caso piloto se basó en las competencias municipales ligadas a la gestión del riesgo.

Riohacha fue tenida en cuenta dado que: 1. Está ubicada en el tercer lugar de ciudades con vulnerabilidad a los riesgos costeros, tales como el ascenso del nivel del mar y la erosión costera; 2. Ha presentado ya situaciones de pérdidas materiales, humanas y ambientales por riesgos socio-naturales; 3. Comparte con muchos otros municipios costeros del país una reincidencia en sucesivos desastres derivados de riesgos socio-naturales; y 4. Tiene un importante número de instituciones identificadas como actores del Sistema Municipal de Gestión de Desastres en su área (Municipio de Riohacha, 2012a)

También dentro de los criterios de selección de Riohacha, se tuvo en cuenta que en su actual Plan de Desarrollo 2012 – 2015 (Municipio de Riohacha, 2012b) se incluyen consideraciones sobre la inclusión del enfoque de GCI, aplicado a la creación y fortalecimiento de unidades de manejo integrado, tal como lo establece la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (MMA, 2000). Así mismo, incorpora a la planificación la formulación del Plan de Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera de la que hace parte Riohacha, en el cual debería existir una mención especial a la gestión del riesgo.

Finalmente, se seleccionó a Santiago de Cuba como el caso de referencia. El objetivo de incluir una población costera fuera de Colombia era la comparación con un ejemplo de eficiente gestión del riesgo, en unas condiciones geográficas similares a las del Caribe colombiano. Al respecto, Santiago de Cuba, al suroriente de esta isla caribeña, permitía el aprendizaje sobre atención a los desastres y minimización de vulnerabilidades que por décadas se ha realizado allí. La demostración más contundente de esta gestión eficiente fue el huracán Sandy, el cual cruzó justo encima de la ciudad en octubre de 2012, dejando apenas un reducido número de víctimas fatales, muy al contrario del efecto del mismo huracán sobre ciudades como Nueva York o Washington. Como soporte para el trabajo en Cuba, se contó con la participación del Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas Costeras - CEMZOC de la Universidad de Oriente.

METODOLOGÍA

La investigación que se presenta en este documento se soportó en técnicas cualitativas, especialmente a través de datos nominales. Dentro de las categorías de investigación que propone Hurtado (2010) se puede clasificar como de tipo propositivo, aunque con marcadas etapas exploratorias, descriptivas y analíticas. De la misma manera, las técnicas más recurrentes fueron la revisión documental, las sesiones en profundidad, las entrevistas y las matrices cualitativas (Hurtado, 2010).

Inicialmente se realizó un taller de trabajo en Santiago de Cuba, en Mayo de 2013, en el cual a través de sesiones de profundidad tipo focus group se ajustaron las actividades generales presentadas en la propuesta, de manera que fueran compatibles con la situación real del área de estudio. Es así que se acordaron los eventos centrales de investigación en los cuales giraría la medición de la gestión del riesgo como factor de gobernabilidad. El resultado de este taller fue el soporte para construir durante los siguientes tres meses del proyecto la tabla de operacionalización. Esta herramienta es un cuadro que desglosa una investigación científica por sus eventos, identificando sus dimensiones e indicadores para su medición (Hurtado, 2010).

Posterior al taller de Cuba, se empezó la revisión documental en tres fuentes principales: a. Guías metodológicas de gestión del riesgo; b. Legislación colombiana sobre gestión del riesgo; y c. Literatura científica sobre indicadores, gobernabilidad y riesgos. La técnica utilizada es la descrita por Hurtado (2010), lo cual permitió que los hallazgos de cada documento pudieran ser automáticamente incluidos en la tabla de operacionalización.

Dentro de las guías de gestión del riesgo revisadas, se destaca la información obtenida de la guía Incorporando la Gestión de Riesgo de Desastre en la Inversión Pública (PREDECAN, 2009), la guía Evaluación de los resultados de desarrollo: evaluación de la contribución del PNUD-El Salvador (PNUD, 2011) y la Guía marco de acción de Hyogo 2005-2015: aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres (ONU, 2005). La selección de estas guías se realizó desde la formulación del proyecto y se mantuvieron como principales documentos de referencia metodológica en gestión del riesgo.

Por otra parte, de la normativa revisada se destaca la Ley 1523 de 2012, por la cual se modificó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (MinInterior, 2012), modificando la mayoría de competencias institucionales en el tema. Se debe resaltar que al ser una investigación centrada en la gobernabilidad, y financiada por el Ministerio Público, la asignación de responsabilidades institucionales es el principal soporte de medición.

Una vez se construyó la tabla de operacionalización, se procedió al diseño de los indicadores. Inicialmente, se realizó un taller de trabajo y varias salidas de campo en Riohacha, durante julio de 2013, en las cuales se identificaron los riesgos, se validó la tabla y se definieron los lineamientos para la construcción de los indicadores. El taller se realizó a partir de la revisión individual y posterior discusión conjunta de los eventos de investigación seleccionados desde el primer taller, asemejándose a una actividad de focus group (Hurtado, 2010).

Simultáneamente a la realización del segundo taller, se realizó una intensiva búsqueda de información primaria en las entidades relacionadas con la gestión del riesgo en Riohacha. El objetivo de esta actividad se relaciona con lo ya expuesto sobre el caso piloto, donde se buscó identificar la situación real de la gestión del riesgo en las ciudades costeras del Caribe colombiano. En total se realizaron 15 entrevistas (tabla 2), a partir de un cuestionario preparado dentro del equipo de investigación colombiano y bajo la asesoría de la experta cubana.

Finalmente, el diseño de los indicadores partió de los cuatro eventos identificados en la tabla de operacionalización, para convertirlo cada uno en un indicador de gobernabilidad para la gestión del riesgo costero. La secuencia metodológica seguida es la recomendada por Quiroga (2009), que si bien es centrada en indicadores ambientales, es suficientemente genérica y a la vez detallada, permitiendo su ajuste a los temas de gobernabilidad. De cada indicador se preparó una hoja metodológica, en la cual se plasmó toda la información necesaria para permitir su medición objetiva y sistemática. La validación de los indicadores se realizó en dos talleres de trabajo realizados en Santa Marta (Magdalena, Colombia) en noviembre de 2013 y febrero de 2014. Adicionalmente, cada una de las cuatro hojas metodológicas fue revisada de manera asincrónica por los investigadores del proyecto, integrando las múltiples visiones en un documento con mayor soporte técnico y científico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desarrollo de la tabla de operacionalización

Inicialmente se obtuvo la tabla de operacionalización, en la cual se incluyeron los cuatro eventos de investigación considerados más representativos de la gestión del riesgo como factor de gobernabilidad. Este producto se enmarca en la propuesta de investigación desde una perspectiva holística de Jacqueline Hurtado (2010) y su interpretación y terminología se sujeta estrictamente a este referente metodológico. En el desarrollo de la tabla se identificaron entre dos y cuatro sinergias científicas en cada evento, los cuales incluyeron un total de 43 indicios de investigación.

Adicionalmente, se construyó un instrumento de apoyo a la revisión de fuentes documentales, el cual permitió la identificación de diversos documentos organizados en ocho categorías de los órdenes internacional, nacional y local: a. Normativa; b. Planes; c. Programas; d. Estrategias; f. Guías de gestión del riesgo; g. Guías de manejo costero; h. Documentos derivados de investigación (libros, ponencias, tesis, artículos); i. Otros documentos (técnicos, prensa, institucionales, virtuales, literarios). Como resultado, el instrumento generó una matriz cruzada con 1075 códigos documentales, que abarcaron todo el espectro de documentos posibles de hallar en los cuatro eventos de interés.

La tabla de operacionalización también sirvió de soporte para identificar las entidades locales públicas y privadas con competencias en la gestión del riesgo, bien fueran estas responsabilidades directas o indirectas. La identificación se realizó en el caso piloto (Riohacha), obteniendo más de 25 entidades ligadas con acciones enmarcadas en los cuatro eventos de investigación. La tabla 3 presenta el listado de instituciones que tienen alguna competencia en gestión del riesgo costero en el caso piloto.

Batería de indicadores de gobernabilidad

No obstante los resultados intermedios, el resultado más relevante fue la batería de cuatro indicadores para medir la gobernabilidad para la gestión del riesgo costero. El equipo de investigación logró un consenso según el cual cada indicador debería ir ligado a uno de los eventos de investigación, con lo cual se ganó en consistencia y coherencia. Asimismo, la estructura informacional se basó en las sinergias e indicios de la tabla de operacionalización, lo que facilitó la elaboración de las hojas metodológicas. El contenido de estas hojas partió de los ejemplos que presenta Quiroga (2009) sobre baterías de indicadores en América Latina y de la propuesta que ella misma recomienda en el cuerpo del documento, además de un ejercicio similar de diseño de indicadores de riesgo realizado en 2005 por la Universidad Nacional de Colombia (IDEA, 2005). Por último, el equipo de investigación agregó, ajustó y eliminó varios de los campos que dieron como resultado la estructura que se presenta en la tabla 4 y que se aplicó a los cuatro indicadores.

Los indicadores fueron estructurados de acuerdo con una pirámide de la información conformada por cuatro niveles (indicador, subindicador, variable y dato), los cuales pueden ser medidos en modo normal o modo emergencia. La diferencia entre los dos modos se concentra en las variables a tener en cuenta para la evaluación del indicador, dado que en el caso normal se realiza a partir de escenarios de gestión en una escala de unidades adimensionales de 1 a 5, mientras que en el modo emergencia la medición se concentra en tres preguntas indicativas de las acciones tomadas por cada entidad.

El primer indicador se refiere al conocimiento del riesgo, entendido como la información con que cuentan las entidades sobre los escenarios y factores del riesgo, los análisis y evaluaciones realizadas y el seguimiento a su permanente actualización. La medición se realiza de acuerdo con tres subindicadores, que cubren todo el espectro del conocimiento técnico en la materia: a. Evaluación del conocimiento de las amenazas; b. Evaluación del conocimiento de la vulnerabilidad; y c. Conocimiento de las zonas expuestas al riesgo. Los datos de este indicador se obtienen por la revisión de once indicios que incluyen aspectos como el registro histórico de amenazas de la región, la actualización del inventario de bienes expuestos o el mapeo de zonas expuestas al riesgo.

El segundo indicador se refiere a las medidas de reducción del riesgo, en el sentido del conjunto de acciones preventivas que se adoptan para disminuir las condiciones de riesgos existentes por parte del municipio costero. Este indicador se compone de cuatro sub-indicadores relativos a esta reducción del riesgo: a. Intervenciones preventivas; b. Intervenciones correctivas; c. Intervenciones prospectivas; y d. Protección financiera. Así mismo, la base de la estructura informacional la conforman diez variables que cubren aspectos desde el fomento de la cultura de la población en materia de gestión del riesgo hasta mejora de infraestructuras y recursos económicos para la reducción.

Como tercer indicador se estableció la capacidad de respuesta institucional a emergencias, siendo ésta la fortaleza que presentan las instituciones para enfrentarse una emergencia, en especial durante la ejecución de las actividades necesarias para la atención de un evento de desastre y su posterior recuperación. Los sub-indicadores que permiten integrar la información de capacidad de respuesta son dos, enfocados en el soporte legal el primero y en el soporte operativo el segundo. Pese a que este nivel de agregación tenga menos elementos que en los otros indicadores, los dos subindicadores enmarcan un total de nueve variables.

Por último, el cuarto indicador se enfoca en la coordinación y cooperación interinstitucional, en el sentido de las actividades que realizan las instituciones para vincularse entre sí en torno a la gestión del riesgo costero. La información de este indicador está organizada en tres subindicadores: a. Instancias para la gestión del riesgo; b. Instrumentos de coordinación y cooperación; y c. Experiencia en coordinación y cooperación. El total de variables incluidas es de ocho, cubriendo temas como la promoción de la coordinación y cooperación institucional en políticas y normativa y la creación de alianzas e interrelaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

En definitiva, se presenta una estructura informacional que permite abarcar los aspectos más relevantes de la gestión del riesgo costero, en el contexto legal, técnico e institucional colombiano (tabla 5), a partir de la conversión de la tabla de operacionalización en una batería de indicadores medibles. Es importante resaltar que esta propuesta se enmarca en los lineamientos de las guías de gestión del riesgo revisadas (ONU, 2005; PREDECAN, 2009; PNUD, 2011), así como en los lineamientos de la GCI desde la perspectiva sistémica (Botero, Evaluación de los esquemas de certificación de playas en América Latina y propuesta de un mecanismo para su homologación., 2013).

Finalmente, es pertinente agregar que a partir de los resultados presentados en este artículo, se diseñó una herramienta virtual que permite automatizar la medición de la gobernabilidad ligada a la gestión del riesgo municipal. Si bien la implementación de esta herramienta, así como de la batería de indicadores, no hacen parte del alcance del proyecto de investigación que enmarca este artículo, se planea que a través de este desarrollo informático se podrán ingresar los datos para que se calculen los indicadores, así como generar alertas cuando haya retrasos en el ingreso de información. Con esta plataforma virtual, que está diseñada para ubicarse en un servidor virtual y se desarrolló en software libre, también se podrán realizar consultas y generar reportes para los entes de control, además de facilitar el acceso a cualquier ciudadano interesado en conocer cómo ha sido el desempeño de las instituciones de su municipio respecto a la gestión del riesgo costero.

CONCLUSIONES

Con base en los avances de investigación, se evidencia una comprensión reiterada y afincada del problema público, que ha sido marcada históricamente por el predominio de un enfoque de tratamiento de los desastres centrado en acciones reactivas antes que preventivas, y en la conformación de acciones prospectivas. Este énfasis se abandona normativamente desde el año 2012, pero aún no se instituye en el quehacer de los municipios costeros colombianos, donde sigue vigente la atención del desastre en lugar de la reducción del riesgo.

Las debilidades evidenciadas históricamente en las labores de atención de desastres, en especial las llamadas “olas invernales”, han puesto en duda la capacidad del Estado de proteger y garantizar el bienestar de la ciudadanía, siendo necesario pensar el problema de una manera distinta, que conduzca a dotar de mayores capacidades al andamiaje estatal encargado de la materia, tanto en lo normativo como en la dotación de recursos y personal.

En forma colateral a lo anterior, se presenta una asimétrica relevancia de los tratamientos de los diferentes riesgos de desastre. Aquellos que constituyen riesgos reales por su ocurrencia histórica han llevado a la modificación normativa y los énfasis y urgencias del tema en el contexto de las políticas; en contraste, la dinámica normativa y de política para los municipios costeros tiene un origen que no se muestra tan asociado a la inmediata ocurrencia de un evento de catástrofe.

En este contexto, la revisión del estado del arte y posterior propuesta de indicadores de gobernabilidad pone de presente la necesidad de repensar el enfoque en la gestión del riesgo, más hacia la prevención y la prospectiva. Este cambio no solamente implica indagar por las capacidades de respuesta del Estado, sino además, por buscar la generación de mecanismos con capacidad de evolución que posibiliten mejoras en dichas capacidades de una manera armónica y cooperativa.

Desde las concepciones del New Public Management, los indicadores resultan apropiados para la gobernabilidad de la gestión del riesgo en las ciudades costeras, principalmente porque orientan la acción e institucionalizan las políticas en la materia desde y con los esquemas de seguimiento y evaluación. De esta manera, el conocimiento y la información generados por el proyecto dan una garantía de formas más abiertas, capaces, estables y eficaces de gestión por resultados. En este contexto se debe resaltar que el paso de formas de gobernabilidad tradicional a esquemas de gobernanza más evolucionados se reduce si la primera es una meta ya cumplida.

Dado que el objetivo de la investigación era la optimización de los procesos de gestión del riesgo en ciudades costeras, con miras a mejorar la gobernabilidad de estos territorios, y teniendo en cuenta que esta última se concibe como una cualidad, los indicadores establecidos permiten observar el grado de capacidad –por parte del gobierno– en la  gestión del riesgo de desastres, en sus contenidos de política, es decir de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, capacidad de atención de emergencias, y en la necesaria articulación y cooperación interinstitucional. En consecuencia, se aprecia una integralidad y consistencia explicativa en los indicadores.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue resultado del Convenio 0965 de 2012 financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, en el marco de la Convocatoria 572 de 2012.

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1.    Doctor en Gestión del Agua y la Costa, Grupo de Investigación Joaquín Aaron Manjarrés, Universidad Sergio Arboleda, Santa Marta, Colombia; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    Máster en Gestión de Áreas Litorales, Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, Playascol Corporation, Santa Marta, Colombia; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.      Doctora en Ciencias Técnicas. Centro de Estudios Multidisciplinarios en Zonas Costeras, Corporación Universitaria de la Costa CUC, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.   Magíster en Estudios Políticos y Candidato a PhD en Estudios Políticos, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, Colombia; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Potencial conflicto de intereses: Los autores declaramos que no se existe conflicto de intereses en la realización de la investigación.

Fuentes de financiación: La fuente de financiación utilizada para la ejecución de la investigación se obtuvo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, en el marco de la Convocatoria 572 de 2012, en contrapartida por la Universidad Sergio Arboleda y Playas Corporación Ltda.

Para citar este artículo: Botero, C. M.; Arrizabalaga, M.; Milanés, C. & Vivas, O. (2017). Indicadores de gobernabilidad para la gestión del riesgo costero en Colombia. Revista Luna Azul, 45, 227-251. DOI: 10.17151/luaz.2017.45.12

ANÁLISIS DE UNIDADES DE PAISAJE Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL COMO HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. CASO DE APLICACIÓN: MUNICIPIO DE TONA, ESPAÑA¹.

Jorge-Andrés Rivera-Pabón²

Dayse-Cristina Senna³

Recibido el 20 de septiembre de 2015, aprobado el 19 de diciembre de 2016 y actualizado el 20 de julio de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2017.45.10

RESUMEN

A través de este artículo se presenta una propuesta metodológica para desarrollar la formulación de un plan de gestión ambiental municipal. Para ello se emplean como herramientas de identificación y diagnóstico de los problemas territoriales de escala local, el análisis de unidades del paisaje y la evaluación de impacto ambiental. Precisamente, con el fin de visibilizar su fácil aplicabilidad, se exponen los resultados obtenidos de un ejercicio académico investigativo efectuado en el municipio de Tona, Cataluña-España. Por último, se esbozan una serie de programas y acciones de gestión ambiental para esta localidad, orientados a prevenir, controlar, mitigar y corregir los impactos generados por su urbanización y los diferentes usos del suelo.

PALABRAS CLAVE

Análisis de unidades de paisaje, evaluación de impacto ambiental, plan de gestión ambiental municipal.

ANALYSIS OF LANDSCAPE UNITS AND EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT AS TOOLS FOR MUNICIPAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. CASE OF APPLICATION: MUNICIPALITY OF TONA, SPAIN.

ABSTRACT

Through this article a methodological proposal to develop the formulation of a Municipal Environmental Management Plan is presented. To this end, the analysis of landscape units and environmental impact assessment are used as tools for the identification and diagnosis of the territorial conflicts at the local level. Precisely, to visualize its easy applicability, the results of a research academic exercise carried out in the Municipality of Tona, Catalonia-Spain are exposed. Finally, a series of environmental management programs and actions for this location, designed to prevent, control, mitigate and correct the impacts generated by urbanization and the different land uses are outlined.

KEY WORDS

Analysis of landscape units, environmental impact assessment, environmental management plan.

INTRODUCCIÓN

Los vínculos existentes entre la degradación ambiental de un territorio y las actividades productivas desarrolladas por la sociedad, acaban por revelar y advertir que corregir esta degradación necesita inversiones muchas veces de altos costos económicos. Por esta razón, un plan de gestión ambiental municipal (PGAM) busca preferentemente la prevención y anticipación de los impactos, antes que su recuperación y restauración, reduciéndolos de manera eficaz mediante la elaboración y ejecución de distintos programas, estrategias y acciones de carácter técnico y administrativo. Es así como el presente artículo tiene por objetivo, presentar una propuesta metodológica para la formulación de los PGAM, utilizando como instrumentos técnicos para la identificación de los problemas socio-naturales del orden local, el análisis de las unidades del paisaje y la evaluación de impactos ambientales con base en una matriz de calificación de impactos e integración.

Con relación a los acápites constitutivos del artículo, se expone en el numeral 1 el marco conceptual y metodológico que fundamenta la definición de los impactos ambientales y sus métodos de evaluación. En el numeral 2, se presentan las teorías y enfoques sobre el estudio del paisaje y su método de análisis. Luego, en el numeral 3, se exhiben algunas características básicas de un PGAM. Seguidamente, en el numeral 4 se pone en evidencia la capacidad de síntesis de los métodos diagnósticos planteados, su versatilidad y facilidad operativa, a partir de su aplicación en el municipio de Tona, Cataluña-España. Al final, se enuncian las conclusiones y las recomendaciones para la aplicación de estos métodos en otros contextos geográficos.

1.            IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA

Se entiende por impacto ambiental el efecto que una determinada acción directa del hombre produce sobre el medio en sus distintos componentes (cambios y alteraciones en el clima y atmósfera, substrato geológico, geomorfología superficial del terreno, aguas, suelos, vegetación, fauna, en función de las actividades y relaciones socioeconómicas y productivas de una comunidad, percepción sobre el medio, formas culturales, costumbres, etc.).

Asimismo, de acuerdo con lo expresado por Xavier Estruch García (1992) en su texto Las evaluaciones de impacto ambiental en los estudios de paisaje, los efectos de esta acción pueden aplicarse sobre uno o varios componentes, modificando su estructura o función. También precisa este autor, que si el efecto resulta de una acción indirectamente inducida por el hombre allí donde, por causas naturales, existe ya una propensión a que éste tenga lugar (caso por ejemplo de la localización de asentamientos humanos cerca de valles inundables; construcciones y obras civiles en zonas expuestas a movimientos en masa o procesos erosivos; localización de áreas residenciales y actividades productivas en áreas con alta recurrencia de incendios forestales en épocas de sequía, etc.), se suele hablar, antes que de impacto ambiental, de escenarios de riesgo potenciados por el hombre.

Ahora bien, aun cuando al hablar de impacto ambiental se piense en un efecto negativo o perjudicial sobre el medio afectado, muchas veces esto no es así, sino todo lo opuesto. Por eso, al abordar el tema de los impactos ambientales, es necesario diferenciar desde el principio los positivos de los negativos. Así, los primeros representan una mejora en las cualidades intrínsecas de los componentes del medio, contribuyendo a aumentar su complejidad orgánica funcional, su estabilidad natural o las características de calidad de vida de una comunidad. Al contrario, los impactos negativos suponen un empeoramiento de las cualidades naturales del medio y las características socioeconómicas y culturales, favoreciendo su desestabilización y conduciéndolo hacia una mayor simplificación funcional, concretada en una disminución de la riqueza biológica y de las relaciones ecológicas de autorregulación, en la dificultad por asimilar y acoger los elementos o procesos de la actividad por parte de la comunidad, etc. (citado en: Estruch, 1992).

En cuanto a su fase diagnóstica, el análisis de impactos ambientales debe contener información sobre la localización de las actividades productivas y usos del territorio, los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro o de aquellas acciones que generen su mejoramiento. Es decir que la EIA es un proceso destinado a estimar la incidencia que puedan tener la ejecución de diversas actividades económicas lideradas por los sectores público, privado o mixto.

De otro lado, por su naturaleza administrativa y legal, cualquier actividad productiva debe responder a las exigencias y cumplimiento de la legislación ambiental vigente, como también a las directrices definidas por los órganos públicos con competencia en la materia⁴.

1.1. Metodología para la evaluación del impacto ambiental

La metodología expuesta en este apartado es analítica y descriptiva, la cual surge de examinar el diseño y utilidad de dos métodos de evaluación de impacto ambiental, obteniendo una metodología alternativa que realiza la combinación entre los métodos cualitativos y cuantitativos.

1.1.1. Método de matrices causa-efecto

Las matrices causa-efecto son, sobre todo, métodos de identificación y valoración que pueden ser ajustadas a las distintas fases del estudio de impacto ambiental, arrojando resultados cuali-cuantitativos, ejecutando un análisis de las relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos en el medio. Estas matrices consisten en un listado de acciones humanas y otros indicadores de impacto ambiental que se relacionan en un diagrama matricial. Entre sus ventajas están que son muy útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos, pero tiene limitaciones para establecer interacciones, definir impactos secundarios y realizar consideraciones temporales o espaciales⁵.

1.1.2. Método de calificación de impactos

El método utilizado para la calificación de los principales impactos ambientales es una matriz modificada causa-efecto de tipo cuantitativo, en la cual se toma en cuenta la calificación del impacto, es decir un valor que determina el nivel de daño al medio de las principales actividades impactantes, y se multiplica por su magnitud (determinada por la probabilidad de ocurrencia o afectación del medio). De igual modo, esta valoración se relaciona con la sensibilidad y fragilidad del elemento ecológico o socioeconómico impactado, así como por lo estratégico del recurso afectado.

Fórmula:

De este procedimiento se obtiene un valor de impacto que determina la importancia y capacidad de afectación al medio de cada una de las actividades, este valor se visualiza gráficamente (mediante colores) de la siguiente forma:

2. PAISAJE Y ANÁLISIS TERRITORIAL DE UNIDADES DEL PAISAJE

El paisaje ha sido objeto de diversas representaciones y significados a lo largo de la historia, prevaleciendo las valoraciones subjetivas y artísticas hasta el periodo decimonónico, y posteriormente, recibiendo un acusado énfasis científico de carácter positivista. Sobre estos aspectos, Molano Barrero (1994) sostiene que “hay múltiples aproximaciones al paisaje, pasando por las características perceptibles que integran conjuntos espaciales determinados, hasta abstracciones enlazadas con la imaginación” (p. 11). Con base en el reconocimiento de estas aproximaciones al estudio del paisaje, se presentan a continuación las posturas cualitativas propias del arte, las ciencias humanas y las positivistas, asociadas a las ciencias naturales y ambientales.

2.1. Enfoques cualitativos, histórico-hermenéuticos del estudio del paisaje

A partir de algunas explicaciones de orden cualitativo se reconoce al periodo comprendido entre los siglos XV y XVI como una etapa de florecimiento artístico que tuvo como objeto de interés la representación del paisaje. Sobre este enfoque, Mazzoni (2014), declara que:

 En los siglos XV y XVI, el paisaje se utilizó con un sentido artístico, particularmente en el género pictórico, haciendo referencia a la escena o vista que se presenta al observador o a un cuadro que representa a la naturaleza. En esta conceptualización se alude a la combinación armónica de formas y colores en un territorio. (p. 53)

En la misma dirección analítica, Barrera Lobatón (2014) indica, haciendo referencia a Cosgrove (1985), que “el interés en el paisaje se relaciona con el desarrollo de la técnica de la perspectiva en el arte en el siglo XVI, que destacó la posibilidad de observar y dibujar geométricamente los espacios” (p. 29).

Siglos después, como reacción social a la crisis del racionalismo fundante de la revolución industrial y sus impactos socio-naturales, se generó un movimiento cultural conocido como el romanticismo, el cual hizo renacer y germinar un sentimiento bucólico de reencuentro con la naturaleza, expresado en el arte de la segunda mitad del siglo XIX a través de obras alusivas al paisaje que evocaban a la naturaleza prístina, las aldeas rurales y campiñas, las zonas costeras, los parques y jardines tutelares de las ciudades, etc.

Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX se refleja un acercamiento al estudio del paisaje desde una perspectiva histórico-culturalista, al determinar cómo la acción humana mediada por los usos del suelo y las formas productivas inciden en la transformación de la base biofísica del territorio, configurando un paisaje cultural. Con relación a este enfoque, Capel (2002), a partir de las ideas del pionero de la geografía cultural, Carl Sauer, indica que “la acción de los grupos humanos se refleja en paisajes culturales, que llevan impresos la huella del trabajo del hombre sobre la tierra” (p. 30). De modo coincidente, Barrera (2013) cita la definición del paisaje pronunciada por Sauer (1925, destacando que

En la expresión cultural existe una manera estrictamente geográfica de pensar la cultura; específicamente, como la impresión de los trabajos del hombre sobre el área. Podemos pensar en la gente en tanto que asociada en y con un área, como grupos asociados en su descendencia o su tradición. (p. 13)

En la década de los sesenta, el interés por trazar nuevas vías analíticas para el estudio del paisaje incorporó como alternativa de exploración, la percepción social y visual del espacio desde una aproximación fenomenológica. Por una parte, verbigracia de estos puntos de vista, se articulan las imágenes compartidas por los individuos de una comunidad a través de sus procesos de socialización; en otras palabras, el espacio se puede diferenciar en unidades territoriales de carácter social, o lugares que tienen un significado que simboliza una identidad social. El estudio más sistemático de los aspectos descriptivos y físico de la imagen mental del paisaje urbano-rural se debe al arquitecto Kevin Lynch (Estébanez 1984).

Entre los geógrafos fenomenológicos (Tuan, Buttimer y Relph) el concepto de lugar se establece como un foco con significación e intencionalidad, determinado individual o culturalmente, así se expresan los lazos que el hombre establece con el espacio vivido (ibíd.: 296). En el caso del paisaje urbano y las áreas de transición urbano-rurales se definen diferentes tipos o sentidos de lugar, a saber: social, apático, nostálgico, arraigado, etc.

De otro lado, la disciplina histórica contemporánea ha centrado su atención en la forma como los paisajes han sido construidos a lo largo del tiempo, para así aprender sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza y sobre las estructuras políticas, económicas, culturales y sociales de quienes habitan o habitaron los espacios. Con relación a esta visión diacrónica, Barrera (2014) identifica y resalta de igual forma el trabajo de arqueólogos, por ejemplo, el de Criado-Boado (1999) y la escuela de historia ambiental (White, 1995; Cronon, 1999; Worster, 1979), la paleohistoria ambiental (Rippon, Fyfe y Brown, 2006), o la transformación de los paisajes rurales a paisajes urbanos (Peters, 2007; Muñoz, 2006).

Por último, desde una consideración estructural surgida en los ochenta, Santos (1996) sustenta que tanto el paisaje como el espacio provienen de movimientos superficiales y profundos de la sociedad, una realidad de funcionamiento unitario, un mosaico de relaciones, de formas, funciones y sentidos. El paisaje es, de este modo, un conjunto heterogéneo de formas naturales y artificiales; está formado por fracciones de ambas, ya sea en cuanto el tamaño, volumen, color, utilidad, o por cualquier otro criterio. De igual manera, para cada momento histórico, determinada forma de organización de la sociedad en el espacio geográfico que la contiene, manifiesta una fisonomía, una manera de aparecer y un sentido de manifestarse (espacialidad); allí, en esa externalidad⁶ aparecen los elementos físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales. La conjugación de dichas entidades en un segmento concreto de la superficie terrestre, integran el paisaje geográfico.

2.2. Enfoques positivistas, empírico-analíticos del estudio del paisaje

El paisaje ha sido abordado por las ciencias de la tierra desde los inicios del siglo XIX. En particular, la escuela alemana erigió una geografía del paisaje. Entre sus principales exponentes se encuentran Alexander Von Humboldt, Siegfried Passarge y Carl Troll, entre otros. Estos autores, aunque fueron precursores del enfoque naturalista, no desestimaron la fuerte incidencia de la intervención humana en la transformación del espacio. Sobre esta postura, la Mazzoni (2014) en su reflexión histórica sobre el concepto del paisaje, formula cómo la visión de estos geógrafos se caracterizó por dejar como legado y tradición analítica, la perspectiva de síntesis o de acción conjunta entre diferentes componentes territoriales.

Asimismo, indica que cada paisaje posee un carácter particular y límites definidos, que ejemplifica en la magnífica representación de los Andes tropicales según pisos de altitud, incluida en su Ensayo sobre la geografía de las plantas (Humboldt, A, 1805). Posteriormente, Passarge (1913-1920) define en su obra Los fundamentos de la ciencia del paisaje publicada entre 1919 y 1920, al paisaje como “un conjunto complejo formado por clima, agua, tierra, plantas y fenómenos culturales” de cuyo agrupamiento resultan unidades jerarquizadas de diferente orden.

Sin lugar a dudas, el énfasis naturalista se ve plasmado en la obra de autores como Carl Troll quien sembró las bases de la ecología del paisaje, rama de la biología que estudia la expresión espacial de los ecosistemas, centrando su atención en el análisis de las relaciones entre el sistema biótico y el espacio físico a diferentes escalas. A través de las eco-zonas se delimitan las unidades homogéneas de vegetación, siendo estas las células del paisaje. Su distribución origina patrones de heterogeneidad espacial, determinados por el arreglo o disposición de los diferentes elementos del paisaje: parches, matriz y corredores ecológicos. Esta línea de estudio es acogida de manera amplia por la teoría general de sistemas propuesta por Bertalanffy (1968)⁷, siendo un referente fundamental de los diferentes métodos de análisis del paisaje empleados por la geografía física, la ecología, la agronomía y otras disciplinas asociadas. Desde la óptica geográfica, la ciencia del paisaje promovida por la geógrafa catalana María de Bolós i Capdevila, ha hecho un uso sobresaliente del concepto geosistema, definido originalmente por el geógrafo soviético Sochava, en 1963⁸.

En efecto, la visión geosistémica trata de integrar y sintetizar procesos del medio abiótico, biótico y social dentro del marco de las ciencias geográficas. El paisaje es entendido como la unidad territorial caracterizada por una morfología, es decir, las estructuras espaciales, un funcionamiento (biogeociclos) y un comportamiento específico de acuerdo con los cambios de estado que intervienen dentro del geosistema en una secuencia de tiempo. Equivalentemente, Barrero (2014) describe como la geomorfología (Flórez, 2003), la biogeografía (Kent, 2007) y los estudios del cambio del uso de la tierra (Young y Aspinall, 2006), buscan la integración de variables físicas, bióticas y sociales para determinar unidades específicas homogéneas y la búsqueda de relaciones ecosistémicas en los elementos que constituyen el paisaje, por ejemplo, los corredores biológicos.

En definitiva, la explicación e interpretación del paisaje requiere del conocimiento de su condición ecológica y el contexto social que lo redefine permanentemente, en tanto el paisaje es un palimpsesto en el que se reescribe la historia humana y se representa la metamorfosis, decantación y sedimentación del devenir social. Dicho de otro modo, para el estudio de las transformaciones socio-naturales expuestas en el paisaje del presente, se debe reconocer la composición y estructuración de este ambiente ‘humanizado’ a través del proceso histórico de ocupación humana y los usos del territorio generados. A renglón seguido, se presenta de manera concisa el método que sistematiza con simplicidad los elementos de análisis requeridos para abordar integralmente el estudio del paisaje. En palabras de George Bertrand (2008), uno de los especialistas en esta temática, el método de análisis de sistemas debe conjugarse con una relación monográfica que describa todas las formas, escenificación y unidades de paisaje, teniendo en cuenta la realidad actual del territorio en clave de su diacronía constitutiva.

2.3. Método sintético de análisis territorial del paisaje: catálogo de unidades del paisaje

Desde un enfoque técnico aplicado a la planificación territorial, los estudios del paisaje se han constituido en un insumo fundamental para orientar la sustentabilidad y preservación del patrimonio natural y la identidad cultural de un lugar. Para el cumplimiento de este loable objetivo, Muñoz (2012) puntualiza en la necesidad de realizar la catalogación y conservación de los elementos estructurales del territorio que definen en mayor medida el carácter de un paisaje, otorgándole una identidad singular y diferenciada. De conformidad con el interés práctico del análisis, se crea un método de identificación de las unidades del paisaje contempladas a partir de los bienes y servicios que presta el ambiente a las procesos productivos de orden social, al igual que los elementos naturales heredados, como son por ejemplo, los bosques nativos y los corredores ambientales asociados a la vegetación de ribera de las rondas de los ríos o afluentes de agua superficiales, etc.

En este orden de ideas, cabe resaltar a modo de referencia contextual, cómo en el ámbito europeo la identificación de las discontinuidades, zonas o “recortes de los usos del suelo” que dan lugar a las respectivas unidades del paisaje, además de constituirse en una metodología sintética de análisis territorial, ha asumido un carácter político y normativo con base en la institucionalización del Convenio Europeo del Paisaje - CEP (número 176 del Consejo de Europa), realizado en la ciudad de Florencia, Italia el 20 de octubre de 2000. Así, los Estados miembros propenden a través de la administración territorial y ambiental a la planificación de las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, así como las zonas terrestre, marítima y las aguas interiores. Se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse excepcionales, como a los paisajes cotidianos y degradados.

Igualmente, en concordancia con los enfoques expuestos en los apartados anteriores, la comprensión del paisaje desde el CEP transita por una exégesis holística, que lo acepta como resultado de la producción social del espacio sobre una base biofísica. Partiendo de esta base argumentativa, se hace imperativo desvelar la organización del paisaje en términos naturales (relieve, aspectos geológicos y geomorfológicos, flora y fauna, etc.) y humanos (asentamientos, intervención antrópica, patrón y usos del suelo asociados a los sistemas agrosilvopastoriles, la industria, infraestructuras, turismo y todos los servicios que se oferten en el territorio) en relación con los aspectos evolutivos de las unidades del paisaje.

Ahora bien, considerando que la aplicación del presente análisis discurre en el territorio catalán, es menester indicar que la Comunidad Autónoma de Cataluña adoptó y erigió en la Ley 8 del 2005, estatutariamente, la protección, gestión y ordenación del paisaje (Generalitat de Catalunya, 2005). En tal sentido, la reglamentación catalana acogiendo el convenio europeo considera al paisaje como “cualquier parte del territorio, tal y como la colectividad lo percibe, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones”, siendo éste un elemento clave de bienestar individual y social que contribuye a la formación de las culturas (Generalitat de Catalunya, 2005: 17626). Por añadidura, en el contexto catalán la normativa del paisaje tiene como propósito reconocer en detalle cuáles son los diferentes impactos ambientales generados por el acelerado proceso de urbanización, el desarrollo de infraestructuras, el abandono de la actividad agrícola, la banalización de algunos territorios relacionados con la actividad turística, etc. De este modo, entre los objetivos planteados se precisa la identificación de los paisajes en todo el territorio, analizando sus características, las fuerzas y presiones que los transforman.

Además, en la ley catalana se destaca la importancia de los estudios del  paisaje en el planeamiento territorial, estableciendo la elaboración de los catálogos de paisaje (Observatori del Paisatge, 2015), entendidos como documentos de carácter descriptivo y prospectivo, en los cuales se deben determinar las tipologías de los paisajes, sus valores y estados de conservación. Esto indica que los catálogos son las herramientas que permiten conocer cómo son los paisajes y qué valores tienen, qué factores explican un determinado tipo de paisaje y no otro, cómo evoluciona el paisaje en función de las actuales dinámicas económicas, sociales y ambientales y, finalmente, definen qué tipo de paisaje se desea y cómo se puede conseguir⁹. En términos operativos, su contenido considera entre otros aspectos, los siguientes:

• El inventario de los valores paisajísticos presentes en su área.

• La enumeración de las actividades y de los procesos que inciden o han incidido de forma más notoria en la configuración actual del paisaje.

• La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como ámbitos estructural, funcional o visualmente coherentes sobre los que puede recaer, en parte o totalmente, un régimen específico de protección, gestión u ordenación.

3. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Tomando como referencia el reconocimiento de los efectos causados a la estructura ambiental por las actividades productivas desarrolladas en un territorio, y con el fin de minimizarlos, se realiza un PGAM, que es la herramienta fundamental para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos, como también para optimizar y potenciar los efectos positivos que se puedan presentar. En otras palabras, los PGAM son instrumentos de planeación que orientan a las administraciones locales sobre los recursos requeridos para la protección, conservación y mejoramiento de las condiciones ambientales de su territorio a través de estrategias, programas y proyectos.

Así, la gestión ambiental municipal requiere de la participación de diversos actores sociales comprometidos con la atención de los problemas ambientales de una localidad mediante el uso selectivo y combinado de herramientas jurídicas, técnicas, económicas, financieras y administrativas para lograr la sustentabilidad en el uso de los elementos naturales que integran los ecosistemas, además de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Otro aspecto importante, es que el PGAM debe incluir igualmente planes de seguimiento y monitoreo a las actividades identificadas como generadoras de impactos ambientales.

4. CASO DE APLICACIÓN: MUNICIPIO DE TONA, CATALUÑA-ESPAÑA

4.1. Localización y caracterización geográfica

El municipio de Tona es uno de los 947 municipios que integran la Comunidad Autónoma de Cataluña-España, situada al nordeste de la península ibérica. Cataluña está constituida por cuatro provincias, que son Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, y dentro de ellas existen en total 41 comarcas (Generalitat de Catalunya, 2015). Precisamente, Tona hace parte de la comarca de Osona, una de las 12 que componen la provincia de Barcelona; por tanto, en cuanto a gobierno, el municipio está vinculado a la Diputación de Barcelona¹⁰ y al Consejo Comarcal de Osona¹¹.

Desde el punto de vista político-administrativo, Tona limita al norte con parte del término municipal de Muntanyola y las sierras meridionales del municipio de Malla, al este limita con Taradell y el enclave de Malla, al oeste con Collsuspina y parte del municipio de Muntanyola, y al sur con el municipio de Balenya. Tona tiene también un enclave por fuera del núcleo urbano entre los términos municipales de Seva y Taradell como se observa en la figura 1 (Ajuntament de Tona, 2007, p. 5-6).

En términos poblacionales, según el Instituto de Estadística de Cataluña – IDESCAT, el municipio contaba para el último censo (2015) con un total de habitantes de 8012, de los cuales 7775 son urbanos y 237 rurales. Cabe destacar en la siguiente figura, la zona antigua agregada entre Tarradell y Seva (conocida como Mont-rodon) y un número importante de masías (finca rural) alrededor del término municipal, algunas de ellas en proceso de transformación urbana por el desarrollo de segundas residencias de alto estándar.

El municipio posee una superficie de 16,47 km² y una altitud media de 598 metros sobre el nivel del mar. Tiene una localización estratégica al estar a sólo 10 kilómetros de Vic, la capital comarcal, y entre Barcelona, Manresa y Girona; por tal razón goza de una buena red de carreteras, conexiones viales e infraestructuras que hacen la población muy accesible desde cualquier punto de Cataluña¹². Por demás, tiene como principales características geofísicas, el extenderse por el sector meridional de la gran depresión o valle encerrado de la plana de Vic y se enfila hacia la sierra del poniente en dirección a Collsuspina y Muntanyola. Su territorio está formado por margas blandas propias de la cuenca de erosión de la Plana de Vic. La erosión de aquellos tipos de terrenos ha configurado el paisaje de Tona, donde destacan las colinas, tales como el Aguilar, la sierra de la Cruz y del Puigbonic (Véase Figura 2).

El sector más llano tiene una altura que oscila entre los 550 y los 660 m. La zona de la Barroca, un plan ligeramente inclinado hacia poniente se encuentra entre los 640 y los 740 m, destacando en aquel sector la colina o Serrat de Sant Valentí. En efecto, la particularidad paisajística más destacable son los testimonios de montes (puigs) y colinas (turos), elementos que son más resistentes a la erosión y por tanto, son una muestra de los estratos geológicos que recubren la Plana o Valle de Vic antes del cuaternario. Así, forman pequeñas islas en el medio del valle y son testimonio de la historia geológica de la comarca (Ajuntament de Tona, 2007, p. 18).

4.2. Análisis de las unidades del paisaje e impactos ambientales en el municipio de Tona: catálogo del paisaje¹³

Las unidades de paisaje reconocidas se han definido a partir de los usos del suelo, las actividades productivas y los elementos naturales del medio físico-biótico. Igualmente, se consideran los procesos históricos de ocupación, los cuales han determinado una serie de paisajes de hábitats antrópicos, entre ellos se destacan la zona urbana, periurbana e industrial, además de las áreas de establecimiento de explotaciones agrosilvopastoriles, etc. A continuación se describen en un catálogo las unidades del paisaje y los efectos ambientales (positivos o negativos) generados por las actividades productivas en el municipio de Tona.

De manera particular, es importante tener en cuenta que la numeración de las fotos expuestas en la figura 3 se corresponden con las áreas de unidades del paisaje que se explicitan a continuación: urbano, periurbano, industrial, bosques de ribera, cultivos, entre otros (todas las fotos posteriores son de los autores o de elaboración propia).

Paisaje urbano consolidado de carácter preferentemente residencial: fotos 1 y 2

El paisaje urbano posee una estructura radial en el centro, de alta densidad en la construcción y con calles estrechas. Su función es mixta, es decir, posee viviendas asociadas a servicios (comercio minorista-barrial, centros comerciales, administración pública, finanzas-bancos, seguros, etc.). Se presentan procesos de renovación, restauración y construcción de edificaciones o casas en el centro histórico relacionados con nuevas inversiones inmobiliarias.

Impactos negativos: entre los impactos negativos se identifican la inadecuada disposición de residuos sólidos (escombros, basuras) por actividades de contrucción de viviendas y obras cíviles en áreas de importancia ambiental y paisajística del espacio urbano (Turó del Serrat del Castell); los riesgos por inundación en periodos de lluvias torrenciales y el ruido y material particulado en el desarrollo de las obras de construcción.

Impactos positivos: hay que destacar el desarrollo de tejidos urbanos y urbanizaciones planificadas con claras especificaciones de diseño del espacio público, vegetación en parques, alamedas, entre otros aspectos que aportan a la calidad ambiental del área urbana. También se observan actividades de educación ambiental hacia el reciclaje y la gestión de residuos de animales (excrementos), y el impulso a la introducción de paneles solares en viviendas.

Paisaje periurbano de nuevas urbanizaciones de alto estándar: fotos 3 y 4

Las unidades de paisaje periurbano se caracterizan por la baja densidad residencial y poblacional, como también por una estructura de construcción baja, horizontal y abierta. Su configuración espacial es dispersa, característica que la diferencia del área urbana de carácter compacto donde predominan las edificaciones en altura, además se presentan viviendas de casas adosadas. De igual modo, se destaca la alta calidad de las viviendas unifamiliares, sus servicios y equipamientos asociados (piscinas, canchas de tenis, amplios parqueaderos de coches, uso de nuevas tecnologías en energía ‘renovable’ como son los paneles solares, mayor área verde por unidad de superficie construida, etc.). Otro aspecto, es que se evidencia un proceso continuo de transformación entre el uso del suelo rural (uso anterior) a semi-urbano (uso presente y futuro).

Impactos negativos: los principales son la presión sobre las zonas de cultivos y áreas naturales puesto que la construcción de vivienda impide la conectividad ecológica de áreas de bosque y vegetación de ribera (fragmentación). Por otra parte, al presentarse el proceso de urbanización en el campo se incrementa la contaminación hídrica y la demanda de agua.

La construcción de vivienda en el valle no permite el establecimiento de un corredor ambiental entre dos parches de bosque.

Impacto positivo: introducción de paneles solares.

Paisaje industrial: fotos 5 y 6

Este sector secundario de Tona engloba 68 actividades, entre las cuales predominan las de transformación de metales (25 fábricas y más de 250 trabajadores) de muebles (18), textil y confección (13). Se caracteriza por su localización compacta en una zona específica y bien definida del municipio. Destacan sus instalaciones, con naves industriales de pequeña a gran dimensión en las que se albergan actividades logísticas, técnicas o simplemente fabriles - entre otras. La clusterización industrial ha permitido una gestión empresarial y ambiental más eficiente en razón de la disminución de los costos de operación y de procesos de tratamientos técnicos para reducir los impactos ambientales asociados a contaminación atmosférica, hídrica, de residuos sólidos e industriales (generación de residuos de lubricantes y combustibles de maquinaria, equipos, transporte; estériles y escombros; químicos para la agroindustria), etc.

Impacto negativo: aporte leve a la contaminación atmosférica por fuentes fijas.

Impacto positivo: se reconoce la organización espacial de la zona o polígono industrial con un diseño urbano sostenible (áreas verdes) y usos de tecnología de minimización de impactos ambientales (filtros para contaminación atmosférica, depuradora de agua, etc.). La tendencia de producción de residuos industriales es negativa.

Paisaje de corredor fluvial y vegetación de ribera: fotos 7 y 8

Los ecosistemas de ribera tienen un alto valor ecológico, no obstante se encuentran en retroceso debido a la tala, la deforestación y la presión urbanística y agropecuaria. En las franjas de ribera próximas a las fuentes hídricas predominan especies vegetales como olmos (Ulmus minor), álamos (Populus alba), pollancres (Populus nigra), sauces de tierra baja (Salix alba), etc. (Ajuntament de Tona, 2007).

Impactos negativos: se presenta la fragmentación de las franjas de protección de fuentes hídricas, la pérdida de la biodiversidad endémica de estos hábitats mediterráneos y la sustitución por especias exóticas o introducidas. Un ejemplo es que la vegetación de ribera estaba constituido originalmente por alisos (Alnus glutionsa) que seguían casi la totalidad del curso fluvial de Torrens de Segalers. Ahora, a partir de la tala han venido desapareciendo estos ambientes riparios e incluso, han sido sustituidos por plantaciones regulares de árboles alóctonos y exóticos como los chopos o pollancres (Populus nigra y P. deltoides) y por otras especies espontáneas (Ajuntament de Tona, 2007).

Paisaje de bosque nativo o natural : fotos 9 y 10

Unidad de paisaje que se localiza en torno a los 640 y 740 msnm. El bosque dominante en superficie ocupada es el robledal, especie caducifolia que está compuesta por Quercus humilis y Quercus cerrioides, asociados a Pinus sylvestris (Les Pinedes de Pi Roig) y en menor proporción a los parches de pineras de Pi Pinyoner y de Pi Blanc (Ajuntament de Tona, 2007: 32). Cerca de 300 hectáreas de bosque están protegidos y siendo recuperados.

Impactos negativos: es una unidad de paisaje que se encuentra en estado de conservación pero tiene riesgos asociados a la ocurrencia de amenazas de incendios, tala y erosión. Se presenta una inadecuada disposición de residuos sólidos por actividades de turismo, como por ejemplo, el Turó del Serrat del Castell.

Impacto positivo: este paisaje de bosque nativo hace parte del sistema de parques naturales.

Paisaje de bosque plantado: fotos 11 y 12

Áreas artificializadas que denotan una intervención antrópica. Por tratarse de áreas discontinuas y dispersas, pueden caracterizarse como unidades que  establecen una presencia en forma de parches en la estructura paisajística. Están asociadas a un sotobosque de brezo blanco (Erica arbórea), marfull (Viburnum tinus), matorrales de bardissa (Rubus ulmifolius y otros) y pasturas secas de Mesobrimion, Plantigi aphyllanthetum, etc. (Ajuntament de Tona, 2007). Por demás, al ubicarse en áreas del piedemonte, son utilizadas para recreación y sirven como área de amortiguación, ya que estas plantaciones forestales de pinos (Pinus pinea y Pinus halapensis) y alzinares sirven también para evitar procesos erosivos en las pendientes más inclinadas.

Impacto negativo: homogenización de cobertura forestal (monocultivo).

Impacto positivo: disminución de la erosión. Conector de parches aislados de bosques secundarios. Corredor ambiental.

Paisaje de zonas de cultivos y sistemas agropecuarios: fotos 13 y 14

Los cultivos como unidad de paisaje son susceptibles a posibles cambios en los usos del suelo e inclusive en el tipo de cultivo. En términos generales, Tona ha tenido un sector agrícola importante con cultivos básicamente de cereales (trigo, cebada y avena) y en menor importancia de forrajes, leguminosas, patatas y hortalizas. La mayoría son tierras labradas, pero también existen algunas zonas de pasturas permanentes. Por otro lado, gran parte de los cultivos son de secano, y en menor cantidad, algunos de regadío. El tamaño de las explotaciones es variable, sin embargo predominan los de pequeñas extensiones. De acuerdo con los datos del último informe de sostenibilidad ambiental (2007), en el municipio se presentaban alrededor de 46 explotaciones porcícolas y ganaderas activas y 26 inactivas. Específicamente, la carga de número de cabezas es de 8.661 unidades, de las cuales el 75% son de cerdos.

Impactos negativos: contaminación de aguas subterráneas por nitratos, contaminación de suelos por purines.

Impacto positivo: las aguas tratadas no superan la capacidad de diseño de la depuradora.

Paisajes de transición

Están compuestos por las zonas que tienen características morfológicas cambiantes, en transición, y por consiguiente de media-baja definición. Esta unidad describe, por ejemplo, las áreas urbanas o periurbanas junto al piedemonte y los taludes boscosos del paisaje de montes de Tona, zonas donde el proceso de cambio es constante.

Las dinámicas de erosión provocan la disminución de la superficie donde el suelo está expuesto a la meteorización y se mitigan donde la vegetación ha podido desarrollarse. Destacan a la vista por sus formas moldeadas por el agua y sus tonalidades grisáceas o incluso blancas, las cárcavas, generadas por los procesos erosivos.

Impacto negativo: presión a los sistemas de cultivos por zonas urbanas e industriales.

Impactos positivos: coberturas vegetales en zonas con movimientos en masa o procesos erosivos (cárcavas). Zonas de amortiguación entre bosques plantados, naturales, suelo urbano y cultivos.

De manera complementaria, la descripción de los impactos ambientales se apoya en la metodología de análisis cualitativo de evaluación causa-efecto (calificación e integración) y los posibles tipos de manejo a seguir. Esta evaluación de impactos ambientales es necesaria para el desarrollo de cualquier tipo de intervención institucional en temas relacionados con la planificación del territorio, la gestión ambiental y la protección del paisaje.

Derivado de los análisis anteriores sobre los impactos ambientales causados por las diferentes actividades productivas y usos del suelo, se presentan seguidamente algunos elementos propios de un PGAM, en este caso descritos para el ayuntamiento de Tona. Por tanto, a modo de ejemplo se ilustran de manera sucinta dos programas de gestión ambiental para enfrentar los impactos objeto de atención prioritaria por sus altos valores, tal como se establecieron en la tabla 3.

4.3.1. Programa de gestión ambiental para la urbanización y usos del suelo

En cuanto a los impactos generados por la urbanización se deben adelantar una serie de proyectos prioritarios que conduzcan a minimizar los riesgos generados por la vulnerabilidad de algunas zonas residenciales a amenazas de inundación (impacto de 70/100). Por tanto, el principal objetivo de este programa de gestión ambiental es conocer y actuar con acciones preventivas y correctivas en las áreas del municipio frecuentemente inundadas y en las zonas donde existen condiciones de alto grado de afectación ante la probabilidad de los eventos naturales de crecidas torrenciales. Para ello es indispensable trazar en la hoja de ruta del municipio la compactación urbana y la redensificación residencial en áreas exentas de amenazas por inundación. En otros términos, es necesario ejecutar proyectos de renovación en sectores representativos de la ciudad y sin vulnerabilidad, por sobre la construcción de nuevos proyectos periurbanos.

De igual modo, se hace perentorio el desarrollo de sembradíos de pasturas y especies vegetales representativas de la cobertura original mediterránea que aporten al proceso de regeneración y sucesión natural en zonas que han sido afectadas por los procesos inherentes a la urbanización, la explotación agropecuaria y la consecuente fragmentación de coberturas arbóreas y bosques de galeria asociados a los drenajes. Sobre este último aspecto, es necesario delimitar y mantener franjas de protección a cada lado del cauce, de modo que sirvan  como corredores biológicos que conecten parches residuales de bosque y permitan la reconstrucción de hábitats a especies de flora y fauna de la zona. Con todo, este tipo de acciones de gestión ambiental posibilitarían la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas –EIN en el espacio municipal.

4.3.1. Programa de manejo integral de residuos y de recursos hídricos

En cuanto al manejo de residuos sólidos, es recomendable continuar con la transferencia de tecnologías limpias en la industria y las estrategias de reducción y manejo de residuos dentro de los planes de gestión ambiental empresarial. Asimismo, se deben reutilizar los escombros de la construcción de vías, etc.

Entre los objetivos orientados a la disminución de la contaminación hídrica por purines (impacto de 70/100), sobresale la reducción de la concentración de nitratos en el agua. Para tal propósito se demanda del diseño y operación de un sistema de puntos de control y monitoreo de la cantidad generada de purines, su tratamiento y disposición. A la vez, se requiere de la protección de las microcuencas locales como reservas de agua para consumo humano, de modo que se pueda garantizar la calidad del agua y los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Congost y Ter y los afluentes destinados al abastecimiento público de agua. Este objetivo se podrá lograr a través de la evaluación de los impactos sobre las cuencas abastecedoras y el análisis ambiental de las actividades generadoras de impactos al igual que de la formulación y aplicación de planes de manejo ambiental.

Otro aspecto a promover es la conservación y aprovechamiento sustentable de las aguas subterráneas. En este programa es trascendental evaluar y planificar el uso racional de los acuíferos localizados en áreas urbanas, periurbanas y rurales, clasificando estas reservas hídricas según criterios de accesibilidad y sustentabilidad. Por último, un proyecto constante es la racionalización del consumo de agua, así se deben implementar procesos educativos para sensibilizar sobre el consumo racional, haciendo uso de los mecanismos que brinda la educación ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Con la propuesta del PGAM se expone una metodología básica y de fácil aplicación que contempla como métodos de identificación de los problemas territoriales de orden socio-natural, el análisis de las unidades del paisaje y la EIA. En efecto, los estudios del paisaje permiten detectar, localizar y describir de manera simplificada los tipos de impactos presentes en un territorio. A la par, la EIA posibilita valorar los niveles de impacto y priorizar los programas y acciones de corrección, mitigación, prevención, seguimiento y monitoreo a adelantar para disminuir los efectos ambientales del uso del suelo y las actividades productivas.

De igual forma, cabe subrayar la importancia que posee el paisaje como una categoría de análisis que integra aspectos de orden biofísico o la realidad ecológica de un territorio, junto a las características productivas y culturales que moldean, transforman y configuran socialmente al espacio. Precisamente, la comprensión que se tiene en la actualidad sobre la capacidad de síntesis del estudio del paisaje ha generado un creciente interés por su aplicación en los diagnósticos socio-naturales y los procesos de planificación espacial, en tanto facilita el tratamiento de temáticas relativas a la metamorfosis del hábitat natural y antrópico, los problemas y conflictos ambientales, la sustentabilidad, entre otros aspectos.

Así, ante el renacer del paisaje como objeto científico y variable fundamental en los estudios territoriales, se ha revalorizado incluso su larga, fértil y prolífica historia en la reflexión sobre la mutación diacrónica de los espacios locales, pasando desde acercamientos hermenéuticos al tratar elementos subjetivos de representación, hasta aproximaciones empírico analíticas, propias de las ciencias físicas, naturales y ambientales. Esta riqueza analítica es la que ha permitido que se incorpore al paisaje en los métodos de investigación, las herramientas técnicas y las propuestas alternativas de uso, manejo y gestión del territorio. Ciertamente, estos aspectos han repercutido en que en la agenda técnico-política europea se incluya al paisaje dentro de las leyes de ordenación del territorio, con lo cual se establecen planes de gestión ambiental, zonificaciones de uso del suelo, la catalogación y conservación de los elementos estructurantes del territorio, etc.

Para terminar, este artículo ofrece un marco conceptual, metodologías y un esquema analítico y procedimental de fácil aplicación en diversos ámbitos geográficos, a partir del cual se podrán proponer investigaciones y caracterizaciones territoriales que sirvan de insumo para el desarrollo de propuestas de ordenación del territorio, desarrollo endógeno, gestión del turismo, y en general, de procesos de planificación participativa y comunitaria, como se requiere para seguir avanzando, por ejemplo, en la apuesta de integración regional denominada “paisaje cultural cafetero”, que se proyecta hacia el futuro sobre las bases firmes del reconocimiento de una historia identitaria consolidada por el trasegar humano desde el siglo XIX entre las montañas andinas, los piedemontes y los sistemas de lomeríos y colinas del centro occidente colombiano.

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1.       Artículo resultado de una actividad académica desarrollada en el marco del Máster Oficial Europeo en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona.

2.      Doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, UB. Docente del Departamento de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Miembro del grupo de investigación Territorialidades. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0001-5901-216X

3.    Geógrafa, Universidade Federal do Paraná, Brasil-UFPR. Magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, Universidad de Barcelona, UB. Ex directora del Departamento de Investigación y Monitoreo Ambiental – Recursos Hídricos y Saneamiento de la Secretaria de Medio Ambiente de la ciudad de Curitiba, Brasil. Consultora Internacional de Medio Ambiente. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0003-1814-7898

4.      Como lo indica el abogado español Íñigo Sanz Rubiales (2000: 171, 175, 184), en la historia del derecho ambiental la primera norma previsora de una evaluación de impacto de determinados proyectos e infraestructuras fue la norteamericana National Enviromental Policy Act (NEPA), de 1969, que entró en vigor el primero de enero de 1970, y constituye una manifestación importante de la nueva política ambiental, frente a la insatisfactoria experiencia de la protección sectorizada del medio ambiente. Esta técnica –que exigía la intervención de la Agencia de Protección del Medio Ambiente- llamó la atención de algunas organizaciones de ámbito internacional, que empezaron a recomendar su aplicación, ya en los años setenta. En el caso español, la regulación sobre la EIA se ha desarrollado mediante el Real Decreto Legislativo 1302/1986, norma emanada del Gobierno en virtud de una delegación legislativa, y por ello, con plena fuerza de Ley. Además en España, las comunidades autónomas, con competencias legislativas de desarrollo en esta materia pueden jugar –y de hecho, vienen jugando- un papel importantísimo en la defensa ambiental, a través de una política específica. 

5.    Los análisis espaciales pueden ser tratados desde el método de las unidades del paisaje, las cuales se ubican en una imagen, bien sea un mapa, una fotografía, etc.

6.    Desde este enfoque se entiende por externalidad al área del espacio, como elemento físico (biosfera), que permite visualizar la expresión o configuración de las características de una determinada sociedad.

7.    Esta teoría parte del análisis realizado por Bertalanffy como biólogo, sustentando que “un organismo debe ser estudiado como sistema formado por múltiples partes relacionadas entre sí”; en contraposición a la actitud seguida por la biología y las ciencias en general de descomponer el objeto de estudio en tantos elementos como fuera posible para entender su compleja realidad. Representa un esfuerzo para generalizar ideas, procesos y relaciones funcionales en cualquier sistema de objetos o ideas interrelacionados, para trabajar con analogías de una disciplina a otra y construir una doctrina científica de la totalidad.

8.    Sochava V.B. L’Etude des géosysthemes. Stade actuel de la Géographie physique complexe. Izvestija Akademii Nauk SSSR, Serija Geografisceskaja, 1972, n0. 3, p. 18-21. (Traducción al francés por CL Rondeau, C.N.R.S. Centre de Documentation et cartographie geógraphique. París). Este concepto fue utilizado en inglés en 1967 por el geógrafo Stoddart y en alemán en 1969 por Neef. A partir de estas fechas se trata ya de un término científico utilizado por todos los especialistas de la ciencia del paisaje. Citado por: de Bolós i Capdevila, María. 1992. p. 36.

9.       Catálogos del paisaje. Recuperado de:  Link

10. Institución integrada por 311 municipios y que tiene como función coordinar los servicios municipales y organizar los servicios públicos de carácter supramunicipal (Diputació de Barcelona, s.f).

11.   Esta entidad tiene por objeto la gestión de servicios supramunicipales y la modernización de la administración local de 51 ayuntamientos (Consell Comarcal d’Osona, s.f).

12.   Con relación a la red principal de carreteras, atraviesa el núcleo urbano la carretera C-17, eje Barcelona-Vic-Ripoll, que pasa por el este de Tona. Por el oeste la atraviesa la N-141c, carretera que une Manresa con Vic. Se encuentra también en el municipio una serie de carreteras secundarias como son la BV-5303, la carretera de Collsuspina.

13.   El catálogo del paisaje es producto de una elaboración propia con base en información suministrada por  la Diputación de Barcelona (s.f) y el Ajuntament de Tona (2003) y (2007: 9-11). 

Para citar este artículo: Rivera Pabón, J.A. y Senna, D.C. Análisis de unidades de paisaje y evaluación de impacto ambiental como herramientas para la gestión ambiental municipal. Caso de aplicación: Municipio de Tona, España. Revista Luna Azul, 45, 171-200.  DOI: 10.17151/luaz.2017.45.10

ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA ZONA TERRESTRE DE UN HUMEDAL URBANO EN BOGOTÁ (COLOMBIA)

Alba-Luz González-Pinto¹

Recibido el 14 de abril de 2016, aprobado el 15 de noviembre de 2016 y actualizado el 21 de julio de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2017.45.11

RESUMEN

En el humedal El Burro ubicado en la ciudad de Bogotá (Colombia), se describió la estructura y diversidad florística de la zona terrestre, para el establecimiento de estrategias de restauración ecológica. Utilizando un muestreo estratificado, se realizaron 15 parcelas de 200 m2 para plantas leñosas con DAP ≥ 1 cm y para herbáceas se siguió el método de cuadrante de 1 m2, con un total de 61 unidades de muestreo. Se identificaron las unidades de vegetación de pastizal y vegetación arbórea y arbustiva mixta, en las cuales se registraron 51 especies incluidas en 45 géneros y 30 familias. El pastizal se encuentra dominado por la especie introducida Pennisetum clandestinum, con presencia de individuos arbustivos y arbóreos de Baccharis bogotensis, Acacia melanoxylon, Acacia decurrens y Salix humboldtiana, entre otras. La unidad de vegetación arbórea y arbustiva mixta se caracteriza por la presencia de las especies Caesalpinia spinosa, Cotoneaster pannosus, A. decurrens, A. melanoxylon y Pittosporum undulatum. La evaluación de las condiciones actuales del ecosistema permitió evidenciar que aun cuando en las dos unidades de vegetación se observa la presencia de especies vegetales nativas en estado de desarrollo juvenil, se deben implementar estrategias para superar la barrera que impone el pastizal con respecto al destino de las semillas y la sobrevivencia de plántulas, que permitan acelerar la regeneración de estos ecosistemas.

PALABRAS CLAVE

Área protegida, barreras restauración, pastizal, vegetación arbórea, arbustiva mixta.

 STRUCTURE FLORISTIC AND DIVERSITY OF THE TERRESTRIAL AREA OF A URBAN WETLAND IN BOGOTA (COLOMBIA)

ABSTRACT

In El Burro wetland, located in the city of Bogota (Colombia), the floristic structure and diversity of the terrestrial area were described for establishing ecological restoration strategies. Using a stratified sampling, fifteen 200 m2 plots for woody plants with DBH ≥ 1 cm and for herbaceous plants were made following the 1 m2 quadrant method with a total of 61 sample units. Vegetation grassland and tree and shrub vegetation mixed units were identified, from which 51 species included in 45 genera and 30 families were recorded. The pasture is dominated by the exotic Pennisetum clandestinum species, with the presence of shrubby and arboreal individuals of Baccharis bogotensis, Acacia melanoxylon, Acacia decurrens and Salix humboldtiana, among others. The arboreal vegetation and mixed tree and shrub unit is characterized by the presence of Caesalpinia spinosa, Cotoneaster pannosus, A. decurrens, A. melanoxylon and Pittosporum undulatum. The assessment of current conditions of the ecosystem showed that, even though in the two units of vegetation the presence of native plant species in juvenile development is observed,  strategies must be implemented to overcome barrier imposed by the pasture with respect to the destination of seeds and seedling survival which allow accelerating the regeneration of these ecosystems.

KEY WORDS

Protected area, restoration barriers, pasture, arboreal vegetation, mixed shrub.

INTRODUCCIÓN

La restauración ecológica de áreas protegidas se realiza con el fin de restablecer su integridad ecológica y la de sus alrededores mediante la recuperación de los procesos ecológicos clave, la reducción de la influencia de especies invasoras, el restablecimiento de la hidrología natural o de otras condiciones físicas y químicas que soportan la estructura y función de los ecosistemas, el mantenimiento o recuperación de las especies nativas y hábitat degradados o perdidos, que ayuden a mitigar el cambio climático mediante el almacenamiento y secuestro de carbono, así como proteger y aumentar sus servicios ecosistémicos (Keenleyside et al., 2012).

Los humedales urbanos requieren especial atención para su conservación y recuperación, ya que son componentes estructurales en paisajes urbanos y constituyen conexiones claves para procesos ecológicos que se desarrollan en las ciudades (Vásquez, 2016). Además, estas áreas urbanas son relevantes por los servicios ecosistémicos que ofrecen y su contribución al bienestar humano, asociados con el aporte a la diversidad biológica, filtración de aire, regulación del microclima, reducción del ruido, evacuación de aguas pluviales, tratamiento de aguas residuales, recreación, valores culturales y estética del paisaje (Bolund & Hunhammar, 1999; Kusch et al., 2008; RAMSAR, 2012).

Actualmente en Bogotá, se cuenta con quince humedales urbanos declarados como áreas protegidas de orden distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004), que se constituyen como elementos importantes dentro de la estructura ecológica principal y regional, en los que es vital continuar con la rehabilitación de sus funciones ecológicas relacionadas con los servicios ambientales que prestan al entorno urbano (Vargas et al., 2012). Dentro de estos servicios resaltan la regulación del microclima local y de los caudales hídricos, la fijación de nitrógeno y carbono, la provisión de sumideros de nutrientes y agentes tóxicos y la descomposición de la materia orgánica (van der Hammen et al., 2008).

Dentro de los humedales urbanos de Bogotá, el humedal El Burro es estratégico por su ubicación, pues al encontrarse en uno de los sectores más secos de la ciudad, es fundamental su función como regulador ambiental, hídrico y de humedad relativa (DAMA, 2006). Este humedal sufrió diversas transformaciones y disminuyó su área en los últimos sesenta años, pasando de 171,5 ha a 18,8 ha actualmente (INGETEC, 2007). Los principales factores de pérdida y alteración se asocian a los procesos de relleno para urbanización, la disposición inadecuada de escombros y basuras, la fragmentación del área del humedal para la construcción de una vía principal, la disminución de caudales afluentes al humedal, el vertimiento de aguas de conexiones erradas que provienen de las áreas urbanizadas cercanas; así como actividades de pastoreo a los que han sido sometidos los terrenos periféricos del humedal durante muchos años y su consecuente terrización, colmatación y presencia de especies invasoras (INGETEC, 2007) y colonizadoras agresivas.

Ante la situación de degradación de este humedal, desde la década de los 90 se han iniciado acciones de protección, recuperación y educación ambiental, que ha contado con apoyo financiero de entidades privadas y del Estado, con aportes de la comunidad científica y universitaria mediante el desarrollo de proyectos de investigación y una fuerte participación comunitaria (van der Hammen et al., 2008). Sin embargo, es importante el desarrollo de procesos de restauración ecológica que ayuden a superar los tensionantes o barreras que impiden su regeneración. Una fase inicial de este proceso consiste en la evaluación del estado actual del ecosistema, que permita dar paso a la comprensión entre los factores de alteración y los atributos del ecosistema, y precisar posteriormente los objetivos de restauración (Vargas, 2011; Vargas et al., 2012). Esta línea base incluye entre otros aspectos, la descripción de los aspectos importantes de la biodiversidad como la composición de especies y la estructura de la comunidad (SER, 2004).

Los humedales urbanos del distrito capital cuentan con los estudios de vegetación de Hernández-R. y Rangel-Ch. (2009) en el humedal Jaboque y las caracterizaciones de la cobertura vegetal como parte de los puntos de referencia para la formulación de los planes de manejo ambiental (PMA) de los humedales Jaboque (ADESSA y EAB, 2006), Torca-Guaymaral (Guillot y González, 2007a), Córdoba (Guillot y González, 2007b),Tibanica (Hernández y Nates, 2007), El Burro (Guillot y González, 2008), La Vaca (PUJ y EAB, 2009a), Techo (PUJ y EAB, 2009b), Capellanía (CI Colombia y EAB, 2010a), Juan Amarillo (CI Colombia y EAB, 2010b) y La Conejera (FHLC y EAB, 2012).

El objetivo general de este estudio fue caracterizar la zona terrestre o franja de terreno no inundable (DAMA, 2006) del humedal El Burro, con base en la descripción de su composición y estructura florística. Se busca contribuir con información que sirva de base para definir las estrategias de restauración ecológica, que permitan acelerar el restablecimiento del ecosistema.

MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se realizó en El Burro, un humedal andino de planicie de origen fluviolacustre, que se caracteriza por estar ubicado en la sabana de Bogotá (Colombia), por debajo de los 2.700 msnm, con un espejo múltiple y áreas inundables morfométricamente no uniformes (DAMA, 2006). Se localiza en la localidad de Kennedy, entre los 4°38’33’’ N y 74°9’1’’ W (Figura 1). Tiene una extensión de 18,8 ha (González, 2008) y se encuentra fraccionado en dos partes por una vía principal (Avenida Ciudad de Cali); una noroccidental y otra suroriental, cerca de urbanizaciones, bodegas y depósitos de maquinaria pesada (INGETEC, 2007).

El humedal se encuentra ubicado en una zona relativamente seca del suroccidente de la ciudad, con un volumen de precipitación anual promedio de 564 mm y, un régimen de precipitación bimodal con periodos lluviosos entre abril-mayo y octubre-noviembre; la temperatura media mensual de 14,7°C; la humedad relativa media anual es de 80%; la evaporación presenta un valor total anual de 1.066 mm y la velocidad del viento tiene un valor promedio de 2,3 m/s (Chenut, 2008).

Teniendo en cuenta la compatibilidad entre la vegetación nativa de la sabana de Bogotá y el área en el que se ubica el humedal, se toma como referente para la franja terrestre las coberturas vegetales de bosques y matorrales de zonas inundables que se originaron producto de la erodación del río Bogotá y sus afluentes en el sedimento de la laguna de la sabana, y los bosques de planicie no inundable (van der Hammen et al., 2008).

De acuerdo con los inventarios realizados por van der Hammen (1998), en el bosque de zona inundable la especie dominante es Alnus acuminata, acompañada de Acinodendron reclinatum, Ageratina fastigiata, Cestrum buxifolium, Prunus serotina, Baccharis revoluta, Ludwigia peruviana y varias hierbas higrófilas; en el bosque de planicie no inundable domina Ilex kunthiana y Vallea stipularis, y son muy abundantes Myrcianthes leucoxyla, Symplocos theiformis, Prunus serotina, Alnus acuminata, Smallanthus pyramidalis y Baccharis latifolia.

Definición de unidades de vegetación

El método de análisis visual, mediante el empleo de criterios de interpretación como tono, textura, color y forma, garantiza un nivel de precisión suficiente para la definición de clases de cobertura (Erencin, 2000; Jayakumar et al., 2002; Aldana y Bosque, 2008). En el presente estudio, las unidades vegetales se obtuvieron mediante digitalización en pantalla sobre imágenes satelitales Digital Globe® de febrero del 2014, disponibles para aplicaciones online del software Google Earth® v. 7.1.2.2041, utilizando como guía los datos de campo para la identificación de los límites entre las unidades. Los polígonos capturados fueron posteriormente procesados y analizados mediante el software ArcGIS® v. 10.1.

Composición y estructura florística

El estudio se llevó a cabo en el primer semestre del 2014. La vegetación de la zona terrestre se caracterizó usando un muestreo aleatorio estratificado. Para el muestreo del estrato arbóreo y arbustivo, se utilizaron 15 parcelas de 200 m² (50 x 4 m), de las cuales 10 fueron ubicadas en la unidad de vegetación de pastizal y las 5 restantes en la vegetación arbórea y arbustiva mixta. Para todos los individuos con una altura superior a 1 m y DAP > 1 cm, se registraron los datos de altura (h), diámetro a la altura del pecho (DAP) y dos diámetros de cobertura midiendo los dos ejes principales de la copa del individuo (Castellanos-Castro y Bonilla, 2011). Para la vegetación herbácea se utilizaron 61 cuadrantes de 1 m² (44 en el pastizal y 17 en la vegetación arbórea y arbustiva mixta), ubicados aleatoriamente, donde se registró la presencia y la cobertura de todos los individuos vegetales con una altura menor a 1 m. Todos los individuos fueron identificados taxonómicamente y los ejemplares de las especies colectadas fueron depositados en el Herbario del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, bajo la serie de numeración de la autora (ALG).

Análisis de datos

En las unidades de vegetación, la diversidad se analizó con los índices de diversidad de Simpson (1-D) y Shannon-Wiener (H’), de equitatividad (J) y α de Fisher (Magurran, 2004). Para determinar diferencias en los índices de Simpson y Shannon-Wiener entre las unidades de vegetación, se realizó la prueba t de Hutcheson (P = 0,05) (Magurran, 2004).

A partir de la información de las parcelas de 200 m², se calcularon los parámetros estructurales utilizando los métodos propuestos por Rangel-Ch. y Velásquez (1997), para describir la densidad relativa; frecuencia relativa; área basal; cobertura, cuya área se calculó usando la fórmula de un óvalo (Prieto et al., 1995); e índice de valor de importancia – IVI, usando los valores relativos de frecuencia, densidad y área basal. Con la información de los cuadrantes de 1 m² se calculó la frecuencia relativa, definida como el número de cuadrantes donde aparece la especie, en relación con el número total de cuadrantes muestreados. La información registrada fue digitalizada y procesada en los programas Excel® y Past® versión 3.10 (Hammer, 2015).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición florística

En la zona terrestre del humedal El Burro se identificaron dos unidades de vegetación que presentan una fisionomía propia. Un pastizal con un cubrimiento del 88% del área total, que contiene una leve cobertura de árboles y arbustos distribuidos de forma dispersa y una unidad de vegetación arbórea y arbustiva mixta, con una superficie del 12% (Figura 2).

La evaluación del estado actual de la zona terrestre del humedal El Burro, como fase inicial del proceso de restauración ecológica, permitió la identificación de 51 especies, incluidas en 30 familias, de las cuales 28 corresponden a especies nativas (Anexo 1).

Con respecto a la caracterización diagnóstica del PMA del humedal (Guillot & González, 2008), se evidenció un incremento de 39 especies. De estas especies, las que tienen hábito arbustivo y arbóreo hacen parte de los procesos de restablecimiento de las coberturas vegetales adelantados por las ONG y la comunidad aledaña, en las zonas terrestre y de ronda (INGETEC, 2007).

El 43% de la riqueza total de especies registradas pertenecen a Fabaceae (8), Asteraceae (7), Rosaceae (3), Solanaceae (3) y Verbenaceae (3). Estas familias también registraron el mayor número de géneros (Tabla 1).

En el pastizal la familia Fabaceae agrupó el 19% de las especies, seguida de Asteraceae (16%), Rosaceae y Verbenaceae (7% cada una). En la vegetación arbórea y arbustiva mixta, las familias con mayor porcentaje de especies fueron Fabaceae (20%), Rosaceae y Salicaceae (las dos con 10%).

Las familias más abundantes corresponden a Fabaceae y Asteraceae, esta última característica de ecosistemas perturbados (López et al., 2015), lo cual coincide con otros estudios desarrollados en los humedales de Bogotá (ADESSA y EAB, 2006; Guillot y González, 2007a; Guillot y González, 2007b; Hernández y Nates, 2007; Guillot y González, 2008; PUJ y EAB, 2009a; PUJ y EAB, 2009b; CI Colombia y EAB, 2010a; CI Colombia y EAB, 2010b; FHLC y EAB, 2012; Azula, 2014; Zabaleta, 2014).

Diversidad

La unidad de vegetación con mayor diversidad arbórea y arbustiva la obtuvo el pastizal, determinada por los índices de Shannon-Wiener (2,56) y α de Fisher (7,99) (Tabla 2). Al comparar el pastizal y la vegetación arbórea y arbustiva mixta, se observó que la diversidad de especies, estimada mediante el índice de Shannon-Wiener, difiere significativamente (t262 (2) = 0,65, p<0,05).

La comparación de estos índices con los obtenidos por otros autores se dificulta, debido a las diferencias en los métodos y las zonas de muestreo dentro del humedal. Por lo anterior, es necesario establecer los elementos base y las condiciones bajo las cuales se deben calcular los índices, para que aspectos como zona y área de muestreo, hábito (arbóreo, arbustivo, herbáceo) y categorías de tamaño, que inciden en el resultado final permitan realizar comparaciones entre ecosistemas similares (Cantillo et al., 2004).

Estructura

Pastizal

En el pastizal se distinguen los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. En los primeros estratos la densidad promedio en parcelas fue de 20±13 individuos. El histograma que representa la estructura horizontal (Figura 3A), indica un cierto desequilibrio en la distribución de individuos en las clases diamétricas intermedias, y la mayor cantidad de individuos estuvo acumulada en la cuarta clase diamétrica (6,8-8,6 cm), representando el 32% del total registrado.

La mayor densidad relativa la registraron las especies A. melanoxylon (21%) y A. decurrens (19%). Estas especies fueron introducidas inicialmente en los humedales de Bogotá para alinderar las tierras y secar el cuerpo de agua (van der Hammen et al., 2008), y se caracterizan por tener un comportamiento invasor, que les permite establecerse rápidamente en un ambiente diferente al de su origen, lo que resulta en cambios en la estructura y la dinámica del ecosistema nativo (Hussain et al., 2011). Asimismo, se ha evidenciado que los cambios en las propiedades abióticas y bióticas del suelo, favorecen la germinación, el crecimiento y la capacidad competitiva de estas especies, lo que a su vez tiene consecuencias negativas sobre las especies vegetales nativas, reduciendo su crecimiento e impidiendo su establecimiento (Lorenzo y Rodríguez-Echeverría, 2015; Morris et al., 2011).

Las especies más frecuentes fueron Baccharis bogotensis (70%) y Alnus acuminata (40%). La mayoría de individuos de B. bogotensis han sido reintroducidos. Sin embargo, en la parte noroccidental del humedal se ha evidenciado la presencia de algunos individuos que han colonizado el área por regeneración natural, lo que puede estar relacionado con su gran capacidad de colonizar y su fácil adaptación, que contribuye a acelerar los procesos de sucesión en terrenos perturbados y sustratos empobrecidos (Hernández et al., 2012; Camacho y Mejía, 2011). En cuanto a la especie A. acuminata, propia de los ecosistemas de humedal (van der Hammen et al., 2008), su importancia radica en la capacidad de generar relaciones de simbiosis con ectomicorrizas fijadoras de nitrógeno, lo que le facilita colonizar suelos pobres (Mahecha, 2010).

En cuanto a la cobertura, los individuos de la cuarta clase diamétrica (6,8 - 8,6 cm), presentaron los valores más altos (Figura 3B). Las especies que se destacaron en cuanto a sus valores de cobertura relativa fueron A. melanoxylon (27%), Salix humboldtiana (26%) y A. decurrens (23%). La especie S. humboldtiana ha sido utilizada como colonizador en programas de recuperación (Giraldo et al., 2009), dada su característica de alcanzar tallas considerables en pocos años (González y Cadenazzi, 2015).

En las parcelas muestreadas, el promedio del área basal fue de 0,05±0,07 y del DAP de 4,0±2,2 cm. Los individuos de la cuarta clase diamétrica (6,8 - 8,6 cm), tuvieron el mayor aporte al valor de área basal (56%) (Figura 3C). Las especies con mayor valor promedio de DAP fueron Myrcianthes rhopaloides (8,9±0), que debido a su lento crecimiento y alta tasa de sobrevivencia le permite asegurar su persistencia (León et al., 2008), A. melanoxylon (7,6±0,8), A. decurrens (7,3±0,9) y S. humboldtiana (6,3±0,4). Las especies con mayor peso ecológico (IVI) fueron: B. bogotensis (32,7), A. melanoxylon  (26) y A. decurrens (23,3).

La altura promedio en el total de parcelas muestreadas fue de 3,6±2,8 m. Los individuos con diámetros entre 8,7 y 10,5 cm presentaron la mayor altura promedio con 9,5 m (Figura 3D). La especie con mayor altura promedio fue A. melanoxylon (10,4±1,6), seguida de S. humboldtiana (6,7±0,4), A. decurrens (4,6±0) y Smallanthus pyramidalis (3,2±0,1), especie pionera de vida corta que contribuye a la fertilidad del suelo debido al aporte de hojarasca (Pinzón, 2009).

En el estrato herbáceo la especie más frecuente fue P. clandestinum (98%), seguida de Juncus effusus (20%), Holcus lanatus (18%), Sonchus oleraceus (16%) y Senecio madagascariensis (14%). De acuerdo con el porcentaje de cobertura, sobresale la especie P. clandestinum (81%), que ha sido reportada como una especie dominante en los humedales de Bogotá al ocupar considerables áreas (Montenegro-S et al., 2006; Hernández-R. y Rangel, 2009; Bejarano y Bonilla, 2009; Rosselli & Stiles, 2012; Díaz-Espinosa et al., 2012) y en complejos de humedales en Cundinamarca y Risaralda (Rodríguez y Dueñes, 2015; Walteros, 2016).

A pesar de ser de hábito terrestre, P. clandestinum ha logrado colonizar la zona de transición y borde (Díaz-Espinosa et al., 2012) con alto grado de sedimentación y colmatación, llegando incluso a penetrar el interior del cuerpo de agua (Caro et al., 2012). Por lo anterior, se considera como la principal especie invasora de estos ecosistemas, cuyo comportamiento agresivo afecta el desarrollo de la vegetación natural en la interfase terrestre-acuática, disminuyendo la diversidad del área (van der Hammen et al., 2008) y cuya competencia se convierte en un factor decisivo en la sobrevivencia y desarrollo de plántulas nativas (Vargas et al., 2008).

Dentro de las especies nativas registradas, se encuentran herbáceas anemócoras como J. effusus y Verbena litoralis, esta última considerada potencialmente invasora en los humedales de Bogotá por la capacidad de formar parches (Vargas et al., 2012); la herbácea zoócora Physalis peruviana; árboles y arbustos anemócoros como A. acuminata, B. latifolia, S. pyramidalis, Vallea stipularis, B. bogotensisy Dodonaea viscosa; y árboles y arbustos zoócoros como Juglans neotropica, Morella parvifolia, Morella pubescens, Myrsine coriacea, Hesperomeles heterophylla, M. rhopaloides, Duranta mutisii, Xylosma spiculifera y Abatia parviflora.

En pastizales es común la utilización de acciones enfocadas a la formación de núcleos de dispersión por medio de la plantación y siembra de individuos de especies arbustivas y herbáceas atrayentes de animales dispersores y polinizadores, que al ser de ciclo corto sirven de alimento para los organismos descomponedores, reciclando la materia orgánica en el suelo (Reis et al., 2010; Vargas et al., 2012). Para Meli & Dirzo (2013), el sombreado de los individuos arbóreos y arbustivos nativos reintroducidos en pastizales abandonados, podría ser importante para competir con los pastos y facilitar la regeneración de especies tolerantes a la sombra. En bosques altoandinos de Colombia, la nucleación con especies como Lupinus bogotensis y Phytholacca bogotensis, ha demostrado que facilita el crecimiento y supervivencia de otras especies nativas (Gómez, 2011), y específicamente para el caso de L. bogotensis, al disminuir la intensidad de luz tiene la capacidad de afectar la sobrevivencia de pastos invasores (Díaz et al., 2004).

Vegetación arbórea y arbustiva mixta

En esta unidad de vegetación se evidencian los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. En los primeros estratos, las parcelas muestreadas registraron una densidad promedio de 24±10 individuos. Las especies con alta densidad relativa fueron A. melanoxylon (25%); Cotoneaster pannosus (14%), que es una de las especies más comunes en Bogotá debido a su vistosidad y buena adaptación (Mahecha, 2010), cuyas bajas necesidades hídricas la hacen tolerante a las sequías (Sánchez de Lorenzo-Cáceres, 2008); Caesalpinia spinosa (13%), que se caracteriza por responder al déficit hídrico con una estrategia tolerante a la sequía, manteniendo bajos potenciales hídricos y elevada capacidad de recuperación de los mismos (Cordero, 2015); y D. viscosa (12%), que debido a la buena producción de hojarasca, es útil para la restitución de procesos ecosistémicos relacionados con la formación y retención de suelo (Martínez et al., 2006).

Las especies más frecuentes fueron A. melanoxylon (80%), A. decurrens y Pittosporum undulatum (60% cada una), esta última utilizada para la protección de cuerpos de agua, como refugio de pequeñas aves silvestres, alimento de entomofauna (Mahecha et al., 2012), y con propósitos ornamentales en los humedales; pero debido al alto reporte de invasión mundial, ha sido considerada como potencialmente invasora en estos ecosistemas (Díaz-Espinosa et al., 2012).

El patrón de distribución de individuos es equilibrado (Figura 4A), pues se muestra que existe una mayor densidad de individuos en la primera clase diamétrica (50%) y disminuye gradualmente a medida que las clases se van incrementando, confirmando que la mayoría corresponde a individuos en etapas tempranas de crecimiento y desarrollo. Los individuos de la segunda clase diamétrica (7,2-13,2 cm), presentaron los valores más altos de cobertura (Figura 4B) y los ubicados en la tercera clase diamétrica (13,3-19,3 cm), tuvieron el mayor aporte al valor total de área basal con 30% (Figura 4C). Las especies con mayor valor de cobertura relativa fueron C. spinosa (40%) y A. melanoxylon (20%).

El DAP de las especies muestreadas en promedio fue de 10,1±4,2 cm y las que registraron los valores más altos fueron F. soatensis (23,9±0), una especie utilizada como alimento para aves y para la conservación de aguas y suelo (Mahecha, 2010); Sambucus nigra (19,1±0), utilizada en reconstrucción de hábitats, teniendo en cuenta que sus frutos son muy apetecidos por la fauna silvestre (Pemán et al., 2013), pero que ha demostrado tener una alta capacidad invasiva porque transforma los hábitats de los humedales de Bogotá (Díaz-Espinosa et al., 2012); A. melanoxylon (16,9±6,6) y A. decurrens (14,9±11). Las especies más importantes estructuralmente de acuerdo con los valores de IVI fueron: A. melanoxylon (54,6), A. decurrens (27,4), P. undulatum (21,3), C. spinosa (19,9) y C. pannosus (18,2).

La altura promedio para las parcelas muestreadas fue de 7,2±2,8 cm. Los individuos con diámetros entre 25,5 y 31,5 cm presentaron la mayor altura promedio (14,2 m, figura 4D). Las especies con mayor altura promedio fueron S. nigra (14,3±0), A. melanoxylon (10,7±3,2), Ficus soatensis (10,2±0) y A. decurrens (10,2±6,3).

En el estrato herbáceo la especie más frecuente fue P. clandestinum (94%), seguida de Tradescantia fluminensis (24%) y Conium maculatum (12%). Las especies con mayor cobertura relativa fueron P. clandestinum (65%), seguida de T. fluminensis (17%).

En algunos cuadrantes muestreados se evidenció una capa de hojarasca formada por las especies A. decurrens y A. melanoxylon, que de acuerdo con algunos reportes donde se establece una lenta descomposición, puede conllevar a la acumulación de materia orgánica y alteración en los ciclos de carbono y nitrógeno (Lorenzo y Rodríguez-Echeverría, 2015; Castro-Díez et al., 2014; Liao et al., 2008). En áreas reforestadas con acacia en Bogotá, se ha recomendado la remoción de la capa de hojarasca que estas especies forman, con el fin de permitir el arribo de propágulos y generar microhábitats propicios para el establecimiento y colonización de diversas especies nativas (Solorza, 2012).

Dentro de las especies nativas identificadas, se encuentran los arbustos anemócoros B. bogotensis y D. viscosa, y los árboles y arbustos zoócoros D. mutisii, Myrcianthes leucoxyla, X. spiculifera, A. parviflora, C. buxifolium y L. lycioides; los cuales pueden llegar a facilitar la recuperación de las áreas de transición.

En el humedal, existe un potencial de restauración ecológica frente a la disponibilidad de especies vegetales nativas y la oferta de propágulos. Sin embargo, se requiere superar  la barrera que impone el pastizal, en relación con el destino de los propágulos (Vargas, 2011), teniendo en cuenta que impide la llegada de semillas de especies nativas al suelo (Holl et al., 2000) y afecta la sobrevivencia de las plántulas por la competencia por agua y nutrientes (Holl, 2002). Para superar esta barrera, es importante la implementación de varias acciones en el pastizal dominado por la especie P. clandestinum, que incluyan su erradicación manual, la competencia con especies nativas y la aplicación de tratamientos de sombra para lograr un control efectivo (Vargas, 2011; Vargas et al., 2012). Lo anterior aumentará la probabilidad de un cambio en el patrón sucesional y la facilitación de la recolonización por parte de especies nativas (León y Corredor-Velandia, 2007).

CONCLUSIONES

En el humedal El Burro se identificaron dos unidades de vegetación que albergan 51 especies vegetales. La primera unidad vegetal corresponde a un pastizal dominado por la especie introducida P. clandestinum, con presencia de individuos arbustivos y arbóreos de B. bogotensis, A. melanoxylon, A. decurrens y S. humboldtiana, entre otras. La segunda hace referencia a una unidad de vegetación arbórea y arbustiva mixta, que se caracteriza por la presencia de individuos de C. spinosa, C. pannosus, A. decurrens, A. melanoxylon y P. undulatum.

A partir de los resultados de este estudio, se puede establecer que aun cuando en el pastizal y en la vegetación arbórea y arbustiva mixta se registra la presencia de especies nativas en estado de desarrollo juvenil, se debe continuar con la implementación de técnicas de nucleación que involucren la reintroducción de individuos de especies nativas de hábito arbóreo, arbustivo y herbáceo como M.  leucoxyla, S. pyramidalis, Verbesina crassiramea, Viburnum triphyllum, D. viscosa, D. mutissi, X. spiculifera, L. bogotensis y P. bogotensis, entre otras.

Se debe buscar que las especies a reintroducir sean inductores de procesos de restauración ecológica, cuyas funciones estén asociadas a la oferta de alimento para la fauna, la recuperación de los suelos, la fijación de nitrógeno y el reciclaje de la materia orgánica. Asimismo, se requiere el control periódico de individuos de especies exóticas que puedan desarrollar un comportamiento invasor dentro del humedal como son A. decurrens, A. melanoxylon y P. undulatum.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis por la financiación y apoyo a la investigación, y al investigador Gustavo Morales del Jardín Botánico por su colaboración en la determinación taxonómica de algunas de las especies vegetales.

POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

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1. Bióloga. Especialista en Sistemas de Información Geográfica. Investigadora Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Bogotá, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID: 0000-0002-8889-8278

ANEXOS

Para citar este artículo: González-Pinto, A.L. (2017) Estructura y diversidad florística de la zona terrestre de un humedal urbano en Bogotá (Colombia). Revista Luna Azul, 45, 201-226. DOI: 10.17151/luaz.2017.45.11

ARQUITECTURA AMBIENTAL Y DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE A PARTIR DE MODELOS DE INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA, EN VARIOS MUNICIPIOS DE CALDAS, COLOMBIA

Óscar G. Ocampo-Cuervo¹

Myriam Salazar-Henao²

Ricardo Álvarez-León³

Recibido el 21 de noviembre de 2015, aprobado el 12 de octubre de 2016 y actualizado el 20 de julio de 2017

DOI: 10.17151/luaz.2017.45.9

Resumen

Con base en trabajos de carácter cualitativo y con enfoque de investigación acción participación IAP, se diseñó y se pusieron en funcionamiento varias obras arquitectónicas en Manizales, Marquetalia, Pácora, Pensilvania, Samaná y Chinchiná (Caldas), no solo de beneficio urbanístico, sino ambiental y social. Se logró que las comunidades se involucraran y participaran de manera integral a través de sus familias, lo cual garantizó la pertenencia y el cuidado posterior, logrando a su vez, muy buenas relaciones entre ellos y las diferentes entidades que apoyaron el proyecto. 

Palabras clave: reutilización de residuos sólidos (PET, plástico, escombros, llantas), acción, participación, desarrollo sostenible.

ENVIRONMENTAL ARCHITECTURE AND LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT FROM PARTICIPATORY INTERVENTION MODELS IN VARIOUS MUNICIPALITIES OF CALDAS, COLOMBIA

Abstract

Several architectural constructions, based on work of a qualitative nature and applying an action research approach IAP, were designed and put into operation in Manizales, Marquetalia, Pácora, Pensilvania, Samaná and Chinchiná (Caldas) not only for the urban benefit, but also for the environmental and social benefit. It was possible for communities to become involved and participate in a comprehensive manner through their families which guaranteed the sense of belonging and the subsequent care, achieving in turn very good relations between the community and the different entities that supported the project.

Key words

Solid waste reuse (PDT, plastic, debris, tires), action, participation, sustainable development.

INTRODUCCIÓN

El consumo desmesurado, la explotación exagerada de los recursos naturales y el beneficio como único criterio de un buen desarrollo económico, son insostenibles en el tiempo, ya que los recursos del planeta son limitados. Es por ello que se requiere buscar un desarrollo sostenible, que permita el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, compatible con una explotación racional de los recursos naturales, que busque satisfacer las necesidades de todos y no de unos pocos, que promueva el reciclaje o la reutilización, que restaure los ecosistemas intervenidos; promueva la autosuficiencia regional, la conservación de los recursos naturales y la participación de las comunidades como agentes dinamizadores de su cambio y desarrollo.

Desde la Constitución de 1991, el país ha buscado ser “un Estado social de derecho, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” (CPC, 1991, Título I, Art. 1), vinculando la sostenibilidad ambiental a este principio lógico “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” (CPC, 1991, Cap. 3, Art. 80) con políticas de planificación para los municipios enmarcadas en la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de 1997, tratando de buscar un ordenamiento territorial y unos planes locales de desarrollo, enfocados en proyectos acordes a las necesidades de la población.

Sin embargo, pasados más de veinte años del ejercicio de estos instrumentos, aún faltan instrumentos claros para llevar a la práctica estas políticas, cuyo valor agregado de sostenibilidad ambiental, participación ciudadana y sinergia institucional, sean la base fundamental para la planificación y el desarrollo sostenible de los proyectos locales y regionales, interés que subyace a la presente investigación.

Esta investigación partió de reconocer que pese a los esfuerzos por el desarrollo local basado en mejorar las condiciones de vida de la población y satisfacer las necesidades básicas, implementados por las últimas administraciones del municipio de Marquetalia, aún existen sectores de la población deprimidos, con problemas de infraestructura, económicos, sociales y ambientales como es el caso de barrio San Cayetano, el cual era uno de los lugares con el mayor índice de pobreza, con bajos niveles de habitabilidad, infraestructura y principalmente problemas sociales representados en conflictos entre vecinos, maltrato infantil, falta de condiciones para el sano esparcimiento de los niños y jóvenes, sumados a graves problemas ambientales por el inadecuado manejo de basuras en el sector.

Bajo esta concepción, se buscó una alternativa orientada a solucionar problemas paisajísticos y urbanísticos, y además a mejorar las condiciones sociales de la comunidad, centrada en trabajar temas como: convivencia ciudadana, equidad social y cuidado del medio ambiente; la cual se constituyó en una propuesta base de la presente investigación, para brindar evidencia empírica, desde la perspectiva de la acción-reflexión-participación, mediante la construcción de elementos arquitectónicos y su relación con líneas de acción y referentes desde desarrollo sostenible local, participación comunitaria, manejo de residuos y sinergia institucional, en el ámbito local.

Luego de terminado este proyecto investigativo, y cinco años después, se arrojaron varios resultados, no solo acerca de la sostenibilidad local, sino tambien, el aporte de esta iniciativa en todo el orden departamental y nacional, como estrategia de sostenibilidad ambiental y generadora de desarrollo.

JUSTIFICACIÓN

La participación de las comunidades en proyectos con características ambientales es considerada un aspecto de vital importancia en la actualidad, pues se reconocen ampliamente los beneficios que los procesos participativos tienen en el desarrollo local. Una comunidad bien informada sobre actuaciones ambientales, es una comunidad más receptiva a trabajar en equipo, en tanto que posibilita el fortalecimiento de convivencia y equidad, solidaridad, paz, y cuidado ambiental en un diálogo crítico, como condiciones requeridas para desenvolverse en un medio cada vez más individualista.

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. (Declaración de Río de Janeiro, 1992)

Sin embargo, existen aún limitantes en la promoción de la participación en procesos de planificación ambiental y desarrollo territorial en los gobiernos locales, debido posiblemente a la escasa sensibilización ciudadana, bajos índices de educación ambiental o simplemente falta de voluntad política para buscar mecanismos de participación en estos temas. Por tanto, se hace necesario entonces trascender este tipo de concepciones, posibilitando a través de procesos formativos, las herramientas para hacer de las comunidades, protagonistas en los cambios de los municipios, con criterios físicos, económicos, sociales y ambientales.

De acuerdo con el anterior planteamiento, la problemática que se incentiva en torno a la falta de elementos de planificación ambiental en la construcción de proyectos de desarrollo, en los que la participación ciudadana sea el piloto fundamental, tiene que ver con la falta de coherencia que se presenta entre los grandes propósitos con relación a la planeación y la participación en formación ambiental, que se materializan en políticas y programas que no dan cuenta de las realidades contextuales y locales, tales como la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la injusticia. A todo esto se suma la poca trascendencia que se da en el plano educativo y político a la participación ciudadana, a la democracia y a la ciudadanía. Es por ello que educar “debiera ser también pensar en el futuro y, en consecuencia, adelantarse a él para así formar personas aptas para controlar y mejorar su evolución” (Colom-Cañejas, 2000, 42-47).

Sobre la base de lo antes planteado, se desarrolló la propuesta de investigación en la que se construyó un proyecto arquitectónico participativo con residuos sólidos (PET, plástico, escombros, llantas) y sinergia institucional.

REFERENTE TEÓRICO

-Desarrollo Sostenible. La velocidad y magnitud del cambio global, la creciente conectividad de los sistemas sociales y naturales y la complejidad cada vez mayor de las sociedades y su impacto sobre los recursos naturales, ponen de manifiesto que el desarrollo sostenible debe enfocarse no solo a preservar y mantener la base ecológica del desarrollo y la habitabilidad, sino también a aumentar la capacidad social y ecológica de hacer frente al cambio, y la capacidad de conservar y ampliar las opciones disponibles para confrontar un mundo natural y social en constante cambio (Gallopín, 2003).

De esta manera, el concepto de desarrollo sostenible no implica que todo deba permanecer estático. El dilema está en qué se debe conservar y qué se debe cambiar; bajo esta concepción Gallopín (2003), propone que para avanzar hacia un desarrollo sostenible se necesita: eliminar las rigideces y obstáculos acumulados; identificar y proteger la base de conocimientos y experiencias acumuladas que son importantes, como los cimientos, para avanzar; sostener las bases sociales y naturales de adaptación y renovación; identificar y acrecentar la capacidad necesaria de renovación que se ha perdido; y estimar la innovación, la experimentación y la creatividad social.

Lo descrito propone que se debe ver el desarrollo sostenible no como una propiedad, sino como un proceso de diferentes cambios que permite la mejora del sistema de manera sostenible a través del tiempo.

Es posible que existan numerosos lineamentos en el mundo para afrontar los retos que implica un desarrollo sostenible, pero es a través de la cohesión social y la participación de las comunidades que se pueden forjar los mayores cambios en la forma de concebir y generar alternativas y lineamientos culturalmente apropiadas y localmente relevantes, que reflejen sus condiciones y necesidades de vida actual y futuras pertinentes para generar un desarrollo sostenible.

Kliksberg (1998) afirma que: “Para que el desarrollo sea sostenible, las personas de los países interesados deben ser los ‘dueños’ de sus políticas y programas de desarrollo”.

-Componentes del desarrollo sostenible. Es indispensable precisar que el nuevo modelo de desarrollo está encaminado a mantener y conservar el medio ambiente, a empoderar a las comunidades de su propio desarrollo, a la constitución de gobiernos pluralistas que faciliten la construcción de ideas colectivas y a la implementación de nuevas tecnologías limpias, procesos que permitirán generar actividades más compatibles con el medio ambiente, mediante la interacción de cuatro componentes esenciales como son: el medio ambiente, la economía, la tecnología y la sociedad.

Por su parte, Plata & Plata-Díaz (2009) integran el componente del medio ambiente al desarrollo sostenible como una forma de entender que, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, la proliferación de conflictos sociales armados y la crisis alimentaria, apuntan a la necesidad imperante del modelo de desarrollo que permita las ganancias económicas pero con equilibrio ambiental, siendo vital, la compatibilidad entre crecimiento económico, la protección ambiental y asegurar que el capital natural del planeta (recursos naturales) sean conservados y no agotados.

Rodríguez-Becerra & Espinosa-David (2002) creen que es factible producir una verdadera revolución en la forma cómo se organizan las comunidades o asentamientos urbanos desde las grandes ciudades hasta las poblaciones más pequeñas, que son las organizaciones sociales, con mayor impacto ambiental; y son a la vez, los escenarios donde se juega el destino de la calidad de vida de la mayor parte de los habitantes del mundo.

A partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 es cuando se pone de manifiesto, tanto en la Declaración de Río de Janeiro (1992) sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo como en el llamado Programa 21, la necesidad de promover una participación real de la sociedad para alcanzar un desarrollo sostenible. La solución de los problemas para que haya un desarrollo sostenible no sólo debe ser una política de las esferas administrativas, políticas y técnicas, sino también una tarea de todas las comunidades (Van Aelst & De Swert,  2009).

Hablar hoy de la participación hace referencia a una acción más amplia que el simple opinar, pues se considera como un acto de voluntad, de tomar decisiones y tomar posiciones, con relación a aquellos procesos de los cuales son protagonistas los ciudadanos integrantes de una comunidad, sociedad o colectivo.

Esta acción conjunta ha posibilitado unir el capital humano y la experiencia acumulada para lograr una mayor comprensión de los problemas, y con el concurso de todos los actores sociales involucrados, identificar caminos alternativos que les permitan superar la crisis y navegar hacia el futuro con mayor seguridad y mejores posibilidades de éxito.

Según Manzi & Rosas (1997), la participación es igualmente una construcción no sólo social sino también individual y tiene, por lo tanto, implicaciones políticas en los órdenes social e individual. En lo social entra en juego la práctica de la democracia; en lo individual, involucra dimensiones psicológicas que influyen en la formación de los valores éticos, morales y cívicos del ciudadano.

En Colombia, los procesos organizativos, comunitarios y sociales del país han estado inspirados por la CPC (1991), donde la participación aparece expresada como un principio fundamental. La Constitución se refiere, en términos más amplios, a la participación democrática como las diversas formas de participación de los ciudadanos –de manera individual o colectiva- en la esfera pública o en general en la vida colectiva (CPC, 1991, Arts., 41, 152, 318 y 342.) (Muñoz-Repiso et al., 1995).

Diversos factores han confluido para que se diera el carácter constitucional a la opción social de la participación en Colombia. Entre ellos, los grupos poblacionales en situación de marginalidad y vulnerabilidad (indígenas, jóvenes, mujeres, niños, desempleados, gentes de escasos recursos, entre otros), privados de los beneficios de la vida moderna, que enfrentan y ocasionan procesos de desestabilización del orden social. Es así como en la década de los sesenta, se hizo evidente que dichos sectores debían convertirse en agentes de transformación de la sociedad, en receptores de bienes y servicios que contribuyeran a la toma de decisiones para lograr su pleno desarrollo social. De ahí que se planteara la necesidad de diseñar mecanismos que los integrara a la vida social moderna y los adaptaran culturalmente al sistema de ocio vigente. Muchas organizaciones de diversa índole, gubernamentales, privadas y hasta eclesiales, desarrollaron en las décadas siguientes programas de promoción e integración popular que enfatizaban en la participación ciudadana en cuanto factor de inserción social (González-Cangas, 1995).

En tales programas la participación es entendida, primero, como un proceso que integra los grupos marginales a la sociedad, vinculándolos a la toma de decisiones, y segundo, como un medio para descargar paulatinamente al Estado de sus responsabilidades y delegarlas en organizaciones privadas o no gubernamentales. Según Cunill-Grau (1995), la transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en Latinoamérica hizo que la participación en Colombia adquiriera otras dimensiones.

La riqueza del trabajo en red estriba, entre otras, en la mirada colectiva para la comprensión y en la construcción conjunta de alternativas, teniendo en cuenta, como lo plantea Villasante (1998), que la acepción del término alternativa significa: Alter – otros y Nativa – nacida – “nacida con otros”, en donde la participación es condición sine qua non, por cuya sola presencia se genera confianza en una mayor potencia para adquirir resultados con mayor pertinencia social, más creativos y con mayores probabilidades de sostenibilidad.

De igual manera, estas redes tienen el potencial de aumentar la capacidad de organización autónoma de las comunidades e instituciones involucradas y también de romper con esquemas mentales preexistentes (del tipo pensamiento único), que conllevan el peligro de múltiples fenómenos que sesgan la realidad y distorsionan las intenciones que dan origen a las acciones.

La ruptura de tales esquemas permite a los implicados sacudirse de las rutinas y los miedos a los que conducen las crisis, para contrarrestar los efectos negativos  de los desequilibrios actuales y re-empoderarse en la fuerza protectora y proactiva de los colectivos, con el fin de trabajar en beneficio de unas condiciones humanas y sociales libres de carencias y sufrimientos. Al decir de Villasante (1998), no se trata solo de identificar qué es lo que se construye, sino ante todo desde dónde se construye y con qué sujetos podemos y debemos construir las  propuestas del mejor-vivir. Según este investigador, lo importante en la consolidación de estas redes, es que cada grupo o persona pueda reflexionar sobre su praxis y decidir por donde quiere seguir en la construcción de su ciudadanía y su mejor–vivir, pues, más que Estado, lo que se quiere es la emergencia de la sociedad.  En este sentido, las redes han sido vistas como una solución adecuada para administrar y realizar proyectos de interés público, en los que los recursos son escasos, los problemas son complejos y existen múltiples actores involucrados públicos y privados, centrales y locales, y una creciente demanda por los beneficios obtenidos y la participación ciudadana.

La estructura de la red es determinada por las formas de vinculación de los conjuntos de la misma, lo cual da origen a los elementos que permiten realizar el análisis de redes, es decir, el estudio de las estructuras reticulares y sus consecuencias en los diferentes sectores sociales (económico, político, social cultural, salud, comercio, entre otros), de aquí se derivan importantes teorías de interés en el campo de la acción colectiva (Salazar et al., 2006).

El análisis de redes puede ser una alternativa para los conflictos y problemas de conexión social entre los niveles micro y macro (institución educativa-sector educativo, junta de acción comunal, barrio). Afirma De Garrido (2001), que desde esta perspectiva, los vínculos establecidos entre estructuras sociales tienen efectos determinantes sobre los imaginarios, percepciones y prácticas de los sujetos comprometidos y embebidos en dichas estructuras; definen el cometido de una red social: intensidad relacional, referida a la cantidad de relaciones que tiene una red y que va a determinar el tamaño de la red; la posición del actor, su nivel de centralidad o intermediación; la accesibilidad y los grupos de equivalencia estructural.

Las relaciones fuertes son las que permiten vínculos sociales más compactos e integrados, propios de los llamados círculos sociales; las relaciones débiles forman redes sociales de baja consistencia, pero que sirven de puentes locales de conexión donde se integra un sistema fragmentado a otro. Por tanto, las relaciones establecidas no son solo simétricas o recíprocas, característica importante para tener en cuenta en la planificación de programas y en el desarrollo de proyectos sociales locales, regionales, institucionales, en los grupos que ocupan nuestra reflexión: los jóvenes, en las relaciones de autoridad y poder, y en la acción social. Dichas relaciones (fuertes o débiles) son determinantes en los grados de influencia sobre los actores sociales y sobre sus decisiones.

En cuanto a los actores sociales, De Garrido (2001) afirma que “en la organización y la acción colectiva local, se señala lo difícil que los individuos sin relaciones débiles se organicen e integren en un movimiento social, pues carecen de vinculaciones que vayan más allá de su círculo de relaciones fuertes”, comunidades religiosas, grupos juveniles, grupos políticos, grupos voluntarios, grupos religiosos.

Por tanto, un sistema social no privado de relaciones débiles, carece de fragmentación grupal, porque son las relaciones débiles las que ligan los diferentes pequeños grupos e integran sistemas sociales que de otro modo se hallarían subdivididos y desconectados  (Granovetter, 1978).

Desde esta mirada, se pueden conformar los colectivos sociales, configurar cultura ciudadana, prácticas sociales diversas e incluyentes y nuevos sentidos de vida desde la organización de redes complejas entre los diferentes sectores y organismos sociales. Siguiendo esta reflexión, las relaciones por interacción reticular son casi inexistentes aquí, privilegiando la jerarquización, los intereses particulares y los grupos de poder (que en el análisis de red forman relaciones fuertes). Lo anterior es contrario al espíritu de forjar políticas públicas de desarrollo y de planificación social desde la participación, desde los proyectos de los diferentes colectivos sociales a partir de las instituciones, las organizaciones y los grupos civiles y sociales y otras formas de participación de la sociedad civil no organizada.

De otro lado, se considera una condición necesaria de quienes lideran el  desarrollo social, la aptitud para desarrollar y aplicar un pensamiento sistémico y estratégico en la planificación del desarrollo social de una región o un país, que favorezca la gestión desde enfoques gerenciales y administrativos inter-disciplinares y el uso de las herramientas metodológicas y operativas con que se  puedan abordar los problemas complejos de estos tiempos y gestar la acción social desde territorios de innovación y de transformación.

Un enfoque reticular de redes sociales para abordar el capital social desde la asociatividad entre los nexos fuertes y débiles de los actores sociales puede ser una alternativa de recomposición social que gestione la planificación social desde los vínculos, es decir, desde las agrupaciones y colectivos donde circulen los intereses comunes y la reciprocidad, dándole vida a la asociatividad en las interacciones sociales.

La ciudadanía tiene que ver con la fortaleza del vínculo social. Y como aseguran muchos investigadores, la desafección política está vinculada a la debilidad del vínculo social. Por tanto, se ha sugerido que el fortalecimiento de la ciudadanía pasaría por un fortalecimiento de la vida social. En otras palabras, como afirma Lechner (2000):, “el vigor de la acción ciudadana en nuestros países parece depender no sólo (y no tanto) del ámbito de la política institucionalizada (sistema político), sino también de la vitalidad de la sociedad”. Sería, entonces, mediante el fortalecimiento de la vida social que podría impulsarse la democratización.

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

Según el problema de investigación, el presente estudio es de carácter cualitativo, con enfoque de investigación-acción-participación (IAP). Se entiende por IAP, como un proceso que se desarrolla por ciclos espirales de identificación de problemas, recolección de datos, reflexión sobre las experiencias vividas y obtenidas, análisis de la información, un plan de acciones concretas con base en los datos obtenidos, la evaluación de dichas acciones y, finamente, la redefinición del problema (Martínez, 2006).

El método IAP permite poner en práctica las soluciones desarrolladas producto de la participación activa y reflexionada de la comunidad, buscando cambiar su propia realidad desde la lectura que sus propios actores hacen a partir de la praxis cognoscitiva. Según Martínez (2006), se busca de forma concreta y activa ampliar el conocimiento sobre realidades sociales concretas y busca la solución de los problemas que aquejan a las comunidades; esto permite tener una participación activa de las mismas, ayudando a buscar soluciones a su propia realidad, aportando a la transformación de las situaciones  que afectan su desarrollo.

La participación permite la adecuación de las repuestas desde lo público a las necesidades y demandas de la comunidad, además busca anticiparse a ciertas necesidades demandadas por los ciudadanos antes de que éstas cristalicen en reivindicaciones que pueden producir respuestas apresuradas, escasamente planificadas y probablemente más costosas económicamente (Bru & Basagoiti,  2005).

La IAP permite ser una herramienta complementaria del trabajo profesional en el ámbito micro-local, como un barrio, distrito o municipio y contribuye a alcanzar el “objetivo último” de integrar a la comunidad y formar cohesión social (Bru & Basagoiti, 2005).

Balcázar (2003), afirma que la IAP tiene sus orígenes en el trabajo pionero de Kurt Lewin, quien en 1946 propuso inicialmente el nexo entre la investigación y la acción (IA), partiendo de las observaciones realizadas en las comunidades de los Estados Unidos, quienes tienen un espíritu de autoayuda para solucionar los problemas de los miembros de la comunidad. El método Lewin partía de la teoría psicosocial y proponía combinar teoría y práctica en la investigación-acción por medio del análisis del contexto, la categorización de las prioridades y la evaluación.

Años después, Fals-Borda et al. (1962) crean un centro de investigación-acción participativa y acción social, dando lugar a formulación de la investigación bajo esta metodología, la cual se ha utilizado hasta los tiempos actuales.

El método Fals Borda se basa en la inserción del investigador en la comunidad, el análisis de las condiciones históricas y la estructura social de la comunidad (Fals-Borda, 1985); inicialmente, la inserción se concibió como un paso que implicaba no sólo combinar las dos técnicas clásicas de observación (observación participante y de observación por experimentación):

Sin ir más allá para ganar una visión interior completa de las situaciones y procesos estudiados, y con miras a la acción presente y futura. Esto implica que el científico se involucre como agente dentro del proceso que estudia “porque ha tomado una posición a favor de determinadas alternativas, aprendiendo así no sólo de la observación que hace, sino del trabajo mismo que ejecuta con las personas con quienes se identifica.” (Fals-Borda, 1980)

De este modo, la inserción se percibe con una técnica de observación y análisis de los procesos y factores que incluye, en su diseño, la militancia dirigida a alcanzar algunas metas sociales, económicas y políticas.

Según Martínez (2006), uno de los aspectos que ayudó a los iniciadores de la IAP fueron los problemas existentes en los pueblos del tercer mundo, caracterizados por su dependencia, pobreza y explotación. Estas falencias unieron a grandes grupos sociológicos, filosóficos, antropólogos y teólogos a trabajar en lograr metodologías para solucionar esta problemática existente en las comunidades.

-Enfoques de la IAP. La investigación acción-participación implica desarrollar tres procesos indispensables los que define Martínez (2006) como:

1. Investigación: Involucra la utilización del método científico como una forma rigurosa de alcanzar los objetivos por medio de esta metodología.

2. Acción: El proceso no se limita a entender la realidad de la comunidad sino también a cambiarla. Algunos de los impulsadores de la IAP se refieren a esta acción con el término griego praxis (proceso de síntesis en teoría y práctica)

3. Participativa: La investigación no solo se desarrolla por el grupo profesional, sino con la participación activa de la comunidad involucrada en ella, razón por la cual la población objeto de la investigación debe ser capacitada y de esta manera se va generando en ella un nuevo empoderamiento. Los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios afectados.

-Fase de un proyecto IAP. Según Martínez (2006), las fases de un IAP están enmarcadas dentro de las siguientes actividades:

1. En primer lugar, la delimitación de unos objetivos a trabajar que responden a la detección de determinados síntomas (por ejemplo, déficits de infraestructuras, problemas de exclusión social, entre otros).

2. A esta etapa de concreción le siguen otras de "apertura" a todos los puntos de vista existentes en torno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico, recoger posibles propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que puedan servir de base para su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados.

3. Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de "cierre", en la que las propuestas se concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del proceso.

4. La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán nuevos síntomas y problemas, y en el que cabrá definir nuevos objetivos a abordar.

 -Participación comunitaria. La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia de lo colectivo de toda la comunidad sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de reflexiones críticas y promoción de formas asociativas para solucionar los mayores problemas que enfrentan las comunidades, generando así el empoderamiento de los procesos que son realizados por las instituciones públicas, permitiendo de esta forma un mayor impacto y transformación del entorno. Para el Banco Mundial, la participación es un proceso a través del cual grupos de interés influyen y comparten el control sobre iniciativas de desarrollo, decisiones y recursos que los afectan (Vázquez, 2003).

El concepto y la aplicación de la participación comunitaria fue introducida en los años 80, debido al fracaso internacional de los programas sociales que se consideraban democráticos; es así como se incluye este concepto como una forma de que las personas menos importantes de una sociedad participaran en la toma de decisiones (Narayan, 1994).

Hace varios años, la participación comunitaria en el desarrollo económico y social se veía como algo utópico; hoy en día se está transformando en un nuevo consenso. Muchas de las organizaciones internacionales están optando por la participación comunitaria como estrategia de acción en sus declaraciones, proyectos e incluso en algunos casos están institucionalizándolas como políticas oficiales (Kliksberg, 1998).

- Unidad de análisis y unidad de trabajo. Teniendo en cuenta que se trató de una propuesta de acción-participación de desarrollo local, permitió la incorporación de diferentes actores de la sociedad dentro del proceso, tanto en el municipio como en el departamento.

En lo espacial, el proyecto se llevó a cabo en el barrio San Cayetano de Marquetalia, Caldas, ubicado al suroccidente del municipio con un área aproximada de 30.000 m2; de igual manera se replicó en Pácora, Samaná, Pensilvania y Manizales.

Las personas beneficiadas y que participaron activamente del proyecto fueron 550; discriminándose por grupos etáreos así: 450 niños, niñas y adolescentes; 230 adultos y 305 adultos mayores; en relación al género, el 45% de los habitantes  eran hombres y 55% mujeres.

ACCIÓN TRANSFORMADORA QUE SE EVIDENCIA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL

-Participación comunitaria, convivencia ciudadana y manejo de residuos sólidos. Antes de iniciar el proyecto, San Cayetano era un barrio con grandes problemas de inseguridad, intolerancia, falta de cultura ciudadana, cuyo aspecto a simple vista reflejaba las condiciones y la forma de actuar de sus habitantes. Durante el proceso de construcción de la iniciativa se inició un cambio cultural significativo, la participación de todos los actores fue marcando una nueva forma de vida, hoy por hoy San Cayetano es un nuevo barrio, se puede percibir en sus habitantes el orgullo de vivir allí, los niños disfrutan de su parque a tan solo unos pasos de sus casas, las tertulias alrededor de muros construidos en botellas recicladas, calles limpias, y un paisaje cafetero maravilloso denotan los cambios en la conducta de la población.

Hoy las personas tienen una perspectiva diferente de su barrio y de sus procesos sociales, como se evidencia en los siguientes relatos:

“…Gracias al proyecto de botellas hoy nuestros hijos tienen un lugar donde divertirse cerca a nuestras casas y no tienen que ir lejos donde no les podemos poner cuidado” (Madre cabeza de hogar del barrio).

“…Estoy orgulloso de pertenecer a este barrio y más aún después de realizar todas éstas obras como la pavimentación, el alumbrado y el parque en botellas y además de todas las capacitaciones que nos dieron, eso nos hace sentir importantes para la administración porque se preocupan por nuestros problemas” (José del Carmen Quintero, líder del barrio).

“…Yo no sé nada de procesos sociales, pero sí estoy segura de que aquí cambiaron muchas cosas acerca de cómo vemos las cosas y de cómo participamos porque nuestra comunidad ha vuelto a creer y a saber que somos nosotros mismos los que cambiamos nuestra realidad con ayuda de todas las instituciones” (María Rubiela Bermúdez, habitante del barrio).

“…Me agrada salir a ver mi barrio pues ya se respira un aire más puro porque la gente ya tiene conciencia de no tirar basuras a las calles, y además, con estas calles tan bonitas y ese parque en botellas todos los habitantes queremos tener bonito este lugar” (Rubieliza Zuluaga, Enfermera y habitante del barrio).

La idea inicial de construir elementos arquitectónicos con residuos sólidos permitió consolidar una propuesta más ambiciosa de desarrollo sostenible (tecnología, economía, social, medio ambiente) que tuvo como sustento la participación comunitaria (los habitantes), de donde se empezó a construir un proceso que tenía como base los espacios de convivencia ciudadana, el cambio de malos hábitos, los procesos de empoderamiento, la participación comunitaria y las capacitaciones.

En este aspecto, una de las grandes fortalezas de esta investigación fue la vinculación de la comunidad en la formulación y ejecución del proyecto; niños, jóvenes, adultos y ancianos aportaron de forma decidida su trabajo, es gratificante ver las imágenes de las familias del barrio reunidas en sus calles llenando las botellas PET con tierra, y todos en sus casas guardando este material que más tarde se convertiría en su nuevo barrio. Sin exclusión alguna, todos aportaron su granito de arena y es así como actualmente cada uno cuida y protege el parque y todo su alrededor porque ha sido fruto de su esfuerzo y el apoyo decidido de todas las instituciones que participaron en este proyecto.

Al final, un mural marcado con manos de todos los tamaños es la muestra clara de equidad, igualdad de género e inclusión social, toda la comunidad firmó un pacto de unión por el barrio y por una nueva forma de vida en sociedad, en una sociedad de oportunidades.

-Participativo. Lo más gratificante de esta experiencia fue la participación de la comunidad en el proceso, niños, niñas, adultos y jóvenes unidos para construir sus escenarios de convivencia; proceso que asegura que lo que se construyó se mantenga en el tiempo, porque ello representa la unión de esfuerzo para tener lo que se necesitaba y quería.

-Convivencia. El trabajo en comunidad se convierte en pieza clave para la convivencia ciudadana; niños, jóvenes y adultos cambian sus condiciones de vida mejorando su entorno, “…si mi vecino está bien yo estoy bien” (relato del señor José Quintero, habitante del barrio San Cayetano); el acceso a servicios públicos sumado a espacios aptos para la recreación y el deporte se traducen en bienestar social, aspectos como la iluminación de calles y sitios públicos son factores determinantes para la seguridad y la vida en comunidad. Esto se evidencia en el siguiente testimonio: “…Un barrio con un número significativo de niños, hoy cuenta con un parque infantil donde pueden disfrutar de su tiempo libre bajo el cuidado de sus padres, sin duda alguna es bienestar social para esta comunidad” (continúa el señor José Quintero).

Unas zonas de acceso pavimentadas se convierten en calidad de vida, ya que antes, los habitantes del barrio debían padecer en épocas de invierno de un camino casi intransitable, que limitaba el acceso y restringía que familiares y amigos visitaran este lugar; el señor Raúl Carmona (gerente de SERVIMAR) cree que:

cuando todos remamos hacia el mismo lado llegamos pronto, de lo contrario será difícil avanzar, es al interior de las comunidades donde se deben formular y estructurar los proyectos, no llegar con ellos formulados a tratar de convencer a los beneficiarios que eso es lo que necesitan; se debe en lo posible implementar estrategias que brinden soluciones integrales, infraestructura, medio ambiente, el componente social y humano se convierten en pilares fundamentales para estructurar cualquier iniciativa.

La participación comunitaria se ve reflejada en la vinculación activa de las juntas de acción comunal, organismos de participación ciudadana que acertadamente garantizan que los recursos se inviertan en proyectos prioritarios y de impacto social significativo para todo el territorio. Estas juntas establecidas por barrios o veredas, son los escenarios propicios para la vida comunitaria y la interlocución entre los diferentes actores presentes en el territorio, la visión de gobierno se desliga en nuestro caso del casco urbano, representado anteriormente en el palacio municipal, y toma forma en estas estructuras comunitarias de participación.

-Cultural. En la parte cultural resalta la tradición religiosa del barrio, en torno a la imagen de la Virgen y de San Cayetano, el proyecto incluyó el embellecimiento de este escenario para que la comunidad pueda seguir manifestando su devoción, convirtiéndose este en sitio de peregrinación, y donde los padres y abuelos buscan orientar a sus hijos en la fe y unidad cristiana. Esta obra fue inaugurada con una solemne celebración religiosa y desde ese día se han realizado varias más como muestra clara de la comunidad de gratitud por la vida y por el entorno donde habitan.

-Sinergia institucional. Por medio de la sinergia institucional (EMPOCALDAS, Alcaldía Municipal, Normal Superior Nuestra Señora de la Candelaria, SERVIMAR, CORPOCALDAS, ICBF y Gobernación de Caldas), se sumaron esfuerzos para contribuir a la construcción de procesos sociales y de infraestructura que dieron como fruto vías de acceso, un parque en botellas, mejoramiento de saneamiento básico e iluminación del sector; además, se atendieron casos puntuales de maltrato y prostitución, pero lo más grande y sin igual una comunidad viva, capaz de afrontar sus problemas, con voz y voto a través de la Junta de Acción comunal, tal vez no con todos sus problemas solucionados pero sí con herramientas fundamentales para trabajar por un futuro más alentador y con un fundamento muy importante: el de construir un desarrollo sostenible local.

Es importante tener en cuenta que algunas personas pertenecientes a las entidades co-financiadoras y co-ejecutoras de este proyecto se refieren del proceso de la siguiente manera.

“…Son importante los procesos sociales que se enfocan a solucionar los problemas de las comunidades de una forma integral, y más aún cuando son esas mismas comunidades las artífices de sus cambios. Siempre se tenía concebido que el barrio San Cayetano era un lugar de conflictos sociales y además que carecía de una infraestructura adecuada para generar espacios de convivencia, pero después de culminar este proceso de transformación, hoy por hoy el barrio tiene otra cara y ello se nota en su gente” (Pedro Antonio López, Coordinador de vivienda de la Alcaldía Municipal)

“…SERVIMAR siempre estuvo dispuesta para apoyar este proceso con su grupo humano, con ideas y con sus conocimientos en tema de manejo de los residuos sólidos. Creo que nuestra entidad también ganó mucho en esta experiencia dado que hoy contamos con una solución integral para reutilizar las botellas PET en la construcción de elementos arquitectónicos en nuestro pueblo y en la región. Tengo para decir que al relleno sanitario La Vega son pocas las botellas que llegan, porque la comunidad les está dando otro uso” (Raúl Carmona, Gerente de SERVIMAR).

-Recursos financieros-económicos. Los recursos invertidos en el proyecto tuvieron el máximo aprovechamiento, el acompañamiento de las diferentes entidades, que aportaron el apoyo en la mano de obra de los habitantes del sector y el contar con materia prima gratis (como fueron las botellas PET), ayudaron para realizar más obras de lo que se tenía planeado. Recursos invertidos con seguimiento de la comunidad.

Las personas de la comunidad que participaron en este proyecto innovador, tanto social como ambientalmente, lograron transferencia tecnológica y aprendizaje en el desarrollo de esta iniciativa. Valor agregado importante, ya que al replicarse en otros sectores, estas personas estarán en capacidad de enseñar a otras comunidades, lo que generaría empleo y desarrollo comercial.

La técnica de construir elementos arquitectónicos con botellas PET, además de ser una estrategia ambientalmente novedosa y socialmente aceptada, es económicamente más rentable que construir a partir de las técnicas tradicionales.

Para construir 1 m³ de muro con botellas rellenas y pintadas con participación de la comunidad se incurre en un costo de  $27.750= y sin participación de $51.068=; si se hace un comparativo con respecto a las técnicas tradicionales, para el caso de concreto 11Mpa-1500 los costos ascienden a $108.000=, concreto 21Mpa-3000 $161.788=, Mortero 1:4 $152.598,75  y pega con tierra cemento $69.101; de lo anterior se infiere que la construcción a partir de la técnica ECOTEC es la más económica, así no se cuente con la ayuda de la comunidad para su construcción.

-Ambiental. Se aporta al desarrollo ambiental sostenible, con el hecho de optimizar los recursos que se tienen sin agotar o afectar el ambiente, hacen de este proyecto el complemento perfecto para contribuir al manejo integral de los residuos sólidos. Miles de botellas son tiradas en el mejor de los casos a los rellenos sanitarios, otras van a parar a los campos y muchas de ellas a las fuentes hídricas, en el peor de los casos son quemadas, causando un desequilibrio ambiental de gran magnitud. La iniciativa buscó proteger el ambiente al incorporar estos residuos como materia prima para la construcción de elementos urbanos como sillas, muros, entre otros, a través de la técnica denominada ECOTEC (Figura 9).

-Sostenibilidad de la experiencia. La socialización de este proyecto ha generado gran expectativa en toda la región, en algunas veredas ya se ha iniciado la recuperación de las botellas PET por parte de la comunidad, pensando en construir casetas comunales y otros elementos de interés comunitario; de igual, forma existe el compromiso de las entidades asociadas al proyecto para continuar impulsando este tipo de alternativas de participación ciudadana, innovación, protección del medio ambiente y cultura ciudadana.

Si bien al finalizar el proyecto, los actores involucrados firmaron un pacto de cuidado y respeto entre la comunidad y a su vez con el medio ambiente y el parque, al pintar sus manos en una pared blanca; es importante resaltar los diferentes acuerdos escritos a los que llegaron las instituciones y la comunidad, para dar sostenibilidad al proyecto con los siguientes compromisos:

1. La comunidad se comprometió a seguir realizando separación en la fuente, a realizar trabajos comunitarios, a vivir en convivencia y paz.

2. La Junta de acción comunitaria se comprometió a realizar transferencia tecnológica, a seguir liderando proyectos para el barrio, a gestionar recursos para el mantenimiento ambiental del sector.

3. Las diferentes instituciones se comprometieron en acompañar constantemente y realizar seguimiento a cada una de las actividades que se generen en el sector, de manera concertada.

LECCIONES APRENDIDAS

Para que exista un desarrollo sostenible local, una de las estrategias a implementar debe ser el de involucrar a las comunidades como los principales protagonistas de sus procesos de cambio, dado que si los habitantes se empoderan de las propuesta y proyectos para mejorar sus condiciones de vida, podrán tener continuidad y mejores resultados.

Hoy estoy seguro de que la participación de las comunidades en sus procesos de trasformación no sólo es una vaga ideología basada en el deseo de que las cosas salgan bien. Se ha convertido en un imperativo, casi en una condición de sobrevivencia.

Los problemas de índole social son complejos de tratar, dado a que en ellos están involucrados muchos aspectos de tipo cultural, ambiental, económico y político; la clave de abordarlos está en la manera de saber llegar a las comunidades, propiciando espacios de convivencia y asegurando que lo que se va a hacer es lo que quiere la comunidad.

Una de las estrategias para general mayor impacto y solucionar más problemas en un proyecto, es incentivar el trabajo mancomunado tanto de las instituciones públicas como privadas, lo que permite un mayor aprovechamiento de los recursos, esfuerzo en conjunto y no que cada institución solucione un mismo problema; y finalmente, unas alternativas de solución pensadas por un grupo interdisciplinar que tendrán más probabilidad de generar cambio.

Las propuestas de desarrollo local no deben buscar solucionar todas las problemáticas existentes en las comunidades; al contrario, deben propender por generar conocimientos y herramientas para que las mismas comunidades sean artífices de sus propias soluciones.

Agradecimientos.

A los organizadores y participantes del 2º Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia y la Sustentabilidad. Manizales, 23 al 26 de julio de 2013, por su invitación y a los participantes de dicho evento por sus comentarios y sugerencias.

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1.   Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.Colombia. Urban Green. Manizales (Caldas). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.    Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. CINDE-Universidad de Manizales. Manizales (Caldas). This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.  Magíster en Oceanografía Biológica y Pesquera. Universidad de Manizales, Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Manizales, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Para citar este artículo: Ocampo-Cuervo, O.G., Salazar-Henao, M. y Álvarez-León, R. (2017). Arquitectura ambiental y desarrollo local sostenible a partir de modelos de intervención participativa, en varios municipios de Caldas, Colombia.  Revista Luna Azul, 45, 150-170. DOI: 10.17151/luaz.2017.45.9