INFLUENCIA DE LOS RECURSOS Y LAS DINÁMICAS DEL TERRITORIO EN EL SOSTENIMIENTO DE LA AGROINDUSTRIA RURAL   PANELERA DE SUPÍA, CALDAS

Carlos Julián Ramírez Gómez1

Holmes Rodríguez Espinosa2

Recibido el 22 de agosto de 2015, aprobado el 23 de marzo de 2016 y actualizado el 19 de diciembre de 2016

DOI: 10.17151/luaz.2017.44.12

RESUMEN

Después del café, la panela constituye la segunda agroindustria rural más importante en Colombia. El subsector panelero presenta actualmente problemas relacionados con bajos niveles tecnológicos y estándares de calidad, débil cultura organizativa y asociativa y acceso precario a mercados; retos que implican la necesidad de buscar estrategias desde los territorios en aras de buscar fortalecer el subsector. El estudio tuvo por objetivo analizar la influencia de los recursos y las dinámicas del territorio con el fin de determinar cómo se configura la generación de estrategias locales para la supervivencia y el sostenimiento de la producción panelera en Supía, Caldas, Colombia. Se realizó un estudio descriptivo con enfoque metodológico cualitativo y recolección de los datos en tres fases: estudio exploratorio, entrevistas semiestructuradas con actores del sistema agroalimentario localizado (SIAL), utilizando la técnica de muestreo de bola de nieve, talleres participativos con grupos de productores, observación y diario de campo. Finalmente se adelantó una fase de análisis y triangulación de la información, enmarcada en las dimensiones: histórica, técnica, institucional y alimenticia. Se encontró que las transformaciones ocurridas en los últimos 50 años, dan cuenta de la existencia de un SIAL dinámico con anclaje territorial que se soporta en recursos locales tales como el saber-hacer, las condiciones locales de clima y suelo y procesos de innovación tecnológica y organizacional, lo que ha permitido generar una reputación. Se identificaron en el territorio cinco tipos de agroindustrias rurales (AIR), algunas de las cuales han logrado transformar los recursos del territorio en activos territoriales, a través de dinámicas como las acciones colectivas estructurales o familiares, y diversas formas de relacionamiento tanto dentro de las propias AIR así como con otros actores del territorio, lo cual les ha permitido posibilidades de comercialización, entre otras ventajas que han contribuido al sostenimiento de la actividad panelera.

PALABRAS CLAVE

Acción colectiva, asociatividad, sistema agroalimentario localizado.

INFLUENCE OF RESOURCES AND DYNAMICS OF THE TERRITORY IN SUSTAINING “PANELA” (RAW CANE SUGAR) RURAL AGRIBUSINESS IN SUPÍA, CALDAS

ABSTRACT

After coffee, “panela” (raw cane sugar) is the second largest rural agribusiness in Colombia. The “panela” producers’ subsector currently presents problems related with low technological levels and quality standards, weak organizational and associative culture, and precarious access to markets. These challenges imply the need to seek strategies from the territories in order to strengthen the subsector. The aim of this study was to analyze the influence of resources and the dynamics of the territory in order to determine how to generate local strategies for survival and sustaining “panela” (raw cane sugar) production in Supía, Caldas, Colombia. A descriptive study with a qualitative methodological approach was conducted with data collection in three phases: exploratory study, semi-structured interviewing with actors of the localized agro-alimentary system (LAS) using snowball sampling, participatory workshops with producer groups and field diary. Finally, an analysis and triangulation phase was carried out delimited in the historical, technical, institutional and alimentary dimensions. It was found that, changes over the last 50 years, account for the existence of a dynamic LAS with territorial anchorage supported in local resources such as the know-how, local weather and soil conditions, and technological and organizational innovation processes  which have generated a reputation. Five types of rural agribusiness (RA) were identified some of which have been able to transform territorial resources into territorial assets through dynamics such as familiar or collective structural actions as well as several liaising both within the RA as well as with other actors in the territory, which has allowed marketing possibilities among other advantages that have contributed to the support of the “panela” (raw sugar cane)  activity.

KEYWORDS:

Collective action, partnership, localized agro-alimentary systems.

INTRODUCCIÓN

La panela en Colombia es la segunda agroindustria rural más importante después del café, ocupa 12% de la población rural económicamente activa y es reconocida como un caso representativo en América Latina por la diversificación de empleo y de ingresos para los pequeños productores campesinos, pues se estima que existen cerca de 70.000 familias de los andes colombianos que cultivan la caña panelera y 20.000 trapiches en los que se elabora panela y miel de caña, generando anualmente más de 2,5 millones de jornales y alrededor de 353.366 empleos directos (MADR, 2006; Martínez, Ortiz, & Acevedo, 2005).

Un estudio efectuado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional (2012) en los seis departamentos más relevantes en Colombia frente a la producción panelera, estableció la existencia de 11.472 trapiches, excluyendo grandes productores del país. Adicionalmente, los precios pagados a los productores han fluctuado entre $1.375 a $1.701 por kilogramo producido de panela.

El subsector panelero constituye un complejo productivo y agroindustrial en el cual se identifican diversas problemáticas nacionales entre las cuales se encuentran la deficiente tecnología de cultivo y transformación que afectan la calidad del producto; la estacionalidad de la producción y la competencia con el azúcar como producto sustituto que inciden en los precios de venta; débil cultura de la asociatividad y baja capacidad de articulación de actores que afectan la organización gremial (Castellanos, Torres, & Flórez, 2010).

Dichas problemáticas del subsector, han buscado resolverse desde un enfoque de cadena productiva, por medio de la identificación de variables tecnológicas y no tecnológicas que inciden en el desempeño del subsector panelero y el planteamiento de diversas acciones por implementar a partir de acuerdos nacionales de fortalecimiento de la competitividad (MADR, 2001).

Sin embargo, la agroindustria panelera se lleva a cabo bajo variadas condiciones locales en las cuales las interrelaciones tejidas por los diversos agentes sociales y económicos son heterogéneas en cada región (Rudas & Forero, 1995); en consecuencia, las particularidades y situaciones diferenciales de cada territorio no han sido elementos considerados en las propuestas de fortalecimiento de la cadena productiva.

En ese sentido, entra en contexto la competitividad desde el territorio, lo cual implica el aprovechamiento de sus recursos endógenos, por lo cual se requiere estimular la capacidad de detectar las potencialidades propias, naturales, humanas, institucionales y organizacionales presentes (Silva, 2003).

Es así como surge el concepto de sistema agroalimentario localizado (SIAL), definido como una red compleja de relaciones entre las personas, los productos y los territorios, a través de un espacio construido socialmente y regulado institucionalmente (Boucher, 2001); constituido por sus organizaciones de producción, de servicio, unidades agrícolas, empresas agroalimentarias, empresas comerciales, entre otras (Muchnick, 2004).

De esta manera, el concepto de SIAL permite abordar la relación y vínculos existentes entre las actividades relacionadas por parte de las concentraciones de agroindustrias rurales (AIR) y el territorio, así como los efectos de estos en la actividad económica local y regional (Boucher, 2013). Adicionalmente, el enfoque SIAL se ha constituido en un marco analítico de los procesos de entendimiento de los recursos locales y del anclaje territorial de las producciones agrícolas y agroalimentarias (Fournier & Muchnik, 2012).

Por ende, un SIAL se compone de una AIR, un territorio y la acción colectiva; la AIR es una concentración geográfica de pequeñas empresas rurales que generan transformación y valor agregado a los productos, con ventajas que suelen permanecer pasivas, pero en diversos casos cuentan con capacidades intrínsecas que permiten generar perspectivas de desarrollo (Boucher, 2013).

Estas organizaciones productivas constituyen concentraciones localizadas que presentan diversas características y funcionamientos, por lo cual deben analizarse su visión funcional y su rol dentro del sistema agroalimentario.

Por su parte, la acción colectiva es definida por Boucher (2006), como aquellos relacionamientos y vínculos territoriales, que se generan como el resultado de la convergencia de estrategias e intereses de un grupo de actores con intereses comunes. Entre tanto, la acción colectiva puede ser de carácter estructural, a partir de un grupo organizado y funcional, con un conjunto de normas, redes sociales, formas y relaciones de confianza que determinan comportamientos, entre otras (Boucher, 2006; Correa, Boucher, & Requier-Desjardins, 2006; Ramos &Salcido, 2011).

Adicionalmente, otros autores plantean que la acción colectiva está ligada a las relaciones entre los actores y la coordinación horizontal entre ellos, en donde la cooperación existente entre el grupo de actores, les puede ofrecer ventajas que sería difícil de conseguir de forma aislada, permitiendo generar estrategias conjuntas de competitividad (Pomeón, Boucher, Cervantes, & Fournier, 2006; Salas, Boucher, & Requier-Desjardins, 2005).

Por lo anterior, algunos autores como Salas et al (2005), plantean que en algunas AIR se genera una acción colectiva en torno a la construcción de activos específicos, impactando en las capacidades de pequeños productores, por ejemplo para lograr una inserción más eficiente en las cadenas de producción (Boucher, 2006). De hecho, muchas de las dinámicas de las AIR tienen correspondencia con los relacionamientos hacia adelante y hacia atrás en la cadena productiva, es decir, la interacción, las formas de coordinación de actores en un territorio local y la consolidación de redes de actores, también son aspectos destacados en torno a la AIR, en el marco del sistema agroalimentario (Boucher & Reyes, 2011).

Por su parte, el territorio está conformado por recursos específicos, propios y disponibles en la región para las actividades productivas, que pueden ser transformados en activos, dependiendo de las formas de relacionamiento dentro del territorio, configurando una actividad agroalimentaria con ventajas competitivas (Bello, 2009; Boucher, 2006; Rodríguez-Borray & Rangel-Moreno, 2005).

Adicionalmente, el territorio puede contar con un conjunto de recursos territoriales locales, tales como el saber hacer, la tecnología, la reputación del producto, condiciones locales de clima y suelo, diferentes formas de proximidades y procesos de innovación, tecnológica u organizacional, entre otros, los cuales se vinculan con dinámicas de desarrollo local y agroalimentario (Pomeón & Fraire, 2011).

El enfoque SIAL tiene en cuenta el territorio como un actor estratégico en la competitividad de las actividades productivas locales, lo que proporciona una visión diferenciadora e incluyente respecto de dinámicas y recursos locales que son activados y empleados en la construcción de alternativas y generan una diferenciación con el tradicional enfoque de cadena productiva con sus actores directos, indirectos y su funcionamiento fundamentalmente vertical (Specht, 2009).

Por lo tanto, el análisis de SIAL debe considerar los recursos locales del territorio, las personas, sus instituciones, su saber hacer y sus redes de relaciones (Muchnik, 2006); en el cual los procesos de acumulación, innovación y formación de capital humano y social tienen un carácter localizado (Moncayo, 2003).

El SIAL tiene en cuenta un enfoque horizontal de la cadena productiva, delimitado por relaciones innovadoras hacia un mejor entendimiento entre actores, donde predominan el aprendizaje, la flexibilidad, la confianza y la diversidad (Murdoch, 2000); permitiendo que los pequeños productores aprovechen los recursos locales del territorio, activados a través de acciones colectivas, para el desarrollo de potencialidades y generación de ventajas competitivas (Correa et al., 2006; Sandoval & Ruiz, 2005); al igual que relaciones con las instituciones, los proveedores de insumos y los servicios de apoyo (Sandoval, 2003).

En diversos territorios paneleros colombianos, ciertas características locales han permitido generar mecanismos de respuesta a los desafíos del sector, lo cual ha facilitado el sostenimiento de la producción de manera localizada y a lo largo del tiempo; permitiendo la identificación de cerca de 15 SIAL paneleros, con diversas escalas productivas y niveles tecnológicos, con sus propias especificidades agroecológicas, socioeconómicas, recursos locales, instituciones y actores con un rol determinado (Rodríguez, García, Roa, & Santacoloma, 2004).

En consecuencia, el presente estudio tuvo por objetivo analizar la influencia de los recursos y las dinámicas del territorio mediante herramientas cualitativas con el fin de determinar cómo se configura la generación de estrategias locales para la supervivencia y el sostenimiento de la producción panelera en el municipio de Supía, Caldas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo con enfoque metodológico cualitativo, de carácter interpretativo (Denzin & Lincoln, 1994; Lamnek, 2005; Noelle-Neumann & Petersen, 2005), utilizando la técnica de estudio de caso (Simons, 2011; Yin, 2013), por medio de la cual se realizó una evaluación completa de los acontecimientos en un marco geográfico definido en un período determinado, buscando comprender en profundidad el fenómeno específico del territorio panelero, por medio de la observación, registro y análisis de interacciones entre personas y entre éstas y sistemas (Cunha, 2012).

Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo tres fases de la siguiente manera: estudio exploratorio, entrevistas con actores del SIAL, análisis y triangulación de la información.

Fase 1: Estudio exploratorio

Inicialmente se realizó un estudio exploratorio en el cual se entrevistó, mediante herramienta semiestructurada, un proveedor de insumos importante de la región,  una persona de la institucionalidad administrativa municipal y el líder de la cooperativa de productores paneleros “Coimpas”. Las preguntas del guión tenían el propósito de identificar principales veredas productivas, líderes y actores claves en las veredas, posibilidades y formas de contactos, veredas con innovaciones en productos, generalidades y la dinámica agroalimentaria del territorio panelero.

Fase 2: Entrevistas con actores del SIAL

Una vez adelantada la fase anterior se procedió al levantamiento de la información a partir de la aplicación de 23 entrevistas semi-estructuradas en el período comprendido entre enero de 2013 y enero de 2014, con productores en 5 veredas representativas del municipio: Mudarra, Alto Sevilla, San Pablo, Guascal y Dosquebradas. De igual manera se efectuaron dos entrevistas con el líder de la cooperativa de productores paneleros de Supía (Coimpas) y la profesional de la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela) en el municipio.

Para la selección de los productores entrevistados en las veredas de estudio, se procuró que tuvieran la capacidad de hacer una retrospectiva territorial histórica de 50 años y que tuvieran una relación directa con la producción panelera. Para ello se utilizó la técnica de bola de nieve, consistente en seleccionar un informante clave a criterio del investigador, al cual se le pide que nomine o sugiera a otras personas o actores dentro de la población objetivo (Martín-Crespo & Salamanca Castro, 2007), proceso que se repite hasta que el investigador determine que no hay información adicional por recolectar.

Adicionalmente, las preguntas contenidas en la entrevista fueron planteadas y adaptadas a partir de la metodología de estudio del enfoque SIAL propuesta por Muchnik (2006), en la cual se propone un abordaje multidimensional del sistema agroalimentario, buscando profundidad histórica para identificar la evolución del SIAL en el tiempo, así como la identificación de recursos y dinámicas del territorio (Tabla 1).

Fase 3: Análisis y triangulación de la información

Se procesó la información a través del establecimiento de variables que permitían sustentar las categorías de análisis del enfoque SIAL, con el fin de profundizar y entender la dinámica productiva y las interacciones tanto en la agroindustria rural como en el territorio, así como el rol que desempeñan recursos y dinámicas del territorio acorde con el objeto de estudio.

Por otro lado, para el análisis y triangulación de la información también se tuvo en cuenta la noción de estructura del sistema agroalimentario localizado, propuesta por Boucher & Reyes (2011), en la cual se clasificaron las agroindustrias rurales, y la acción colectiva como una de las dinámicas del territorio y que se enmarcaron posteriormente en la dimensión institucional para su análisis. Para tal efecto también se desarrolló un diario de campo donde se registró la observación directamente, la cual fue luego complementada con información secundaria.

Finalmente, una vez clasificadas las agroindustrias rurales, se procedió a complementar el estudio y las dimensiones de análisis con un abordaje a partir de redes sociales, el cual se llevó a cabo empleando la metodología cualitativa Net Map (Schiffer, 2007), que consiste en una entrevista con pequeños grupos de productores. La metodología sirve como una herramienta que ayuda al investigador y a las personas abordadas a entender, visualizar, analizar, discutir y evaluar cómo diferentes actores pueden influir o intervenir frente a alguna situación particular o a un sector.

El mapeo de la red es el resultado de una discusión y análisis con el grupo de productores y se construye a partir de un taller participativo con las personas del grupo. Así mismo, este mapeo de la red permitió representar actores involucrados en la producción panelera, así como identificar las interrelaciones y su influencia en el subsector panelero. Para graficar la red, las entrevistas grupales se enfocaron en el análisis del flujo de información, la cooperación y la confianza.

Esta herramienta permitió aproximarse al entendimiento de la red social panelera que configura el SIAL, visualizando la gráfica como un reflejo de la estructura social, vista desde la perspectiva de la red en el ámbito local.

RESULTADOS

El territorio panelero de Supía

El municipio de Supía implica la conformación de un territorio con recursos que combina elementos biofísicos, socioeconómicos así como culturales y que permiten dimensionar el contexto en el cual se desarrolla propiamente en este caso la actividad panelera. Entre tanto, esta contextualización permite comprender cómo este territorio ha configurado un sistema agroalimentario que se ha soportado en recursos, activos específicos y la influencia de diversas dinámicas sociales.

El territorio panelero está conformado por una gran riqueza étnica, en la cual se destacan comunidades campesinas mestizas, afrodescendientes e indígenas. Esta presencia intercultural ha generado intercambios y consolidado una cultura a lo largo de la historia, a partir de medios de vida, de las formas de ordenamiento entre los individuos y su entorno, fortalecimiento de los lazos de comunicación y de saberes que se han instaurado en el territorio y que se han transmitido a lo largo de las generaciones (Jurado & Botero, 2012).

La producción primaria es fundamentalmente artesanal y a pequeña escala, con fincas que pueden variar entre 1 a 3 hectáreas. Se encuentra conformada por cerca de 480 trapiches con 1300 productores integrados por grupos familiares y comunitarios, inscritos a organizaciones con reconocimiento jurídico; el resto, hace parte de los grupos del mismo orden, sin tal condición (Jurado & Botero, 2012).

Del mismo modo, el proceso de transformación a panela implica un conglomerado de pequeñas agroindustrias rurales paneleras que desarrollan diversas relaciones y acciones colectivas que constituyen dinámicas del territorio panelero de Supía, a partir de un esquema de producción relativamente artesanal que ha venido modificando paulatinamente su esquema de tecnificación (Corrales & Forero, 2007; Gómez & Buitrago, 2008).

Dimensión histórica: transformaciones del territorio en los últimos 50 años

La producción panelera de Supía se ha llevado a cabo tradicionalmente por familias campesinas de diferentes veredas con una evolución a lo largo del tiempo en la ocupación del territorio y transformaciones técnicas, económicas y socio–culturales (Figura 1). Pese a ser un territorio de gran influencia minera y de predominio cafetero en partes más altas, la crisis de los ochenta dio lugar a una gran expansión productiva de la caña en el territorio. No obstante, la cultura panelera ha configurado con anterioridad una identidad local a partir de las fiestas de la colación, que se arraigaron desde finales de los años 50 e inicios de la década de los sesenta (IICA, 2009).

Los cambios técnicos generados en el subsector panelero de Supía, vienen originándose al menos en los últimos 50 años, no obstante el sistema de producción artesanal aún subsiste, a través de un modelo tradicional sin uso de abonos químicos, plaguicidas, formas de corte por desguíe, entre otros. Hacia los años 80, inicia un apoyo institucional donde se destaca el rol del SENA, que coadyuvó con la introducción de las primeras innovaciones tecnológicas, en particular en la presentación, trascendiendo de la panela de 500 gr comúnmente llamada “casco de buey”, a la diversificación a través del surgimiento de moldes de 125 y 150 gr llamados “gaveras”, lo cual fue mejorando el posicionamiento en diversos mercados.

Finalmente, hacia los años 90 se introduce una de las transformaciones técnicas más importantes y tiene relación con innovaciones en proceso y producto, pues aparte de la panela en pastilla y en cuartos, surge la panela pulverizada, cuando el mercado comenzaba a exigir nuevas formas de presentación y el empaque, el cual ha evolucionado desde los años 70 y hasta la actualidad. Adicionalmente, las transformaciones en la agroindustria rural panelera han conducido al mejoramiento de la infraestructura, empaques y rendimientos.

Por su parte, las agroindustrias rurales fueron sufriendo transformaciones sociales que implicaron una adaptación a una nueva cultura de cambio técnico, donde la noción de calidad ha venido arraigándose. A partir de los años 90, las prácticas se comienzan a desarrollar con mayor conciencia de la producción de un alimento y solo a partir del año 2000, los productores prestan mayor atención al asunto de la sanidad y la calidad, arraigando esta cultura.

Adicionalmente, después de la crisis cafetera de los años 80 y la mayor expansión de la producción panelera, entran con mayor fuerza los trapiches comunitarios, propiciando en general una cultura de la cooperación y solidaridad en el territorio, motivados por la Resolución 779 de 2000, supeditando al campesinado a la asociatividad en aras de mejorar su proceso de calidad, pero también de sostenibilidad en los mercados. Sin embargo, cabe destacar que un factor limitante en el proceso de cooperación y asociatividad tiene relación con las formas de producción de la caña, y la diversidad de sus calidades, asunto que afecta en muchos casos los entendimientos entre productores por la calidad del jugo y su transformación a panela.

El territorio panelero de Supía evidencia a lo largo de su historia transformaciones económicas, no solo a partir de la ocupación del espacio en las fincas, sino también por la rentabilidad y la forma en que esta se ha venido presentando. Es preciso mencionar que en los últimos 50 años, las fincas que antes eran dedicadas a policultivos, en la actualidad se dedican a la producción de caña como monocultivo. Aunque el trabajo comunitario y el mejoramiento tecnológico han hecho más rentable la actividad panelera, también es cierto que la ausencia de producción de alimentos en los predios aumenta el gasto en alimentación.

En todo caso diferentes transformaciones técnicas, sociales y económicas de la actividad panelera en Supía, dan cuenta de cambios cimentados por un contexto histórico, generados en los últimos 50 años e influenciados por diversos aspectos, por lo cual fue necesario un acercamiento con las comunidades locales.

Dimensión técnica: análisis del saber-hacer utilizado en el SIAL

Los saberes y técnicas han generado un conocimiento que se ha transmitido de una generación a otra por más de 50 años en la región, constituyendo prácticas y creencias ancestrales. Diversos conocimientos tácitos han sido obtenidos por la experimentación propia de los campesinos arraigando un saber hacer en búsqueda de la calidad. De esta manera, las formas de siembra según calendario lunar, la forma de corte llamado por desguíe y una cultura de la producción que en términos generales tiene arraigada la visión de calidad y procesamiento más limpio de la panela, busca el reconocimiento y la diferenciación de su producto desde el territorio.

Por otro lado, la tecnología constituye otro recurso territorial destacado, expresado en maquinaria, infraestructura de trapiches y prácticas tendientes a la higiene, mantenimiento y aseo de trapiches. El uso de gorras, camisa, tapabocas, al igual que el colado de jugos, han incidido en el mejoramiento de la producción.

Adicionalmente, diversos tipos de vínculos, formas de asociación y cooperación y estrategias tanto individuales como colectivas de los productores, han consolidado un recurso del territorio para el sostenimiento de la actividad panelera en la región. Este recurso también implica el apoyo institucional recibido a través de diversos tipos de recursos y sus relacionamientos locales. También se destacan diversas formas de arreglos de ciertos trapiches comunitarios, que permiten soportar la confianza, la corresponsabilidad, el aprendizaje colectivo y los acuerdos que facilitan entendimientos, al mejorar la competitividad y el acceso a mercados, así como la transmisión del saber hacer y el conocimiento.

Así mismo, existen diversas formas de agroindustrias rurales representadas en trapiches paneleros, donde a partir del saber hacer se produce la panela con diferentes presentaciones como redonda, cuadrada o pulverizada; incluso es común el valor agregado generado por pequeños productores en la fabricación de dulcerías, como blanqueados, colaciones, entre otros (Gómez y Buitrago, 2008). Por último, la producción suele adelantarse generalmente aún de manera artesanal.

Dimensión institucional: relaciones de los actores del SIAL

El SIAL panelero de Supía está integrado por una concentración geográfica de agroindustrias rurales que se apoyan en los recursos territoriales y en las dinámicas del territorio que implican diversas formas de acción colectiva, formas de entendimiento y vínculos, tanto dentro de las AIR así como externos, con otros actores del territorio y articulaciones a las cadenas de producción. Estos procesos se han generado a partir de varias características que diferencian cinco tipos de trapiches paneleros, con base en su estructura de conformación, acuerdos en materia de calidad, manejo de materia prima y procesamiento y sus características de organización e incursión en los mercados: AIR particular, AIR individual artesanal, AIR familiar artesanal, AIR comunitaria asociada y AIR comunitaria no asociada (Tabla 2).

AIR particular

Esta agroindustria rural se destaca por la modernidad de sus equipos e instalaciones. Sus altos volúmenes de producción y las condiciones agroecológicas favorables del territorio para la actividad panelera, les permiten también combinar criterios de calidad, lo cual le permite acceder a unos mercados directos que logran excluir en muchos casos a la intermediación en la cadena de comercialización. Sin embargo, no es un modelo predominante en Supía.

AIR individual artesanal

Otro tipo de organización productiva es la AIR individual artesanal, la cual se basa fundamentalmente en molinos de tracción animal a través del empleo de caballos y mulas, o accionados por pequeños motores (Zuluaga, 2001). Este tipo de AIR está constituido a través de relacionamientos de un dueño con vecinos o amigos  que no cuentan con montaje para producción, para lo cual este suele ser alquilado para la labor de molienda y fabricación.

Esta AIR funciona de manera individual sin acción colectiva estructural; sino basada en relaciones de amistad, donde cada persona y su núcleo de apoyo que podría ser o no familiar, procesan en su día acordado con el dueño del trapiche, quien actúa solo como proveedor de la infraestructura. Como normas y reglas, cada persona podría pagar algún monto por el alquiler bien sea representado en dinero o en porcentaje de la producción. No obstante, la persona que acude a procesar debe llevar sus insumos correspondientes, así como entregar aseado el montaje.

Tiene bajos niveles de innovaciones en el producto y dificultades de inserción al mercado por cuanto producen tantas calidades de panela como personas y su núcleo de apoyo utilicen el trapiche. La comercialización es individual, sin niveles de cooperación colectiva en venta a partir de la oferta de mayores volúmenes.

AIR familiar artesanal

Por otro lado, la AIR familiar artesanal desarrolla su producción panelera dentro de un esquema de economía campesina, generalmente en trapiches de tracción mecánica con una capacidad de 50 a 100 kg/panela/hora. En cuanto a lo  organizacional, esta AIR soporta su organización en relacionamientos familiares y en la proximidad de sus miembros, donde se destaca el accionar colectivo entre todos los miembros del trapiche, con cooperación e intercambio entre las familias, de recursos tangibles y no monetarios como precios y canales de venta. Pese a todo esto, esta organización se ve sometida al mercado intermediario aunque produzcan una sola calidad de panela.

Existen relaciones horizontales reflejadas en la confianza, el aprendizaje mutuo y reglas consensuadas. Pactan días de trabajo y molienda y acuden todos como fuerza laboral al procesamiento. No existen conflictos por las calidades de la materia prima ni por el uso del bagazo necesario en el proceso. Otras actividades posteriores al procesamiento, tales como el aseo de la instalación, las realizan de manera colectiva y procuran aplicar buenas prácticas de manufactura en muchos de los casos.

AIR comunitaria asociada

Otra clase de trapiche panelero existente en Supía es la AIR comunitaria asociada. Este tipo de organización productiva de la panela ha venido cobrando mayor importancia por la relevancia que viene teniendo la asociatividad en el territorio rural, a partir por ejemplo de una mayor posibilidad de acceso a recursos y programas de apoyo departamental y nacional, en particular para cumplir con la Resolución 779 de la panela que implica una inversión en instalaciones, con el fin de implementar buenas prácticas de manufactura para la producción panelera, orientadas a garantizar al consumidor la calidad e inocuidad del producto; las cuales además, pueden favorecer la inserción de estos productores en mercados especializados, supermercados y tiendas de gran distribución.

Algunos trapiches pueden emplear motores de energía eléctrica, a gasolina y diésel y con capacidades de procesamiento que oscilan entre 150 y 900 kg/caña/hora (Gómez & Buitrago, 2008). Es común que se asignen roles específicos de acuerdo con las capacidades de cada socio para tener mayor eficiencia en el procesamiento, lo cual da cuenta de relacionamientos ampliamente horizontales entre sus miembros, donde predomina la confianza, el entendimiento y aprendizaje colectivo y hasta generación de estatutos de la organización.

Estas organizaciones producen una sola calidad de panela lo cual les facilita generar un núcleo de poder frente al eslabón de mercado, en presentación de 500 gr y 250 gr redonda o cuadrada. Así mismo, esta agroindustria rural se incorpora a redes territoriales en sus mejores relacionamientos con actores locales o externos. Entre tanto, presenta una acción colectiva estructural, con volúmenes de producción, calidad e inserción a mercados, teniendo muchas veces núcleo de poder frente a negociaciones con comercializadores.

En este grupo existen AIR constituidas legalmente y registradas en Cámara de Comercio y otras bajo la formalidad que ellos han generado a partir de sus propias instituciones, mas no conformados como figura empresarial formal. No obstante, en ambos esquemas se hacen reuniones, relacionamientos horizontales, existencia de un fondo rotatorio de la organización y reglas de funcionamiento y se asume un papel altamente colectivo de los miembros de la AIR.

AIR comunitaria no asociada

La última clase de trapiche panelero se denomina AIR comunitaria no asociada, muy común principalmente en zonas donde existen las veredas con mayor actividad panelera del municipio, en las cuales en aras de buscar cumplir con la normatividad 779, algunas instituciones gubernamentales han donado trapiches con instalaciones adecuadas, en veredas específicas, donde un grupo de personas deben tratar de juntarse para fines de producción y uso de la infraestructura.

Su tecnología también tiene similitud con algunos trapiches comunitarios asociados, donde se pueden emplear motores de energía eléctrica, a gasolina y diésel y con capacidades de procesamiento que oscilan entre 150 y 900 kg/caña/hora (Gómez & Buitrago, 2008). Mantienen unas mínimas reglas como reuniones quincenales, cuotas de manejo y compromisos de mantenimiento de instalación y equipos.

En este caso, este tipo de organización usualmente no logra acuerdos entre sus miembros en materia de calidad de la materia prima y de la panela procesada, es decir, no existe una sola calidad de panela, sino tantas calidades como familias que producen en el trapiche, lo cual significa que sus miembros comercializan por separado su producción, perdiéndose la posibilidad de competir con calidad y volúmenes, así como de la oportunidad de asociarse para acceder a convocatorias públicas de fortalecimiento de organizaciones empresariales rurales, vínculos con diversas entidades, entre otras.

De igual manera suelen desconocerse las formas de producción de la panela entre sus mismos miembros socios del trapiche. Aunque se busca el entendimiento de las familias socias, las cuales además asisten con su propia fuerza de trabajo a su respectiva jornada de molienda, predomina el individualismo frente al uso del bagazo, los compradores, algunas veces frente a precios de venta, y la carencia de vínculos de trabajo colectivo que permitan ver la agroindustria rural, como una agroempresa que podría traer mejores dividendos grupales, innovaciones en procesos, formas de diversificación y mejor inserción al mercado. Estas características dan cuenta entonces de una acción colectiva muy baja.

Descripción de las interacciones

Por otro lado, el análisis de relaciones de las AIR realizado por medio de talleres participativos, entrevistas con los grupos de productores y la elaboración participativa de las gráficas de red, permitió complementar la dimensión institucional de análisis del SIAL, identificando los vínculos que permiten un flujo de información, cooperación y una confianza entre actores, aproximándose al reflejo de una estructura social donde la AIR es el actor protagónico (Tabla 3).

El mapeo participativo de la red de la AIR comunitaria asociada, evidencia una estructura que vincula más actores del orden nacional y gubernamental, no obstante que también predominan actores locales en los procesos de interacción. La destacada bidireccionalidad en los flujos de recursos (información, cooperación, confianza), ayuda a interpretar como una AIR asociada comunitaria y constituida como empresa puede generar mayores vínculos y por ende tener acceso a mayores recursos de la red de actores (Figura 2).

Se pudo constatar en campo con los productores, que el flujo de información entre los actores de esta red, al tener a la AIR como receptor final, ha incidido en el mejoramiento de la capacidad de gestión de esta AIR en el marco del SIAL, por cuanto han logrado identificar diferentes vínculos con el mercado, posibilidades de aplicación a convocatorias de fortalecimiento agroempresarial rural, actualidades del subsector, entre otras.

Adicionalmente, las relaciones de cooperación presentan menos abundancia en reciprocidad del flujo, pasando a tener mayor predominio unidireccional. Esta cooperación se ve materializada en asuntos relacionados con la cofinanciación, apoyos financieros, capacitaciones y apoyo con insumos. Su condición de organización asociativa los ha constituido sin duda como un actor más del municipio, donde han logrado beneficiarse de programas del Ministerio de Agricultura tendientes al fortalecimiento socio-empresarial rural, y diversos programas de capacitación de entidades público-privadas.

La visualización de relaciones de confianza permite evidenciar menores vínculos entre actores. Esta confianza se refleja por parte de varios actores, básicamente en la entrega de diversos tipos de recursos, construcción de infraestructura, financiamiento, entre otros, sobre la base de sostener su organización asociativa.

Así mismo asuntos como la flexibilidad de pagos con proveedores de insumos, con comercializadores, entre otros, dan cuenta de una relación de confianza que otros actores han tenido en la AIR, algunos de ellos de carácter direccional, recíproco o nulo como el caso de actores locales importantes tales como Fedepanela, como institución representativa panelera y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), como entidad ejecutora de la política agropecuaria. Un actor tan determinante en la dimensión histórica del territorio como lo es el SENA, ha generado procesos de capacitación discontinuos e inconexos, los cuales han terminado por acabar la confianza de parte de la organización de AIR para este caso.

Finalmente, se puede concluir que existen amplios vínculos y formas de relacionamiento  tanto con actores locales, pero también del orden departamental y nacional. Así mismo, este esquema de relaciones refleja un caso que le ha permitido a esta AIR comunitaria asociada, lograr diferentes fuentes de financiamiento y apoyo de al menos 5 ó 6 actores de la red, lo cual ha contribuido a su fortalecimiento de su capital humano y social.

Esta aproximación a la identificación de las formas de relacionamiento territorial, puede permitir la planificación de escenarios futuros y de tipo prospectivo para la región. Por ende es necesario avanzar en la caracterización simplificada de los actores que conforman el SIAL, con el fin de identificar alternativas más probables de cohesión y de trabajo conjunto en red (Fontalvo Hererra, Vergara Schmalbach, & Amézquita López, 2009).

Por otro lado, dado que la agroindustria rural familiar y artesanal, presenta también una acción colectiva importante, se presenta el mapa de la red social de esta AIR, la cual refleja una estructura más sencilla tanto en número de actores como de vínculos entre ellos. Se evidencia el predominio casi total de los relacionamientos con actores, fundamentalmente del orden local, a través de los cuales se ha favorecido la AIR familiar, tanto en la vereda de estudio como en muchas otras de Supía (Figura 3).

Con referencia al flujo de información, se destaca que es el vínculo más fluido entre los actores de la red; se nota por primera vez una relevancia de la cooperativa de paneleros “Coimpas” como actor de la red, constituyéndose en su aliado comercial al mantener relaciones más estrechas con este tipo de AIR panelera en Supía.

Este flujo importante de información tiene relación con asuntos técnicos, de manejos de materia prima, higiene de la panela, precios de la panela, información de posibilidades de gestión y financiación de proyectos, novedades del subsector, solo las más destacadas dentro de este vínculo entre actores. Adicionalmente, asuntos como la cofinanciación, el soporte técnico, la proporción de repuestos para la infraestructura, la capacitación y los recursos económicos, son formas de cooperación que fluyen entre los actores de esta red social.

Finalmente, las relaciones de confianza son mínimas comparadas con el análisis de los otros vínculos. En este vínculo la institucionalidad indígena es considerada como la más importante, en donde estos actores representan la mayor centralidad de esta red (resguardo indígena, Asociación Indígena Panelera de Supía - Aipan, Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Riosucio Caldas - Asproinca). Finalmente este tipo de AIR de familiares artesanales, centran sus relacionamientos fundamentalmente con actores locales, facilitándose el acceso a diversos recursos de información y cooperación, pero con amplias dificultades de acceso a mercados independientes a la cooperativa y la intermediación, lo que implica estar supeditados a amplias fluctuaciones del precio ante la oferta de bajos volúmenes.

Dimensión alimenticia: diferenciación territorial del producto

La producción panelera de Supía se ha diferenciado desde el territorio; para ello, la búsqueda del mejoramiento de la confianza con los consumidores ha tenido gran incidencia. De hecho, la ubicación geográfica del municipio ha permitido mejorar la relación productor-consumidor final, a través de una proximidad con vías principales nacionales. Adicionalmente la fiesta de la colación, tradicional desde hace más de 50 años, alrededor de un derivado de la panela, ha contribuido a hacer del territorio una marca con reconocimiento y reputación en la actividad, con clara distinción de la procedencia de los productos y su calidad, que son incluso apetecidos en otros departamentos y ciudades.

Las condiciones agro climáticas de la región han permitido una producción óptima de la caña y a su vez una producción de una panela muy especial, donde en algunas veredas se ha identificado panela altamente apta para pulverizar y acceder a mercados más especializados, situación atribuible a las condiciones y oferta agroclimática así como suelos de la zona.

DISCUSIÓN

El territorio panelero de Supía Caldas constituye un SIAL, que cuenta con diversos recursos territoriales (saber-hacer, condiciones locales óptimas de clima y suelo para la producción, procesos de innovación tecnológica y organizacional, la reputación del producto), pero también dinámicas (acciones colectivas, formas de relacionamiento local y territorial, conformación de redes), que contribuyen ambas al sostenimiento de la actividad productiva en la región. Los recursos pueden ser o no activados por acciones colectivas destinadas a destacar el territorio y sus componentes como medio para mejorar la eficiencia colectiva de una cadena de producción (Correa Gómez et al., 2006).

El arraigo histórico de un saber-hacer en el territorio (Fournier & Muchnik, 2012), tanto en las prácticas de cultivo como en el procesamiento agroindustrial, constituye un recurso territorial importante y diferenciador, el cual puede ser visto como una de las formas de innovación del sistema productivo (Wesz Junior, Lovis Trentin, & Filippi, 2009). Este recurso, de acuerdo con los hallazgos de este estudio, constituye una destacada característica diferenciadora de la región, en especial para pequeños productores, a partir de un saber-hacer que puede generar valor en el producto (Correa Gómez et al., 2006), generando incluso desde la calidad y la procedencia territorial de los productos, una posibilidad más amplia de inserción en los mercados (Wesz Junior et al., 2009).

Dado que el saber-hacer es un recurso territorial específico en la producción panelera de Supía, con una pertenencia histórica y anclaje territorial (Gómez & Buitrago, 2008; Muchnik, 2006; Zuluaga G., 2001), las formas de transmisión (Corrales Roa & Forero Álvarez, 2007; Jurado-Alvarán, Buitrago, & Gómez, 2008; Specht, 2009), han surgido a partir de redes solidarias de cooperación y de intercambios recíprocos entre los productores de Supía, permitiendo el intercambio de saberes y experiencias entre familias y entre miembros de la comunidad, logrando ajustar su conocimiento tanto tácito como explícito (Jurado & Botero, 2012).

Los diversos recursos territoriales se han convertido en ventajas para algunas AIR, como organización productiva, la cual mediante la acción colectiva ha logrado transformar recursos en activos territoriales, generando mayores ventajas y potenciamiento para las AIR, logrando adaptarse a un entorno panelero complejo.

La noción de acción colectiva es una dinámica de gran importancia en el análisis de la estructura del SIAL, por cuanto tiene directa relación con la activación de los recursos específicos locales, convirtiendo el territorio en un actor estratégico de competitividad de actividades productivas locales (Specht, 2009). La acción colectiva fue abordada desde la perspectiva de autores como (Boucher, 2006; Correa Gómez et al., 2006; Pomeón et al., 2006; Ramos & Salcido, 2011; Salas Casasola et al., 2005), los cuales destacaron elementos en común del concepto acción colectiva para el análisis del SIAL, que influyen a su vez en la activación de recursos específicos locales.

Dentro de estos elementos conceptuales y para el análisis de la acción colectiva en la agroindustria rural panelera de Supía, se destacaron: la organización grupal,  los relacionamientos y redes horizontales, la confianza, las normas y reglas establecidas, la coordinación horizontal entre actores, la cooperación entre actores, la creación colectiva de capacidades y la generación de estrategias conjuntas de competitividad.

Agroindustrias rurales con dinámicas colectivas más asociativas, tales como las comunitarias asociadas, han logrado retener ese valor agregado para los productores, al insertarse con mayor eficiencia en los mercados, captando mejores precios a través de la innovación en el producto y con mayores volúmenes ofertados, constituyendo a su vez mayores activos específicos del territorio y generando ventajas competitivas.

Del mismo modo, algunas AIR, más que constituir acciones colectivas estructurales fuertes y estables, basan su cooperación horizontal en relaciones familiares y de amistad, como en el caso de algunas AIR comunitarias no asociadas y artesanales individuales, a partir de relacionamientos que pueden generarse desde familias nucleares que se encargan de su propia producción, o a través de formas de asociación entre familias extensas como en el caso de las AIR artesanales familiares donde confluyen diversos parientes con algún grado de consanguinidad (Corrales Roa & Forero Álvarez, 2007).

Entre tanto, la acción colectiva soportada únicamente en relaciones de amistad, no ha sido contundente en el territorio en materia de generación de valor agregado,  inserción a los mercados, estrategias conjuntas o relación colectiva de capacidades. Tal es el caso de la AIR individual artesanal, la cual funciona como una simple unidad de producción, cuya relación de amistad tan solo permite el uso de la infraestructura artesanal.

En ese sentido, los tipos de activos estratégicos del territorio que se pueden originar en el SIAL panelero, han sido analizados por otros autores (Boucher & Reyes, 2011; Espinosa, 2009; Rodríguez-Borray & Rangel-Moreno, 2005; Sandoval & Ruiz, 2005), entre los cuales se destacan la innovación en producto o en proceso, las capacidades de generar innovaciones organizacionales, la confianza, las estrategias de mercado que permiten eficientes procesos de inserción, la capacidad de cooperación en la AIR que da lugar, por ejemplo, a aprendizajes colectivos, y las redes de relacionamientos generados entre productores, proveedores, transformadores, distribuidores y otros actores.

Otros autores como Boucher & Reyes (2011), plantean el concepto de economía de las proximidades, como otro activo territorial, a partir de un recurso como la ubicación estratégica del municipio y su proximidad geográfica con ciudades y vías nacionales principales, logrando el contacto directo con consumidores desde la panela, y otros derivados y dulcerías como innovaciones en producto, así como el acceso de compradores directamente a las veredas y movilización de los productos a regiones aledañas.

De esta manera algunas agroindustrias rurales, principalmente la AIR comunitaria asociativa y algunas artesanales familiares que han logrado desarrollar un sello de calidad o innovaciones en producto, así como las AIR particulares con gran tecnología, han logrado constituir este activo desde una buena organización y capacidad de cooperación, tanto entre los productores como con otros actores del SIAL, tal es el caso de comercializadores.

CONCLUSIONES

Los cambios de tipo técnico, social y económico ocurridos en los últimos 50 años, dan cuenta de la existencia en Supía, Caldas, de un SIAL dinámico con raíces históricas y anclaje territorial, con conocimientos transmitidos por varias generaciones, arraigando un saber-hacer que se constituye como uno de los recursos más importantes de la región; al igual que otros recursos territoriales como la tecnología, las condiciones locales de clima y suelo y procesos de innovación.

Se clasificaron en el territorio 5 tipos de AIR, las cuales presentan diferentes formas de interacciones donde se evidencian relacionamientos verticales y horizontales, siendo estos últimos un elemento importante en particular, donde existen acciones colectivas importantes y mayormente dinámicas, tanto en la interacción y organización de la AIR a partir de asignación de roles, formas de aprendizaje mutuo, generación de confianza y el análisis colectivo de estrategias, así como en la interacción con el eslabón de mercado, a partir de la construcción de confianza desde formas más flexibles y cumplidas de pago y niveles de acuerdos de negocio con compradores y proveedores de insumos.

Los recursos  locales con que cuenta este territorio, han sido transformados en activos territoriales desde algunas AIR locales con acciones colectivas estructurales y formas de relacionamiento tanto en la propia AIR como en la esfera territorial, como dinámicas que han jugado un rol fundamental para el sostenimiento de la actividad panelera, por medio del mejoramiento de su acceso al mercado con panela de calidad e inocua y con innovación en el proceso y producto a partir del avance en la aplicación y cumplimiento de las condiciones impuestas por la Resolución 779. Tal es el caso de las AIR particulares, comunitarias asociadas, no asociadas y algunas artesanales individuales.

Sin embargo, es importante destacar que si bien es cierto que hoy existe mayor consciencia y cultura colectiva y de la asociatividad en el territorio que en el pasado, aún es determinante estudiar y profundizar en el fomento de relaciones de confianza, cooperación y reciprocidad entre productores locales en el territorio, pues la tendencia para la supervivencia del subsector panelero, pasa por la conformación de agroindustrias rurales comunitarias y asociadas, que logren además de usar los recursos del territorio, una inserción más eficiente en las cadenas de producción y su articulación a redes territoriales donde fluya la información, la cooperación y la confianza entre actores.

Adicionalmente, sería importante poder estudiar y proponer una hoja de ruta que conlleve a la promoción de una marca con denominación territorial, a partir de los recursos y activos con que se cuenta en la región. Para ello es preciso profundizar en el estudio del desarrollo territorial aplicando el enfoque de sistemas agroalimentarios localizados, como una contribución  a que los actores locales se conviertan en agentes activos de su desarrollo mediante la construcción de capacidades e innovación fundamentada en los activos territoriales (Boucher & González, 2013).

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1. Ingeniero Agrónomo, MSc Desarrollo Rural, Grupo de Investigación GISER Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia. Estudiante de Doctorado Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Ingeniero Agrícola, MSc, PhD Ciencias Agrícolas, Grupo de Investigación GISER, Profesor Asistente, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia.

Para citar este artículo: Ramírez-Gómez, C.J. y Rodríguez-Espinosa, H. (2017) Influencia de los recursos y las dinámicas del territorio en el sostenimiento de la agroindustria rural panelera de Supía, Caldas. Luna Azul, 44, x-x. DOI: 10.17151/luaz.2017.44.12. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=233

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES: ENTRE LA LEGITIMIDAD NORMATIVA Y LAS LEGITIMIDADES SOCIALES. CASO MINA LA COLOSA, CAJAMARCA (TOLIMA, COLOMBIA).¹

Claudia Alexandra Munévar Quintero2

Luisa Fernanda González Londoño3

Anyela Andrea Henao Londoño4

Recibido el 9 de julio de 2015, aprobado el 4 de marzo de 2016 y actualizado el 16 de diciembre de 2016

DOI: 10.17151/luaz.2017.44.10

RESUMEN

El presente artículo tiene como marco de análisis la descripción de un conflicto socioambiental, presentado en razón del proyecto minero adelantado en la mina La Colosa del municipio de Cajamarca (Tolima) en Colombia. En primer lugar, se conceptualiza sobre las diferentes posiciones teóricas del conflicto socioambiental a partir de teorías jurídicas, sociales y ambientales. Se analizan las diferentes dimensiones sociales, económicas y políticas del conflicto y se puntualiza en la descripción del caso objeto de estudio. En segundo lugar, se problematiza en torno a la legitimidad de las normas y las legitimidades sociales, a partir de lo analizado en el caso estudiado. Por último, se concluye que el alcance de la legitimidad perseguido por las normas y por la institucionalidad representada en el Estado no se agota en el simple cumplimiento de las normas. La legitimidad se materializa a través de la aceptación por parte de los asociados y de su correspondencia con las percepciones sociales.

PALABRAS CLAVE

Conflicto socioambiental, legitimación normativa, legitimidades sociales.

SOCIO-ENVIRONMENTAL CONFLICTS: BETWEEN NORMATIVE LEGITIMACY, AND SOCIAL LEGITIMACIES. THE CASE OF LA COLOSA MINE IN CAJAMARCA TOLIMA, COLOMBIA).

ABSTRACT

This article has the description of a socio-environmental conflict which occurred because of a mining project carried out in La Colosa Mine located in the municipality of Cajamarca (Tolima) in Colombia as the analysis framework. In the first place, the different theoretical positions concerning the socio-environmental conflict from legal, social and environmental theories are conceptualized. Different social, economic and political dimensions of the conflict are also analyzed focusing on the description of the case under study. In second place, the legitimacy of certain norms and social legitimacies from the analyzed case are problematized. Finally, it is concluded that the scope of legitimacy pursued by the rules and the institutionalization  represented in the State go beyond the simple compliance of the norms. Legitimacy is materialized through the acceptance by partners and its correspondence with social perceptions.

KEY WORDS

Socio-environmental conflict, legitimacy of rules, social legitimacies.

INTRODUCCIÓN

El significado de conflicto ha sido abordado desde diferentes teorías, ciencias y disciplinas, generalizando su concepto a confrontaciones y contradicciones entre grupos a partir de hechos, acciones y percepciones. A partir de esta significación, el artículo conceptualizará teóricamente el alcance del conflicto desde una mirada sociojurídica y ambiental, presentado las diferentes concepciones y teorías que definen este concepto. De igual forma, se contextualizará su noción a partir del estudio de caso de un conflicto socioambiental, descrito a partir del proyecto minero en el municipio de Cajamarca (Tolima).

A partir de estas divergencias se cuestionará el alcance del conflicto no solo en las esferas sociales, sino también frente al alcance de la legitimidad de las normas en términos materiales y sociales. Se discutirán las diferentes formas como se legitima el poder de dominación de las estructuras normativas y del Estado y de cómo, a partir de ellas, se generan las confrontaciones que dan lugar al conflicto.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

Diferentes posiciones teóricas se han aproximado hacia la definición del conflicto. La primera de ellas, desde una perspectiva atribuible a los científicos sociales a partir de la construcción de una teoría del conflicto. Silva (2008) presenta las variantes históricas de las teorías conflictualistas desde las posturas de Marx y la teoría sociológica liberal del conflicto. Sobre el primero, menciona que para Marx la unidad básica de análisis para mencionar el conflicto son las clases sociales, las cuales inician con luchas por los intereses enfrentados con las estructuras de poder. Sin embargo, para la teoría sociológica liberal, la unidad de clase social es general, puesto que no todos los conflictos tienen referente en ella (Silva, 2008, p. 31). En este sentido, esta teoría emplea la categoría de grupo social, entendiendo que existen otras partes asociadas al conflicto, diferentes a las clases sociales.

El conflicto, desde la perspectiva social, se reconoce como un proceso inherente a las interacciones sociales. Coser (1961, p. 42) establece: “El conflicto social siempre denota una interacción social”, producto de “una situación de divergencia social, es decir, de una relación contradictoria (disputa) que sostienen personas o grupos sociales separados al poseer intereses y/o valores diferentes” (Silva, 2008, p. 36). En este sentido, se puede afirmar que el conflicto hace parte de las construcciones⁵ y trasformaciones sociales y humanas, va implícito en las relaciones del hombre y, como lo establece Marx, ha contribuido a los cambios y progresos sociales.

Esta perceptiva del conflicto social permite identificar tres aspectos esenciales en la conformación del conflicto: hace parte de las relaciones sociales, lo constituyen partes o sujetos representados por individuos o instituciones, y exige la existencia de un objeto de confrontación. Ahora bien, cada una de estas características da lugar a la composición de diferentes clases de conflictos, según el tipo de relaciones e interacciones sociales, la identidad de las partes y el objeto que las confronta.

El objeto de confrontación define la naturaleza del conflicto, en el sentido que materializa la concepción de disputa e individualiza las partes. Cuando el objeto de disputa lo conforman aspectos relacionados con el ambiente o los recursos naturales se conocen como conflictos ecológicos o ambientales. Al respecto, Pérez, Zárate & Turbay (2011, p. 93) establecen: “Los conflictos resultantes de la relación entre el ser humano y la naturaleza se conocen como conflictos ambientales o socio-ambientales, referenciados en la literatura también como conflictos inducidos por el ambiente, ecológico-distributivos o de contenido ambiental”. No obstante, cada definición aporta una tesis con alcances y sentidos diferentes. Desde la perspectiva ecológica, autores como García (2014a, p. 11) hacen relación, entre otros aspectos, a conflictos “relacionados con la inequidad frente al acceso de recursos por parte de la población local”. Asimismo, Martínez-Alier (2006) se refieren a conflictos ecológico-distributivos como aquellos que si bien se encuentran por fuera del mercado, la economía genera incidencia en los resultados de dichos conflictos.

Por otra parte, con referencia a los conflictos ambientales, Pérez et al. (2011, p. 93) atribuyen la definición de conflicto ambiental al “tema de disponibilidad y acceso a los recursos naturales”. No obstante, se considera que la compresión netamente ecológica o asociada a recursos naturales resulta reduccionista frente a la definición del conflicto por causas ambientales, por cuanto estos no se forman solo por la fijación de los precios del mercado o por el agotamiento de determinado recurso, sino también por el valor que cada una de las partes le otorgan al objeto que está en confrontación. Estos conflictos, denominados socioambientales⁶, involucran aspectos ambientales, pero también culturales, ideológicos e identitarios que asocian relaciones y correspondencias con un espacio territorial y social de las partes que disputan un objeto de poder. Cuando se habla de un objeto de poder debe entenderse que este no solo depende de concepciones económicas, sino también sociales y culturales de las partes en conflicto. Para una institución el objeto de poder puede ser un factor económico, para una comunidad puede ser su territorio y las identidades construidas en él. Estas características aplican a diferentes escenarios de conflictos y constituyen un marco descriptivo de contextos sociales, donde se exponen estas categorizaciones de conflictos y donde se identifican diferentes actores en confrontación.

CONTEXTUALIZACIÓN DE UN CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL: CASO MINA LA COLOSA, CAJAMARCA (TOLIMA)

El contexto del presente conflicto se encuentra ubicado en el municipio de Cajamarca (Tolima), en donde se adelanta el denominado proyecto minero “La Colosa”, ejecutado por la empresa surafricana AngloGold Ashanti. El Estado colombiano concedió a la multinacional título de exploración minera, el cual se ha desarrollado en dos fases: prefactibilidad, entre los años 2010-2016 y factibilidad, entre los años 2017-2018. Según informes presentados por la sala de prensa de la multinacional minera, el proceso de licenciamiento estaría para el año 2018, culminando el proyecto minero para el año 2022⁷.

El municipio de Cajamarca se caracteriza por su vocación agrícola y por estas características, Cajamarca es denominado como la “despensa agrícola de Colombia”.⁸ Dentro de las políticas y normatividades del municipio, se tiene que dentro del Plan de Desarrollo del Municipio “Para volver a creer” (2012-2015), se considera como factor fundamental del desarrollo y la sostenibilidad del territorio el fortalecimiento y la competitividad del sector agropecuario, toda vez que esta apuesta generaría no solo el mejoramiento del PIB municipal, sino también fortalecería la generación de empleo y consumo. De igual forma, como propuesta de consolidación de la identidad cultural del municipio, el artículo 238 del Esquema de Ordenamiento Territorial, estableció como proyectos prioritarios “reforzar la convicción colectiva de que Cajamarca es la Despensa Agrícola del Departamento y del país”.

La realización de un proyecto minero contrastaría con la identidad histórica de Cajamarca, que se ha caracterizado como un municipio de vocación agrícola y no minera. Características que materializan un conflicto socioambiental en torno a la frontera agrícola con la minera, y que institucionalizan el conflicto socioambiental desde tres de las cuatro dimensiones planteadas por Fontaine (2004, p. 512): “La institucionalización de los conflictos socio-ambientales depende del entendimiento de las interacciones entre los actores en estas cuatro dimensiones”: social, “que se origina en la sociedad civil con la formación de movimientos sociales ambientalistas, campesinos […]”; político, “a través de su institucionalización […]; y económica, “debida a la presión de la deuda externa y a los procesos de integración regional, y una dimensión ética del punto de vista de la consolidación de los procesos de democratización y de paz”.

Respecto a la dimensión social, existen unas partes y unos sujetos representados por la sociedad civil; algunos de ellos se han constituido e identificado como movimiento sociales, cuya lucha y confrontación se enmarcan en el plano de la defensa del territorio, identidades, culturas, relaciones y todas las dimensiones de alcance estructural o interaccionista. Desde la entrada de la multinacional ha habido oposiciones por parte de la comunidad y dicha dimensión social se ha materializado por medio de movimientos sociales. Líderes activos de la comunidad han manifestado un proceso inicialmente de sensibilización a la comunidad, generando marchas, encuentros, audiencias públicas y convocatorias a consultas populares. Todos estos actos son manifestaciones de luchas por la defensa de sus territorios. Como lo define Silva (2008, p. 35): “[…] la conflictividad social penetra todos los campos de la vida sin excepción y […], alcanza tanto la dimensión macrosocial como la microsocial de la vida social”.

En segundo lugar, la dimensión económica se materializa de forma más visible en la contienda que envuelve el conflicto. Para el caso objeto de estudio, una de las confrontaciones que abarca la dimensión económica radica en las operaciones de la empresa AngloGold Ashanti. Esta compañía productora de oro tiene sus operaciones actualmente en cuatro continentes y constituye una multinacional de alto impacto financiero, que ofrece alternativas económicas para el municipio y sus pobladores, ofertadas en regalías, generación de empleos y actividades alternas como el comercio, hotelería y turismo, que son externalidades positivas del proyecto minero. No obstante, también se generan otro tipo de externalidades negativas como el deterioro social y ambiental con problemáticas como la informalidad del empleo, encarecimiento de los costos de vida, violencia, cambio de uso del suelo, degradación ambiental, entre otro tipo de externalidades que, como lo manifiestan Martínez & Roca (2001, p. 21), “dan lugar a movimientos de resistencia que utilizan distintos lenguajes sociales”.

Por lo anterior, la explotación minera se convierte en una alternativa económica importante para algunos sectores comunitarios y políticos, pero a su vez presupone un detrimento en la vocación cultural, social y económica del municipio. Estos cambios de configuraciones evidencian externalidades⁹ y confrontaciones frente a las valoraciones, toda vez que unas pueden ser de tipo económico y otras de tipo simbólico. Como lo establece Garay (2013, p. 14): “[…] estos conflictos locales y globales se expresan a través de distintos lenguajes de valoración bajo cosmologías divergentes […]. Se trata entonces […] de diversos sistemas de valoración en tensión y disputa: la valoración del mercado y la valoración simbólica/cultural/identitaria”.

Las actividades productivas de esta región del Tolima relacionan las identidades de la población con el reconocimiento al campo y a la tierra. Como se estableció anteriormente, dentro de las políticas establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Cajamarca se propone posicionar al municipio como productor agropecuario, con el fin de mejorar la competitividad en el contexto regional y nacional¹⁰. Estas dobles vías económicas desatan contraposiciones de visiones y percepciones frente a la vocación económica del municipio y generan conflictos en cara a esta dimensión.

Por último lugar, respecto a la dimensión política, existen, como lo manifiesta Leff (2003, p. 20), procesos extraeconómicos como los ecológicos y políticos “que desplaza[n] a la racionalidad económica al campo de la economía política”. Estos procesos convierten a la naturaleza en un “referente político, no solo de una política de Estado para la conservación de las bases naturales de sustentabilidad del planeta, sino como objeto de disputa y apropiación social” (Leff, 2003, p. 22).

En este sentido, desde esta dimensión se pueden enunciar dos perspectivas que la definen. Por un lado, la institucionalización (Fontaine, 2004); y por el otro, los postulados de poder, a lo que Silva (2008, p. 30), establece que: “las teorías sociológicas del conflicto son, por excelencia, teorías de sociología política, ya que el tema de poder ocupa un lugar principalísimo entre sus postulados”. Dentro de las muchas significaciones de poder, se puede entender en términos generales “(…) la posibilidad de que una persona, o varias, realicen su propia voluntad en una acción en común, aun en contra la oposición de otros participantes en la acción” (Weber, 2006, p. 45). Esta voluntad materializa esa institucionalidad, que respaldadada por factores de poder, actúa como parte del conflicto, pero en escenarios que, en palabras de Weber (1944), lo hace bajo estructuras de dominación, legitimadas por aspectos normativos o legales.

Explicando la lógica de la dimensión política y de los poderes de dominación visibilizados en este caso, la AngloGold Ashanti inicia su fase de exploración por medio de un proceso legal, sustentado y respaldado en el ordenamiento jurídico colombiano, a través de la Ley 685 de 2001: “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”. Allí se encuentran los lineamientos y criterios necesarios para la obtención de títulos mineros en Colombia. De igual forma, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política¹¹, el Estado colombiano, a través de la autoridad ambiental, tiene la responsabilidad de planificar la administración de los recursos naturales, con el fin de contribuir a sus sostenibilidad. En este sentido, es el Estado el legitimado legalmente para otorgar los permisos, títulos o licencias en toda fase de exploración o explotación.

En este sentido, este proyecto de exploración se legitima desde dos estructuras: una normativa y otra institucional. Normativa, toda vez que desde el orden jurídico se autoriza la explotación del recurso con base en lineamientos y políticas estatales, las cuales plantea el Estado a partir de sus Planes de Desarrollo. Para el caso de los proyectos mineros, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, estableció las actividades que impulsarán económicamente el desarrollo del país bajo la denominación de locomotoras de crecimiento¹², dentro de las cuales se encuentra el desarrollo minero-energético, identificada como la cuarta locomotora¹³, la cual, según lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (p. 208): “es innegable que este sector es y será en los próximos años uno de los ejes centrales de la economía colombiana”.

Respecto a la segunda estructura, esto es, la institucional, la legitimidad normativa descansa en una autoridad legal. Una de las afirmaciones y defensa de la AngloGold, es el otorgamiento de permisos y vigilancia por parte de las autoridades ambientales¹⁴. Al respecto, Weber (1944, p. 172) establece que la dominación legítima “descansa en la creencia de la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)”.

Esta legitimación identifica más sujetos en las partes de confrontación. No solo obedece a los sujetos descritos en la primera dimensión social, donde se mencionan los miembros de la sociedad civil o movimientos sociales, sino que además estas estructuras de dominación o poder visibilizan otros actores como la empresa y el Estado. El primero, como el sujeto que opera el proyecto y el segundo, porque legitima la operación del mismo. En sentido, las partes aunque representan dos escenarios de confrontación, la constituyen tres actores, que para el caso en concreto, tanto la empresa, como el Estado, (representando el segundo escenario de confrontación a través de dos actores), manifiestan el poder a través de la ley y la institucionalidad. Weber (2006, p. 45), establece:

Hay ley cuando existe la posibilidad de mantener un orden mediante un conjunto específico de hombres que aplicarán la coacción física o psíquica con el objeto de lograr una aceptación del orden o de sancionar una transgresión. El reparto de poder económico y de otra clase, depende directamente del ordenamiento legal existente en la comunidad. Esto es aplicable no sólo al Estado sino a todos los órdenes legales.

En este sentido, se pueden interpretar dos tipos de coacciones. Coacción física: la obligatoriedad de algo, so pena de una sanción como la prisión; o la coacción psíquica, que podría considerarla también como una coacción simbólica¹⁵. Al respecto García (2014b, p. 92):

Las normas jurídicas también pueden ser símbolos dirigidos a la representación. En este caso, su fuerza radica en el impacto mental que produce un discurso legal con capacidad para establecer la diferencia entre lo lícito y lo ilícito, lo justo o lo injusto, lo verdadero y lo falso y entendido como parte fundamental de instituciones político-jurídicas legítimas.

En el contexto de los conflictos socioambientales, hay poder del Estado cuando a través de la legitimidad de las normas y autoridades ambientales se autorizan e imponen los proyectos, así la comunidad se oponga. Este evento podría materializarse como una coacción psíquica, toda vez que a través del permiso que otorga el título de exploración o la licencia de explotación se genera ese impacto mental psíquico de legalidad y, por ende, de legitimidad.

ENTRE LA LEGITIMIDAD NORMATIVA Y LAS LEGITIMIDADES SOCIALES

Podría afirmarse en un primer momento que el actuar de una de las partes en conflicto (Empresa y Estado), goza de una presunción de legitimidad desde la perspectiva legal, mas no social. La legitimidad social se sustenta en la aceptación de las normas; aceptación que puede obedecer a razones políticas o ideológicas que, en palabras de Alarcón (2011), no solo depende de un mandato legal. En este sentido, la mera existencia de las normas no es una condición de legitimidad, toda vez que se requiere una aceptación por parte de la comunidad. Al respecto, Durán (1997, p. 33), establece:

No se puede omitir que el derecho no se agota en el derecho positivo, y por ello es obligado un acercamiento al derecho desde diferentes perspectivas: no solo desde el derecho que se aplica, sino también desde la legitimidad del contenido de las normas jurídicas; y también desde la aceptación de dichas normas por parte de los miembros del grupo.

Son los criterios de legitimación los que debe perseguir el derecho y esta concepción de legitimidad no solo radica en las definiciones otorgadas por la filosofía o sociología del derecho. La legitimidad de las normas y de las instituciones que las emiten también se ubican en los juicios de percepción de los asociados, en el sentido que esta legitimidad sea percibida, es decir, que los valores que pretenden alcanzarse no entren en conflicto o contradicciones. Como lo menciona García (2014b, p. 64): “casi nadie duda de los valores cuando se miran de manera aislada, uno por uno […]. El problema se presenta cuando dos o más valores entran en conflicto en un caso en concreto”. Así, para el Estado o la empresa el área a intervenir es considerada como un recurso de potencial aprovechamiento o explotación, pero para las comunidades ese territorio es más que un espacio físico o material, es un espacio simbólico donde se desarrollan sus formas de vida, ideologías e identidades.

Esta confrontación de valores y apreciaciones sobre el territorio, expresa el conflicto socioambiental descrito en el municipio de Cajamarca y se explica, entre otras razones, por las contradicciones y confrontaciones entre los marcos normativos que dan lugar al conflicto. Por un lado, el Estado, que dentro de las estipulaciones constitucionales y legales, atiende a sus políticas de desarrollo, cuyos propósitos y finalidades, entre otros, se enfocan en la explotación minera y en la atracción de capital extranjero para dicho fin. Este capital extranjero se materializa con la entrada de la multinacional AngloGold Ashanti, empresa cuyo proceder se legitima dentro del marco normativo que regula sus actuaciones; así como en la institucionalidad del Estado que autoriza y vigila su funcionamiento¹⁶.

No obstante, para la comunidad, existen “vicios de legitimidad”¹⁷ en estos procederes. La legitimidad para la población cajamarcuna no se limita al cumplimiento de las normativas legales, sino a la correspondencia de estas con los derechos humanos. Ven en el actuar, tanto de la empresa como del Estado, un desconocimiento de los derechos humanos y de los valores identitarios sobre su territorio, así todas esas actuaciones se hagan en el marco de la legalidad. Legalidad que se ve deslegitimada por la población.

Hasta ahora, el conflicto pareciera presentarse desde las diferentes percepciones de las partes frente a la norma, el objeto de poder y las distintas dimensiones sociales, económicas y políticas. Sin embargo, el conflicto va más allá del punto de vista de las partes, toda vez que “cada actor sigue una racionalidad y define el espacio del conflicto, conforme a criterios propios” (Fontaine, 2004, p. 525). La confrontación de las partes radica en la perspectiva de legitimidad o deslegitimidad, si también así quiere comprenderse. La legitimación depende del nivel de percepción que la comunidad tiene frente al derecho, en la medida en que este reconoce sus costumbres, sus valores, territorios y aun sus justicias. Del grado de percepciones sobre estos factores depende el reconocimiento o no del derecho, o más bien dicho, de la legitimidad de este.

[…] los pobladores desconocen al derecho debido a que sus normas entran en conflicto con otro tipo de normas sociales o de costumbres que ellos consideran que son tan o más importantes que el derecho mismo, cuando les toca escoger entre la ley y tales costumbres, escogen estas últimas. (García, 2004b, p. 127)

La consideración de normas jurídicas como no jurídicas constituye un elemento fundamental para su legitimidad, esto es, como se ha descrito anteriormente, de su aceptación por parte de la comunidad. En este sentido, debería hacerse una distinción entre la legitimidad de las normas y la legitimidad del derecho. Este último permitiría la comprensión y consideración de los aspectos no solo normativos e institucionales que, en palabras de Weber (1944), representan los poderes de dominación. Dentro de este concepto también se comprenden las normas sociales, las costumbres, las ideologías de los territorios y todos los aspectos asociados con los valores de la comunidad. Finalmente, es desde y por estos frentes que subyacen los conflictos sociales, que para el caso objeto de estudio serían los conflictos socioambientales.

CONCLUSIONES

Los conflictos como parte de los procesos propios de las interacciones humanas están envueltos de características no solo sociales, sino también políticas y jurídicas. Estos aspectos involucran diferentes factores de juicio, valoraciones y oposiciones que dan lugar al conflicto, esto es, al enfrentamiento de estructuras e interacciones, producto de la confrontación de intereses y poderes. En este caso, se denota que las políticas económicas y sociales del Estado parecen estar en contravía de las situaciones y problemáticas de los territorios; de un lado, el plan de desarrollo nacional no solo legitima sino que además potencializa los procesos de exploración y explotación minera, mientras que en las zonas donde se realizan estos procesos se percibe por parte de la comunidad una afectación a su entorno natural y a su cultura, costumbres y tradición productiva que provoca una alteración a sus estilos de vida e identidades.

En este sentido, los conflictos tienen partes, representadas en actores y en sujetos, las cuales obedeciendo a sus propias percepciones entran en defensa de sus propios postulados. Ahora bien, esos postulados no necesariamente acampan en el plano de la ilegalidad, como podría creerse desde la teoría del derecho. Tanto los individuos como las estructuras que hacen parte del conflicto argumentan factores legales y legítimos en su defensa. Esa legitimidad, concepto polisémico en los estudios jurídicos, posee un alcance amplio en sus interpretaciones, que agotan el discurso de la validez y eficacia del derecho y que propenden por la comprensión de su definición en contextos más sociales –más allá de su propia definición jurídica–.

Es en esta perspectiva en que se problematizó el proyecto minero objeto de conflicto y objeto de estudio. En este escenario confluyen diferentes actores que defienden su legitimidad. Unos desde la legitimidad de la norma y de sus instituciones y otros desde la legitimidad de sus valores, cultura e ideologías. Ambos aspectos cobijados y amparados por las normas, claro está, tanto normas jurídicas como sociales. Pero tanto las unas como las otras componen el derecho. Así es, aunque pueda sonar escandaloso para la teoría clásica del derecho, las normas sociales también legitiman las normas jurídicas; finalmente, en la mayoría de los casos, las normas jurídicas alcanzan su nivel de aceptación en la medida en que guarden correspondencia con sus normas sociales. ¿Todas? Por supuesto que no. Son aquellas normas que encuentran identidades con los derechos de la comunidad las que alcanzan ese nivel de legitimidad, que no es lo mismo que cumplimiento.

Mientras el Estado se legitime solo por el poder que le confieren las normas y con ellas la coacción, podrá ser un Estado con normas válidas y tal vez eficaces. No obstante, estos dos últimos aspectos no garantizan su legitimidad, y mientras este último aspecto no sea reconocido por las comunidades los conflictos seguirán subyaciendo y las luchas y confrontaciones seguirán deslegitimando a las normas y a la institucionalidad.

REFERENCIAS

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• Weber, M. (2006). Estructuras de poder. México: Ediciones Coyoacán.

1. El artículo se deriva del proyecto de investigación titulado: “Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de vulnerabilidad en la eco-región eje cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular”. Financiado por la Universidad de Manizales, el cual hace parte del programa de investigación “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eje cafetero, Antioquía y Bogotá: un camino posible de consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos de formación ciudadana”. Este programa está conformado por 3 instituciones: CINDE, Universidad de Manizales y Universidad Pedagógica Nacional, aprobado por Colciencias en el marco de la Convocatoria Pública No. 542 de 2011.

2. Abogada. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Estudiante Doctorado en Desarrollo Sostenible Universidad de Manizales. Docente-Investigadora, Universidad de Manizales. Manizales, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID iD 0000-0002-9190-6232

3. Abogada. Estudiante de Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales - Asistente de Investigación, Semillero de Investigación en Derecho y Conflictos Ambientales. Manizales, Colombia This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID iD 0000-0002-0056-1743

4. Abogada. Estudiante de Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales - Asistente de Investigación, Semillero de Investigación en Derecho y Conflictos Ambientales. Manizales, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ORCID iD 0000-0002-7206-755X

5. Desde un enfoque constructivista Felstiner, Abel & Sarat (2001, p. 41), definen: “Los conflictos no son cosas, son construcciones sociales”.

6. Sobre el alcance de lo socioambiental Rubio (2014, p. 126) establece que: “Es preciso entender que la palabra socio ambiental debería ser más que la unión de dos o más términos que en la práctica se muestran separados. Al margen de preservar los espacios disciplinares que son fundamentales para la producción de datos e información, lo socio ambiental apunta a una dimensión común, un espacio de sentido que puede estar presente, o no, en una disputa por el territorio o algún recurso”.

7. AngloGold Ashanti (s.f.). La Colosa. Una oportunidad de oro para el Tolima.

8. Según el informe de Colombia Solidarity Campaign (2011): “Cajamarca es un distribuidor importante de productos agrícolas para todo el país, siendo la despensa agrícola de Colombia; su clima templado es propicio para cultivos tales como la arracacha, el café, judías, guisantes, maíz, pimiento y muchas variedades de frutas tales como naranja, plátano y banano. También cuenta con fuentes de ríos que contribuyen de forma fundamental al regadío de las cosechas en otros lugares del departamento”.

9. “Los economistas suelen llamar ‘externalidades’ a los daños causados por una actividad cuyo valor no viene recogido en los costos y precios establecidos en los mercados” (Martínez & Roca, 2001, p. 447).

10. Ver objetivo 5. Esquema de Ordenamiento Territorial de Cajamarca, año 2000.

11. Artículo 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados […]”.

12. Plan Nacional de Desarrollo (p. 205): “Las locomotoras de crecimiento son los sectores o actividades económicas que van a definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años. Sectores con el potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el capital, el trabajo o los recursos naturales”.

13. Plan Nacional de Desarrollo (p. 205). “Las cinco locomotoras de crecimiento identificadas por el gobierno […] son: 1) nuevos sectores basados en la innovación, 2) agricultura y desarrollo rural, 3) vivienda y ciudades amables, 4) desarrollo minero y expansión enérgica, 5) infraestructura de transporte”.

14. Informe de AngloGold Ashanti (2014, p. 15): “En el año 2011, INGEOMINAS otorgó a nuestra compañía en Cajamarca, Tolima, los contratos de concesión minera EIG-163, GGF-151 y GLN-09261X, ubicados en la zona en la cual se está desarrollando el Proyecto exploratorio la Colosa. Otorgadas las concesiones mineras, acudimos al Ministerio Amiente para recibir orientación sobre los trámites a seguir, y las indicaciones de interacción con CORTOLIMA durante toda la fase de exploración; pues al no requerir licencia ambiental para la fase exploratoria, en ella recaía la competencia para el seguimiento de las actividades”.

15. García (2014b, p. 60) acuña el término de eficacia simbólica como: “una forma de captar la lógica de las luchas políticas que, en buena parte, son luchas por el sentido de las palabras”.

16. En pronunciamiento de la multinacional, sus actuaciones se encuentran legitimadas en el marco de la legalidad, vigilado y supervisado por la autoridad ambiental, en este caso, la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA: “Desde el 2010 contamos con la certificación en el sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional OHSAS 18001.2007; y cumplimos con todos los estándares nacionales e internacionales para el transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Todas las sustancias químicas que se usan en el Proyecto la Colosa, cuentan con sus respectivas hojas de seguridad y son almacenadas, transportadas y manipuladas acorde con la normatividad vigente y las normas técnicas obligatorias. Esto ha sido evidenciado por CORTOLIMA” (AngloGold Ashanti, 2014, p. 8).

17. Esta expresión fue utilizada por un ponente en la audiencia pública por el Congreso de la República de Colombia en el municipio de Cajamarca (Tolima), para referirse a un Estado que en el marco de sus actuaciones no garantiza los derechos humanos.

Para citar este artículo: Munévar Quintero, C. A., González Londoño, L. F., & Henao Londoño, A. A. (2017). Conflictos socioambientales: entre la legitimidad normativa y las legitimidades sociales. Caso mina La Colosa, Cajamarca (Tolima, Colombia). Luna Azul, 44, x-x. DOI: 10.17151/luaz.2017.44.10. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=231

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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO. UNA MIRADA DESDE LOS GRUPOS DE INTERÉS: EMPRESA, ESTADO Y COMUNIDAD.

Ángela María Niño Torres1

Juan Manuel Trujillo González2

Adriana Paola Niño Torres3

Recibido el 20 de junio de 2015, aprobado el 2 de marzo de 2016 y actualizado el 17 de diciembre de 2016

DOI: 10.17151/luaz.2017.44.11

RESUMEN

La gestión ambiental implica un manejo participativo en la solución de los problemas (García et al., 2014), al respecto el artículo presenta los resultados en cuanto a la percepción de los grupos de interés: Empresa, Estado y Comunidad, sobre aspectos relacionados con la gestión de residuos sólidos, este trabajo se enfocó en conjuntos residenciales de la ciudad de Villavicencio, con el objetivo de conocer la situación actual y establecer aspectos críticos como punto de partida para mejorar los procesos actuales en cuanto a la sostenibilidad de la gestión de residuos sólidos en la ciudad. Según el enfoque metodológico Investigación-Acción y la normatividad vigente, que consideran las necesidades y la percepción de los actores implicados, se implementan herramientas de investigación cualitativa como la entrevista semiestructurada, la encuesta y la recopilación de información secundaria, para su posterior análisis. Entre los resultados, se evidencia una política municipal debilitada ya que el Estado no tiene una percepción ajustada respecto a las competencias que le corresponden según la normatividad; y se destaca de forma positiva que los tres grupos de actores coinciden en que la Comunidad es principalmente el origen del problema, donde la búsqueda de soluciones debe orientarse en esta dirección. Es de resaltar que el 88% de la Comunidad manifiesta disposición a participar y cooperar reconociendo su papel fundamental, y evidencia la necesidad de mejorar las pautas actuales, por lo cual futuros proyectos o programas con su activa participación serían viables en gran medida.

PALABRAS CLAVE

Percepción, gestión, residuos sólidos, grupos de interés.

HOME SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE CITY OF VILLAVICENCIO. A VIEW FROM THE INTEREST GROUPS: COMPANY, STATE AND COMMUNITY.

ABSTRACT

Environmental management involves a participatory management in solving problems (García et al., 2014). On that regard, the article presents the results about perception of the interest groups: Company, State and Community, about issues related to solid waste management. This work focused on residential complexes in the city of Villavicencio in order to understand the current situation and establish critical aspects as a starting point to improve the current processes in terms of sustainability of solid waste management in the city. According to the Action-Research methodological approach and valid regulations, the needs and perceptions of the actors involved are taken into consideration, qualitative research tools such as semi-structured interview, survey and secondary data collection were implemented for a further analysis. Among the results a weakened municipal policy was evident since the State does not have an accurate perception regarding its responsibilities assigned by the regulations. The positive way in which the three groups of interest agree that the Community is primarily the source of the problem in which the search for solutions should be oriented is highlighted. It is important to emphasize that 88% of the Community expresses willingness to participate and cooperate recognizing their critical role, and they evidence the need to improve current guidelines, so future projects or programs with their active participation would be feasible to a large extent.

KEY WORDS

Perception, management, solid waste, interest groups. 

INTRODUCCIÓN

El desarrollo local plantea que todos los actores sociales deben ser considerados elementos importantes, debido al papel social y político que desempeñacada uno desde lasinstituciones oficiales, privadas, organizaciones sociales o como ciudadano, en un determinado proceso en procura de impulsar movimientos y acciones locales (Couto, 2006; García, Paz & Hernández, 2012). En este caso, la gestión de los residuos sólidos tiene como finalidad el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población y del ambiente, a través de un conjunto de actividades encaminadas a la reducción de residuos, aprovechamiento de los materiales, valorización energética, entre otras [Decreto 2981 (MVCT, 2013)]. Basado enqueen algunas ciudades los residuos sólidos generados con potencial de aprovechamiento son el 80%(Taboada-González,Aguilar-Virgen & Ojeda-Benítez,2011).

De acuerdo con el enfoque metodológico Investigación-Acción, se deben considerar las necesidades de los actores según su contexto en la gestión de los residuos sólidos (Lederer, 2013). En la ciudad de Villavicencio se identifican tres grupos de actores: Empresa, Estado y Comunidad. La Empresa, representada por el sector privado, ha tenido una gran evolución en su participación en la prestación del servicio desde la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994 (Uribe, 2014). Por su parte el Estado,visto como los municipios, debe atender aspectos de los servicios públicos a través de funciones de gestión (Cordero, 2011). La gestión ambiental se entiende como una herramienta participativa para la resolución de problemáticas, donde se combinanherramientas administrativas, tecnológicas, económicasy jurídicas, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y de los recursos naturales, en un marco de sostenibilidad (Muriel, 2006; García,Toyo, Acosta, Rodríguez & El Zauahre, 2014).

En este sentido, los principios básicos para la prestación del servicio de aseo en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, estipulados en el Decreto 2981 de 2013, artículo 3, se destaca “garantizar la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación” (MVCT, 2013). Basados en esto, el objetivo de este estudio fue conocer la percepción de los grupos de interés (Empresa, Estado y Comunidad), sobre aspectos relacionados con la gestión de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Villavicencio, y así contribuir con información de base que permita a los tomadores de decisiones mejorar los procesos actuales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El presente estudio se realizó en el área urbana de la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia (Figura 1), ubicada a 4°09’12” de latitud Norte y 73°39’06” de longitud Oeste, con temperatura promedio anual de 25,6°C (Alcaldía de Villavicencio, 2013), precipitación media anual registrada de 3700 mm, altura sobre el nivel del mar de 467 m y con una población estimada para el año 2014 en 473.718 habitantes (DANE, 2010).

Grupos de interés o stakeholders

Los grupos de interés o actores implicados en la gestión de residuos sólidos considerados en el estudio están al nivel de Empresa, Estado y Comunidad. En este sentido, como “Empresa” se determinó a Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P., única prestadora del servicio público de aseo en la ciudad. El “Estado” se representa a nivel municipal por la Secretaría de Ambiente, y se incluye a la autoridad ambiental Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). En la “Comunidad” se delimita a los habitantes de cinco conjuntos residenciales de los estratos 3 al 5: El Triángulo, Ciudad Real, Monte Bello, Caminos de Sevilla y Montecarlo.

Recolección de información

Las herramientas metodológicas aplicadas fueron: la entrevista semiestructurada,la encuesta y la recopilación de información secundaria (Clavijo & Pérez, 2014). Estas herramientas de investigación cualitativa permiten profundizar a través del conocimiento del individuo y las comunidades (Chárriez, 2012). De esta manera, se recopiló la percepción de los actores, basados en que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él (Blumer, 1982).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados sobre la percepción de los grupos de interés incluidos en el estudio, representados por la Empresa, el Estado y la Comunidad. En el primer apartado se contemplan tres aspectos comunes con el objetivo de presentar un punto de vista neutral exponiendo las ideas de los tres grupos de actores, y luego se dan a conocer diferentes aspectos específicos según las competencias de cada actor.

Convergencia de tres puntos de vista

¿Qué es la gestión de residuos sólidos?

Para la Empresa, la gestión de residuos sólidos corresponde a un servicio de recolección, transporte y disposición final, remitiéndose a la norma vigente. En segundo lugar, para el Estado, el secretario de Medio Ambiente habla de promover la recolección, transporte, disposición y aprovechamiento de residuos. En Cormacarena, autoridad ambiental, se relaciona el concepto con “hacer las cosas como se debe”, saber qué tipo de residuos se generan, dónde se van a acopiar temporalmente, qué porcentaje va a ser aprovechado o reciclado, para finalmente llegar a la disposición final como última opción dentro de un adecuado plan de gestión.

Mientras que para la Comunidad el concepto tiene múltiples interpretaciones tales como: “proceso de recolectar, transportar, procesar, reciclar y dar un destino final adecuado a los residuos” con el 2%. Otros señalan una o dos etapas de este proceso, donde “separación de residuos” se menciona en mayor proporción con el 32%. El 20% habla del “manejo de residuos generados”. El 16% alude a un sistema de reciclaje para evitar la contaminación. De igual forma, proporcionan diferentes definiciones en relación a los residuos sólidos con el 28%. Basados en esto, para la Comunidad el concepto de gestión de residuos sólidos se concibe en general como separación en la fuente, y es de resaltar que en varios casos el término “residuos sólidos” no se entendió en primera instancia y, asimismo se hace alusión a la palabra “basura” como un sinónimo.

Moreno & Rincón (2009) evidencian en la ciudad de Cali una tendencia a la resignificación de la basura como residuo sólido, lo que trae como consecuencia cambios en las prácticas de manejo de residuos sólidos. La percepción es un aspecto social con el cual el individuo tiende a aceptar o a rechazar objetos, eventos o situaciones. Por otro lado, para Salgado (2012) el término de residuo sólido ha empezado a sustituir el concepto de basura y los habitantes consideran que la gestión de residuos sólidos es una responsabilidad compartida.

¿Principal problemática de la gestión de residuos sólidos?

Para la Empresa el principal problema es la cultura ciudadana, afirmación basada en su experiencia con programas voluntarios como el de “Ruta Selectiva”, dirigido a empresas y conjuntos residenciales, donde han capacitado a las personas pero todavía no hay cultura de separación. Cercana a la preocupación de la Empresa, para el Estado el principal problema es la indisciplina social que involucra la comunidad, la educación al ciudadano y la indiferencia de los funcionarios públicos y del sector productivo. Para la autoridad ambiental, Cormacarena, el porcentaje de aprovechamiento debe ser mucho más alto; la empresa de aseo presta un buen servicio de rutas y horarios de recolección, pero se destaca la falta de articulación entre el usuario y la empresa, la distancia del relleno sanitario con la ciudad, y la baja cultura en la separación en la fuente.

En la Comunidad el 34% indica la falta de educación de la sociedad en cuanto al manejo y separación de residuos como el principal problema. En segunda instancia, el 18% señala la falta de concientización ante la problemática. El 14% habla de la falta de cultura o hábitos en la sociedad y conocimiento sobre el tema. El 10% dice que es la falta de compromiso de los habitantes, mientras que el restante 24%atribuye a diferentes aspectos de logística de la empresa de aseo para el transporte de residuos reciclables y la falta de control del municipio.

Conocer el punto de vista de la comunidad es esencial, ya que es un actor fundamental en la gestión de residuos sólidos, al ser generador y punto de partida de la problemática, ya que le compete la separación en la fuente como eslabón inicial en esta cadena (Moreno & Rincón, 2009); se encuentra que la mayoría (76%) es consciente de esto. Así mismo, la Empresa y el Estado coincidieron en que el problema se origina especialmente en la sociedad, teniendo en cuenta que este reside en el estilo de vida consumista de las sociedades contemporáneas (Lipovetsky, 2000). Resultado que coincide con Taboada-González et al. (2011), donde el 75% declaró que la solución debe provenir de la organización comunitaria, fomentando actitudes de pertenencia y corresponsabilidad entre los habitantes.

Forma de participación de los grupos de interés

La Empresa destaca que es la encargada de recoger residuos sólidos domiciliarios y comerciales, y realiza una gestión valiosa para mantener la ciudad limpia con su programa de educación “Bioagrícola en tu Barrio” en cuanto al manejo de residuos y la cultura del servicio de aseo, pero existen aspectos por mejorar. El secretario de Medio Ambiente expresa que su forma de participación es realizando educación ambiental y organizando a la comunidad, colegios y sector productivo en jornadas de limpieza en caños y ríos o donde sea solicitado. Cormacarena menciona que hacen campañas con un equipo de educación ambiental en colegios, imprimen cartillas o guías ambientales y tienen un programa de recolección de pilas.

Los actores Empresa y Estado, a pesar de ser positivo su aporte en cuanto a educación como un aspecto esencial para cualquier plan de gestión de residuos sólidos, al estar condicionados “por la educación del individuo y el entorno cultural en el que interactúa” (Vásquez, 2011), en la mayoría de los casos estas iniciativas están desarticuladas. Mencionan sus gestiones actuales sin ir más allá de lo que podrían aportar, y un aspecto preocupante es encontrar una política municipal debilitada, ya que el Estado establece que no es competencia del municipio, e indica que sobre el tema se debe consultar a la Empresa de aseo, lo que muestra que no han apropiado el rol que les corresponde según la normatividad vigente.

Finalmente, se destaca que la Comunidad tiene clara la forma en que puede aportar a mejorar los procesos actuales, ya que el 48% considera la separación en la fuente como la forma en que participaría, y enfatiza en que se debe separar en orgánicos e inorgánicos o residuos reciclables y no reciclables. En segundo lugar, el 26% indica que participaría reciclando en el hogar. El 6% considera que podría participar al concientizar a familiares y amigos sobre esta problemática. Y en una proporción del 4% destaca aspectos como reducir la generación de residuos, ser solidario comunitariamente y participar en capacitaciones.

Empresa

Bioagrícola del Llano S.A. resalta que el programa de “Ruta Selectiva”, dirigido a conjuntos residenciales desde hace aproximadamente 12 años, hace una contraprestación en árboles y abono, además cuenta con un vehículo de recolección exclusivo para residuos reciclables y un total de 132 clientes, que recuperan aproximadamente 23.400 kg de materiales que pueden incluirse nuevamente en el ciclo de producción: 103 son empresas y colegios con 20.710 kg recuperados, y 29 son conjuntos residenciales con 2.690 kg recuperados. El programa es orientado a responsabilidad social de la empresa con el objetivo de crear cultura de los residuos sólidos, y los costos no se incluyen en la tarifa del servicio de aseo.

El esquema de “Ruta Selectiva” se realiza de la siguiente manera: inicia con la capacitación de usuarios con temas de separación en la fuente y formación de líderes. Los resultados han sido más efectivos con los clientes comerciales y el principal problema es la inadecuada separación. Dentro de las mejoras del programa está la búsqueda de estrategias para motivar a los usuarios especialmente los residenciales, ya que pasado el tiempo disminuyen el entusiasmo y el nivel de cantidad de residuos recuperados.

Estado

Respecto a la Política de Gestión de Residuos Sólidos, el secretario de Medio Ambiente indica que “no es competencia” del municipio la gestión de residuos sólidos pero trabajan limpiando los botaderos ilegales, y aclara que tienen un papel educativo, por lo cual realizan jornadas de limpieza y educación ambiental, con 1.915 toneladas de residuos recolectadas en la vía pública durante 18 meses. El municipio no tiene metas en esta materia ya que delegó a la empresa de aseo y no hay personal específico responsable de la gestión de residuos sólidos, pero –según el secretario de Medio Ambiente– existen acciones por cumplir, de acuerdo al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS–, en cuanto a educación ambiental como un proceso de apoyo pero no como una obligación de la Secretaría.

Actualmente, los países latinoamericanos presentan tasas de urbanización altas respecto a otros lugares del mundo, allí el 80% de la población se concentra en la ciudades, este panorama es muestra de un deficiente control y un bajo nivel de planificación de las autoridades locales (ONU-Hábitat, 2012), aspectos que se evidencian claramente en el caso del municipio de Villavicencio, donde la Política de Gestión de Residuos Sólidos debe ser desarrollada ampliamente desde la Alcaldía, ya que el bajo nivel de planificación trae como consecuencia desigualdad, marginación social y grandes impactos negativos en el ambiente. La sostenibilidad urbana, es decir “el desarrollo que proporciona calidad de vida sin degradar las condiciones ambientales de la ciudad y su entorno” (Red de Ciudades Cómo Vamos, 2011), es una necesidad, y el primer paso para lograrlo es la toma de conciencia del rol y responsabilidad por parte del ente territorial.

Por su parte, Cormacarena establece que la responsabilidad de esta gestión es del municipio, y en el PGIRS se deben plasmar las actividades a desarrollar. La corporación trabaja junto a los municipios con seguimiento y control respecto a las acciones implementadas para la gestión de residuos sólidos, otorga licencias a proyectos de relleno sanitario, verifica que no existan botaderos a cielo abierto, evalúa información de interventoría respecto a lixiviados, agua y aire, y realiza visitas de control a celdas transitorias. En el plan de acción de la Corporación Autónoma Regional –CAR– se establecen metas para cada una de las temáticas ambientales, apoyando a los municipios para organizar la gestión de residuos sólidos. Para lo cual, tienen dos funcionarios en el tema de residuos sólidos dentro del grupo Aire y Urbano, que trabaja hace tres años el tema. Es de destacar que no existe un presupuesto para la gestión de residuos sólidos.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente se observa que el nivel de organización de los recuperadores informales es bajo, y se debe ayudar para que puedan tener una fuente de trabajo digna. Cormacarena establece que no existe un programa especial para esta población en la ciudad y no están censados. La corporación tiene una base de datos de las empresas recicladoras, a las cuales hace seguimiento. Finalmente, en cuanto al estado del proceso de actualización del PGIRS, el secretario de Medio Ambiente considera que se debe actualizar, pero se requieren estudios costosos y no hay un presupuesto para esto. Cormacarena indica que el tema lo manejan la Alcaldía y la empresa Bioagrícola del Llano S.A.

Comunidad

Respecto a las personas encuestadas en conjuntos residenciales, el 70% tiene casa propia y el 30% vive en arriendo, su tiempo de residir en el conjunto residencial es de 1 a 30 años, con un promedio de 9,4 años. El 60% femenino y el 40% masculino. El 30% se dedica al hogar, el 54% es empleado/independiente y el 16% estudiante de nivel universitario.

Respecto a la importancia de la gestión de los residuos sólidos, es fundamental encontrar que el 76% de las personas encuestadas determina como la principal razónel “minimizar el impacto ambiental”, y en segundo lugar, con el 24%, “la no proliferación de enfermedades”. Reconocer estos aspectos es positivo en el camino para la concientización de las consecuencias negativas de la generación de los residuos sólidos en el medio ambiente, la salud y bienestar de la sociedad. Guerra (2001), en sus postulados, habla de que se deben replantear los valores y la forma de vida de una sociedad consumista, en un enfoque microético, la vida cotidiana cobra un nuevo sentido moral, para lo cual es necesario una apropiación de la conciencia ambiental, la cual determina los actos de las personas, y sería en forma definitiva y profunda al existir un entendimiento de las razones por las cuales se debe actuar de una determinada forma.

Por otro lado, el 70% de la Comunidad aplica alguna estrategia de gestión de residuos sólidos en su casa, porque sabe que acude un reciclador o recuperador que depende económicamente de estos recursos; y de este porcentaje, el 74% afirma que realiza separación en la fuente de reciclables y no reciclables, el 17% separa plástico, y el 9% manifestaron que “reciclan”. En cuanto al destino de los residuos sólidos generados en los conjuntos residenciales, se encuentra que la empresa de aseo y los recicladores o recuperadores son los principales; el 2% reutiliza papel o cartón y vidrio. El 98% de los residuos de cocina tiene como destino final el relleno sanitario a través de la empresa de aseo. Finalmente, los residuos que presentan mayores niveles de recuperación son los envases PET y el papel o cartón generados en el hogar al entregarlos a un reciclador, con el 68% y 66% respectivamente, seguidos por las latas (50%) y el vidrio (44%). (Tabla 1).

Por otra parte, el 28% de las personas encuestadas manifestó que ha recibido información o capacitaciones relacionadas con la gestión de residuos sólidos en el conjunto residencial, pero no son constantes y no corresponden a un programa de capacitación. Así mismo, el 96% de la Comunidad manifiesta la necesidad de mejorar las reglas o pautas establecidas actualmente, y se destaca que el 44% realiza propuestas dirigidas a la educación como principal factor. El 17% cree que implementar la separación de residuos en los hogares es fundamental, y en igual proporción indica la importancia de establecer un punto ecológico. El 10% considera establecer normas en cuanto a una mejor gestión de los residuos en el conjunto con el compromiso de todos. El restante 12% corresponde a propuestas como participación de la administración del conjunto residencial, la Alcaldía municipal, entre otras.

Al respecto, se encuentra que el 88% de la Comunidad está dispuesta a participar y cooperar con integrantes de su familia en programas y talleres que se emprendan en el conjunto residencial, un porcentaje positivo, ofreciendo grandes expectativas en cuanto a realizar diferentes actividades para mejorar la gestión de residuos sólidos. En este aspecto, se debe recordar que el 70% de las personas encuestadas son propietarios, por lo cual la continuidad y sostenibilidad en el tiempo de programas que se emprendan sería de largo plazo. Iniciativas que estarían justificadas ya que el 96% evidencia la necesidad de mejorar el sistema actual. Se puede llegar a pensar que en los conjuntos residenciales hay un mayor sentido de pertenencia y normas de convivencia que propenden por el bienestar de la comunidad para adelantar estos procesos, lo que contrasta con los diferentes barrios del municipio, donde se ha presentado un proceso de ciudad, en el que se alejan las personas al interior de los hogares con respecto a la vecindad (Safa, 1995).

CONCLUSIONES

En la relación entre actores se evidencia como conflicto una baja comunicación, y como factor relevante se destaca que el Estado no tiene una percepción ajustada a la normatividad vigente respecto a las competencias que le corresponden, lo que da cuenta de una política municipal debilitada y la gran cantidad de aspectos por mejorar, aunque existe una noción acorde al concepto de gestión de residuos sólidos. La empresa de aseo, como empresa privada, tiene claridad al respecto pero no hace grandes propuestas en cuanto a su participación en el mejoramiento del sistema actual.

Los tres grupos de actores coinciden en que la Comunidad es principalmente el origen del problema, lo que es positivo en la medida en que las partes implicadas irían en la misma dirección en la búsqueda de soluciones, y es de resaltar que la Comunidad manifiesta disposición a participar y cooperar, reconociendo su papel fundamental. Acercarse a la percepción de los tres grupos de actores se constituye como un proceso sumamente importante para conocer desde dónde se pueden generar los cambios en lo cotidiano, en la concienciación de lo que es importante o no, y los conceptos que manejan, como un aspecto a considerar en el diseño de programas de educación ambiental y diferentes iniciativas a nivel municipal para el fortalecimiento de la política de gestión de residuos sólidos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los habitantes de los conjuntos cerrados (El Triángulo, Ciudad Real, Monte Bello, Caminos de Sevilla y Montecarlo), por su participación en el proyecto, y a los funcionarios de las entidades públicas y privadas que aportaron sus opiniones.

POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES

No existe ningún conflicto de intereses respecto a la publicación de este artículo, el cual se elaboró a partir de la tesis de maestría de Ángela María Niño Torres con la asesoría de Juan Manuel Trujillo y Adriana Paola Niño Torres.

REFERENCIAS

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1. Magíster en Gestión Ambiental Sostenible. Docente tiempo completo, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Llanos. Villavicencio, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID 0000-0002-8967-6730

2. M.Sc. en Ciencias Ambientales. Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquia Colombiana (ICAOC) - Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Sostenible (GIGAS). Villavicencio, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID 0000-0001-9612-4080

3. Administradora de Empresas. Docente catedrática, Universidad de los Llanos. Villavicencio, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ORCID 0000-0003-1388-1786

Para citar este artículo: Niño Torres, Á.M., Trujillo González, J.M., & Niño Torres, A.P. (2017). Gestión de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Villavicencio. Una mirada desde los grupos de interés: Empresa, Estado y Comunidad. Luna Azul, 44, x-x. DOI: 10.17151/luaz.2017.44.11. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=232

Esta obra está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento CC BY 

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA CON ENFOQUE PARTICIPATIVO: UN DESAFÍO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN COLOMBIA

Juan-David López-García¹

Yesid Carvajal-Escobar²

Angélica-María Enciso-Arango³

Recibido el 16 de septiembre de 2015, aprobado el 5 de mayo de 2016 y actualizado el 20 de diciembre de 2016

DOI: 10.17151/luaz.2017.44.14

RESUMEN

La mayor parte de la población colombiana está en condiciones de riesgo debido a factores hidroclimatológicos, fuertemente influenciados por la variabilidad (VC) y el cambio climático (CC). A esto se suma el aumento de la vulnerabilidad por la inadecuada planificación y ocupación del territorio, propia de países en desarrollo. En este sentido, los sistemas de alerta temprana (SAT) facilitan los procesos de adaptación y mitigación de impactos, por lo que se constituyen en uno de los ejes transversales de la gestión del riesgo. En este trabajo se presenta una reflexión de diversos enfoques y experiencias nacionales e internacionales en SAT. A partir de lo anterior, se identificó que muchos SAT no llegan a ser implementados; y una vez en funcionamiento, existe desequilibrio entre sus componentes. Por otro lado, no se ajustan a las necesidades de los territorios como consecuencia de la escasa participación comunitaria, tanto en la etapa de diseño como en la de operación. Por ello, se considera que para obtener resultados eficaces, que promuevan la construcción de resiliencia, son necesarios SAT con enfoque participativo, que fortalezcan las capacidades de las comunidades para enfrentar las condiciones de riesgo de su entorno.

Palabras clave: Variabilidad climática, cambio climático, vulnerabilidad, sistema de alerta temprana, gestión del riesgo.

EARLY WARNING SYSTEMS WITH A PARTICIPATIVE APPROACH: A CHALLENGE FOR RISK MANAGEMENT IN COLOMBIA

ABSTRACT

Most of the Colombian population is facing risks due to hydroclimatological factors, strongly influenced by the climate variability (CV) and climate change (CC). Likewise, vulnerability is continuously increasing because of inadequate land planning and occupation, common in developing countries. Therefore, early warning systems (EWS) facilitate the processes of adaptation and mitigation of impacts, which is why they constitute one of the transverse axes in risk management. This study aimed to review approaches to and field experiences with EWS throughout the world, including Colombia. We identified that many EWS are unimplemented; and once in operation, there exists an imbalance among components. On the other hand, some EWS fail to meet the territory needs as a result of poor community participation, both at design and operation stages. Hence, a participative approach in EWS to tackling risks and building up the capacities of the communities should be promoted for obtaining effective results.

Key words: Climate variability, climate change, vulnerability, early warning systems, risk management.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático (CC) y en especial la variabilidad climática (VC) ocasionan frecuentes anomalías en el ciclo hidrológico, que impactan negativamente los ecosistemas y la sociedad (Sánchez et al, 2011; Vincent, 2007; Brown y Funk, 2008). Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en América, Asia y el norte de Europa existen tendencias al incremento de la precipitación, aumentando la probabilidad de ocurrencia e intensidad de eventos extremos y desastres como deslizamientos e inundaciones (IPCC, 2012), que dadas las crecientes condiciones de vulnerabilidad y pobreza en el mundo, podrían aumentar en un 50% el número de personas afectadas para 2015, alcanzando 375 millones de damnificados (Petrone y Petri, 2011). Sin embargo, las amenazas naturales por sí solas no ocasionan desastres; estos se generan por la combinación de factores como una población expuesta, vulnerable y poco preparada, enfrentada a dichas amenazas (ONU y EIRD, 2008). Es por esto que a pesar de que los efectos del CC afectarán a escala mundial, los países más pobres serán los más damnificados, debido a la vulnerabilidad de su población; por la localización en zonas de alto riesgo; y por la falta de políticas y tecnologías adecuadas para prevenir, controlar y mitigar estos eventos y sus impactos.

Colombia es un país altamente vulnerable a los efectos del CC y la VC, por la recurrencia de eventos climáticos extremos, siendo El Niño Oscilación del Sur (ENOS), en sus fases, cálida (El Niño) y fría (La Niña); el modo dominante de VC y el fenómeno natural de mayor impacto socioeconómico en Latinoamérica, por su potencial para desencadenar sequías, inundaciones, olas de frío o de calor y tormentas, entre otros (Carvajal et al., 2007; Bedoya et al., 2010; García et al, 2012). Un ejemplo de pérdidas económicas por eventos climáticos es el fenómeno “La Niña” de 2010-2011, que dejó cerca de 5,2 millones de personas afectadas y pérdidas económicas estimadas en $8,6 billones, reflejando la complejidad de las condiciones de riesgo existentes en el país y los vacíos y deficiencias en la capacidad de gestión del riesgo (Campos et al, 2012; Sedano et al, 2013).

Según el informe Stern (2007), actuar hoy frente al CC resulta menos costoso que afrontar las pérdidas que generarían sus impactos futuros sobre la economía. Entre las estrategias para enfrentar el CC, la gestión del riesgo representa un elemento clave, ya que trata de suministrar información a la comunidad sobre los distintos fenómenos hidrometeorológicos, con el fin de reducir sus impactos. De las diferentes acciones que se enmarcan en este concepto, los sistemas de alertas tempranas (SAT) son una de las principales estrategias de adaptación frente al CC, que procuran evitar pérdida de vidas y disminuir los impactos económicos, sociales y ambientales, especialmente en las poblaciones más vulnerables. La eficacia de estos sistemas radica en la participación activa de las comunidades, siendo la educación, la base para tomar conciencia de los riesgos a los que se enfrentan.

La implementación de los SAT, como estrategia para reducir los efectos de la VC y el CC, cobra cada vez más relevancia, y aunque existe abundante información, ésta en muchos casos se encuentra dispersa, aislada, incompleta o no es asequible. En Colombia existen experiencias interesantes de implementación de SAT locales, sin embargo, la mayoría de los casos no están sistematizados o no se han recopilado en un conjunto de estrategias que recomienden las lecciones aprendidas de los mismos. Este trabajo, analiza y evidencia la motivación y situación actual de los SAT en Colombia, para diagnosticar su estado y compararlo con tendencias latinoamericanas y mundiales, con el fin de ofrecer lineamientos y recomendaciones para un eficaz y mejor uso.

METODOLOGÍA

Se revisaron experiencias cuyo criterio de búsqueda incluye artículos científicos, informes y documentos institucionales, libros y archivos periodísticos. Se realizó una búsqueda sistematizada de información para aumentar la probabilidad de hallar la cantidad adecuada de documentos pertinentes y relevantes sobre el tema; identificando, analizando y sintetizando información sobre diferentes conceptos, enfoques y experiencias exitosas en SAT, tanto del ámbito nacional como internacional. Así mismo, se identificaron y analizaron los principales desafíos que enfrentan estas herramientas en el futuro para luego ofrecer recomendaciones aplicables al contexto colombiano, con lineamientos que permitan mejorar las deficiencias que dichos sistemas presentan para el logro de un funcionamiento más eficaz. 

MARCO DE CONTEXTO

• Generalidades de la hidroclimatología colombiana

La hidroclimatología de Colombia está principalmente determinada por: (1) su ubicación en la franja ecuatorial y en el trópico americano, bajo la influencia de los vientos alisios y la oscilación meridional de la zona de convergencia intertropical (ZCIT), que determina la distribución espacio–temporal de la precipitación y de otras variables hidroclimatológicas en el país; (2) su localización al noroccidente de Suramérica, que permite la influencia de procesos que ocurren en los océanos Pacífico y Atlántico, como importantes fuentes de humedad atmosférica que penetran hacia el interior del país; (3) la influencia de la circulación atmosférica de la cuenca Amazónica; (4) su formación fisiográfica que incluye la cordillera de los Andes, como barrera orográfica, con valles interandinos y vertientes de cordillera, que inducen la formación de climas locales y regionales complejos; (5) la variabilidad de los procesos de la hidrología superficial, tales como los contrastes en humedad de suelo y evapotranspiración, fuertemente influenciados por la vegetación, el tipo de suelos y la circulación de vientos locales; (6) y la interacción océano–tierra-atmósfera sobre la franja más al este del Océano Pacífico tropical, realzada por la dinámica del “chorro del Chocó”, una corriente de vientos húmedos de bajo nivel, que penetra al territorio colombiano (Poveda, 2004; Poveda y Salazar, 2004; Puertas y Carvajal, 2008; García et al., 2012; Carvajal et al, 2014).

La localización del país en la franja ecuatorial hace especialmente difícil separar los efectos del CC y la VC, dado que la última ejerce una fuerte influencia en las condiciones normales del clima, y sus efectos no se perciben de manera homogénea en el territorio nacional (García et al, 2012). En Colombia, el efecto de la VC natural suscita enormes riesgos a los sectores sociales y económicos, debido a la intensidad de los eventos que presentan y que están influenciados principalmente por el fenómeno ENOS (Montealegre y Pabón, 2000). La influencia del ENOS y su impacto, es diferente para cada región y depende de factores como su proximidad al océano Pacífico, siendo el occidente y centro del país, las regiones donde más se evidencian sus efectos.

• Efectos del ENOS en el contexto nacional

En Colombia, durante la fase fría del ENOS (La Niña), la persistencia de las lluvias satura de humedad el suelo, originando crecientes súbitas, avalanchas, deslizamientos e inundaciones. Caso contrario ocurre durante su fase cálida (El Niño); la ausencia de precipitaciones genera sequías extremas, que ocasionan déficit de suministro de agua potable, producción agrícola y energía eléctrica e incendios forestales, entre otros (Mantilla et al., 2009; Puertas et al., 2011; Carvajal, 2011). Los impactos que generan ambas fases, dependen y están relacionados con el grado de vulnerabilidad de las diferentes regiones y de los sectores de la actividad nacional.

Durante La Niña se incrementan las inundaciones, siendo los desastres que más daños provocan en el mundo, con mayores efectos negativos en las poblaciones de los países más pobres, seguidas de los movimientos en masa, ocasionados por intervenciones antrópicas o por procesos naturales (Petrone y Petri, 2011; Aristizábal et al, 2011). En Colombia, el 28% del territorio presenta un alto potencial de inundaciones y el 8% amenaza alta por movimientos en masa (Campos et al., 2012). Estos eventos han demostrado históricamente su capacidad destructora, ocasionando cuantiosas pérdidas humanas y económicas, especialmente en zonas tropicales y terrenos montañosos, que por sus características fisiográficas y socioeconómicas presentan una alta susceptibilidad a desarrollar este tipo de procesos (Schuster, 1996). Los últimos 40 años han estado marcados por más de 28 mil eventos desastrosos, cuyas pérdidas rondan los US$7.100 millones. La susceptibilidad a fenómenos hidrometeorológicos ha crecido en aproximadamente un 330%, debido a procesos inadecuados de ordenamiento territorial, degradación ambiental y factores asociados con la VC, entre otros (Campos et al., 2012). Las cifras demuestran la necesidad de incorporar nuevas herramientas para la gestión del riesgo en el país, como estrategia para reducir los efectos de la VC y el CC, con un enfoque diferente y orientado a la integración y participación de las comunidades; así mismo, que consideren procesos integrales, que permitan reducir el nivel de afectación de estos fenómenos. De esta forma, cobran relevancia herramientas como los SAT, que permitirían mejorar la capacidad de adaptación a eventos extremos en los próximos años.

• La gestión del riesgo en Colombia

En Colombia el 82% de la población está bajo condiciones de riesgo debido factores geológicos, geomorfológicos, hidroclimáticos, y al creciente aumento de la vulnerabilidad, como resultado de la inadecuada planificación y ocupación del territorio. Así mismo, se tienen asentamientos con infraestructura deficitaria y altos índices de pobreza. La vulnerabilidad es el resultado no sólo de la ocurrencia de fenómenos peligrosos, si no de la forma en que las sociedades se han desarrollado, se organizan, se preparan para enfrentarlos y se recuperan de ellos (Landa et al., 2008; Campos et al., 2012; Fernández y Sabas, 2012).

El gobierno nacional ha venido modificando la estructura normativa para hacer frente a los desastres, con el fin de reducir o evitar impactos de gran magnitud. Se ha pasado así del concepto de “atención de desastres”, con la creación del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el año 1989, a la “gestión del riesgo”, con la sanción de la Ley 1523 de 2012, por la cual se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en cabeza de la UNGRD (Figura 1) (UNGRD, 2012; Colombia Humanitaria, 2012).

Como consecuencia de los cambios de enfoque en las políticas nacionales, el país ha adquirido compromisos en el marco de acuerdos internacionales, como el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, aprobado durante la Segunda Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres llevado a cabo en Hyogo-Japón. El marco cuenta con cinco prioridades de acción: 1) velar porque la reducción del riesgo de desastres constituya una prioridad nacional y local; 2) identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y potenciar la alerta temprana; 3) utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de resiliencia; 4) reducir los factores subyacentes del riesgo; y 5) fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una respuesta eficaz a todo nivel. Con base en estas prioridades, los SAT toman gran relevancia en la gestión del riesgo nacional.

• Conceptos básicos y componentes de un sistema de alerta temprana (SAT)

Los SAT son definidos como el conjunto de dispositivos y capacidades necesarios para generar y difundir una alerta oportuna, que avise sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o antrópico, que puede desencadenar un desastre, con el fin de evitar o mitigar sus impactos (Ocharan, 2007; OEA, 2010; Domínguez y Lozano, 2014). De acuerdo con la United Nations International Strategy for Disaster Reduction– (UNISDR, 2009), un SAT comprende cuatro elementos fundamentales (Figura 2): 1) conocimiento del riesgo; 2) el monitoreo, análisis y pronóstico de la amenaza; 3) comunicación o difusión de las alertas y los avisos; y 4) capacidades locales para responder frente a la alerta recibida.

Los SAT que involucran a la población y que se ajustan a las realidades territoriales, tanto en la fase de diseño como de operación, representan un eje transversal en la gestión del riesgo y deben estar presentes en varios de sus procesos, ya que integran aspectos misionales e incorporan todos sus componentes: prospectivo, correctivo y reactivo (Figura 3), específicamente los de tipo reactivo; partiendo del análisis de la amenaza, el establecimiento de sistemas de monitoreo para la alerta y la preparación de la población para actuar frente al riesgo (UNESCO, 2012).

ELEMENTOS DE LOS SAT Y SU FUNCIONAMIENTO EN COLOMBIA

• Conocimiento del riesgo

La base para la construcción de un SAT, es la información que se pueda obtener sobre los eventos que han desencadenado desastres en un territorio, y su efectividad depende de la calidad y cantidad de la misma. En este caso, los inventarios de desastre son una herramienta fundamental que permite identificar las comunidades que se encuentran en riesgo y las amenazas de su entorno, estableciendo la relación entre el desastre y el evento que lo desencadena.

Actualmente existen herramientas para construir inventarios de desastres que facilitan el manejo de la información; desde algunas relativamente sencillas como Excel, hasta software especializado como DesInventar; desarrollado por La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, y disponible en la web (www.desinventar.org). Aunque estas herramientas tienen gran potencial, requieren amplia información y de calidad para su óptimo aprovechamiento; lo cual es una de las principales limitantes en Colombia, ya que en general la medición de las variables asociadas a amenazas hidrometeorológicas, presentan series muy cortas y vacíos de información, principalmente en zonas montañosas, donde se concentra gran parte de la población más vulnerable del territorio nacional.

No obstante, es destacable el caso del Valle de Aburrá, donde se ha venido gestando un buen manejo en la generación, sistematización de información y cobertura; gracias a ello, es posible encontrar trabajos que evidencian la buena disponibilidad de información con la que cuenta la zona, como los realizados por: Aristizábal et al. (2011), Moreno et al. (2006), Echeverry y Valencia (2004), entre otros.

• Monitoreo y pronóstico

El desarrollo de servicios de monitoreo y de pronósticos hidrológicos en tiempo real, aplicados a los SAT, es una tendencia mundial que no ha sido ajena a Colombia; donde además, se han integrado al uso de los ordenadores y medios de comunicación, como parte de la estrategia del país para la reducción del riesgo en desastres de origen hidrometeorológico (Domínguez et al., 2010). Prueba de ello es el Convenio Interadministrativo entre el Fondo Adaptación y el IDEAM (Fondo Adaptación, 2012), con el cual se pretende adquirir nuevas estaciones de monitoreo y repotenciar las exitentes, además de implementar un sistema para la integración de la información generada por los equipos de observacion. Sin embargo, es importante no exceder la capacidad tecnológica del país, apuntando hacia un equilibrio acorde con la realidad y el contexto nacional.

Es claro que los SAT no deben ser tan simples que no cumplan con su cometido, ni tan complejos que no se puedan mantener sin ayuda externa (Ocharan, 2007); factor que incrementa considerablemente los costos de cualquier proyecto, volviéndolo insostenible en el tiempo; ya que además de crear dependencia tecnológica de otros países, no necesariamente aporta a la construcción de resiliencia social y reducción de la vulnerabilidad estructural. Un caso exitoso en Colombia es el SAT de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), que actualmente utiliza tecnología desarrollada en la región, lo cual se traduce en reducción de costos de instalación, operación y de los tiempos de respuesta para dar solución a cualquier falla en el sistema (Campos et al, 2012).

Aunque en el país se vienen realizando mejoras en el funcionamiento de los SAT, aún persiste la tendencia de concentrar grandes inversiones en el fortalecimiento de componentes tecnológicos, porque estos ofrecen sensación de control y anticipo ante los fenómenos de la naturaleza. Trabajos como los de Acosta (2013), Campo y Zafra (2013), la Agencia Suiza para el Desarrollo y COSUDE (2010) y Corpoguajira (2011), lo demuestran. No obstante, aunque la inversión tecnología es importante, porque permite identificar y pronosticar con precisión la ocurrencia de fenómenos que representan riesgo; los demás elementos del SAT también lo son, es decir, cada uno debe funcionar adecuadamente y en forma articulada; de lo contrario, el sistema de alerta no dará el resultado esperado. Los SAT, además de alertar con suficiente antelación, deben apoyar a la comunidad en la toma de decisiones, en la difusión de la alerta y en la ejecución de acciones de respuesta eficaces. Un ejemplo de lo que puede suceder cuando el fortalecimiento de los SAT es desbalanceado, es el caso de Sri Lanka, un país pobre y en conflicto que en 2005 adquirió un sistema de alerta de tsunamis con tecnología japonesa, que hasta el 2007 no había sido puesto en funcionamiento, debido a que no consideró la capacidad de gestión del país para fortalecer los componentes restantes del SAT; es decir, los mecanismos de difusión de las alertas, la preparación y elaboración de planes de respuesta con la población, etc. (Ocharan, 2007).

Adicionalmente, para la implementación de un SAT es importante tener en cuenta los saberes ancestrales tradicionales, que además de ofrecer la posibilidad de complementar las tecnologías modernas, pueden facilitar el proceso de asimilación de las comunidades, dando legitimidad a estos procesos. En Latinoamérica hay numerosos casos que integran los SAT con los saberes ancestrales: el SAT del río Piedras en el macizo colombiano, donde plantean el uso de señales o bioindicadores de conocimiento ancestral; el Plan Comunal de Gestión de Riesgo Agrícola, GRAC, en Bolivia (Quispe y Aguilar, 2009) y el uso de tecnologías económicas con enfoque comunitario en los SAT contra inundaciones en Perú y Centroamerica, (Ferradas y Vilela, 2009; Villagrán et al., 2003) son algunos ejemplos. La participación activa de las comunidades en estos sistemas ha permitido desarrollar respuestas multiobjetivo, considerando que cada grupo social cuenta con vulnerabilidades distintas en función de su cultura, género y otras características.

• Comunicación y divulgación de alertas

De acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en el MAH⁴, se han logrado avances en el fortalecimiento de los sistemas de comunicación para difusión de las alertas tempranas en tiempo real, a través de la actualización, ampliación y optimización de las redes, coberturas y canales de comunicación. Una de las estrategias de comunicación con mayor potencial, son los portales en la web (Tabla 1), desarrollados para orientar, alertar y generar conciencia ciudadana en torno a la gestión del riesgo. Sin embargo, existen algunos casos como La Guajira, Norte de Santander y el río Combeima, donde los SAT se encuentran desactualizados y los procesos de pronóstico y difusión de alertas no son claros; situación por la cual autores como Domínguez y Lozano (2014) cuestionan el cumpliendo de su objetivo.

Estas plataformas enfrentan otra dificultad relacionada con la cobertura. La brecha digital entre países desarrollados y en desarrollo, como Colombia, sigue siendo muy grande, y el acceso a servicios como telefonía móvil e internet, más allá de las ciudades principales, aún es muy limitado; según el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se estima que sólo el 51,7% del total de la población tiene internet y sólo el 6,8% de los hogares en la zona rural tiene acceso al mismo. Por esta razón, se deben identificar canales de difusión más adecuados en cada caso, con el fin de suministrar información clara, útil, oportuna y accesible a todas las personas; principalmente a las que se encuentran en mayor riesgo. En algunas situaciones, será posible hacer uso de tecnologías como celulares, televisión, radio o plataformas web; en otras, por ejemplo, para las comunidades más apartadas, se requerirán medios más sencillos como banderas o sirenas.

A pesar de la tecnología que puedan utilizar, los SAT no están exentos de presentar fallas que comprometan su capacidad para difundir oportunamente una alerta, de ahí la importancia de proveer a las personas del conocimiento acerca de los fenómenos que pueden afectarlos; llegando ésta a ser la fuente primaria o única para detectar el peligro y actuar oportunamente (Hall, 2007). Un ejemplo claro es el caso de Tilly, la niña británica que en 2004 reconoció los indicios de los tsunamis gracias una lección de geografía en su colegio, y al observar la rápida reducción de la marea, alertó a su familia y otras 100 personas; quienes tuvieron tiempo de evacuar antes del impacto de las olas en la costa de Phuket, Tailandia. (Sampedro, 2005); o el caso de doña Leonor García, al saber que cuando la “plataneras crujen” se viene la tierra, y logra dar aviso a su familia, antes que el barro y las piedras sepultaran su casa durante la ola invernal de 2010-11 (El País, 2011).

• Preparación y respuesta

La población debe estar preparada para actuar ante una situación de riesgo, por tanto requiere el desarrollo de capacidades que le permitan identificar las amenazas a las que se encuentra expuesta, sus causas y consecuencias. Al respecto, los programas de educación son esenciales; así lo identificó la secretaría de la EIRD, en 2006, al lanzar la campaña “La prevención de los desastres empieza en la escuela”, con el fin de sensibilizar gobiernos, comunidades e individuos para integrar estos temas en los currículos escolares. Cada plan de respuesta varía de acuerdo con la amenaza; una comunidad asentada en zona de ladera es vulnerable a la ocurrencia de deslizamientos, mientras que otra asentada en las costas marinas lo es a tsunamis y oleajes. Estos factores hacen que el trabajo con cada comunidad sea diferente; de allí la importancia de contextualizar cualquier intervención que se lleve a cabo.

Adicionalmente, la preparación debe estar integrada a los demás elementos que conforman el SAT, porque de poco sirve tener un aviso temprano y acertado, si las personas no saben cómo actuar o no poseen un plan de emergencia con rutas de evacuación o posibles albergues. Aunque muchos técnicos reconocen que los desastres tienen sus raíces en las estructuras sociales, no consideran este componente en los trabajos e investigaciones; siendo esta una dimensión fundamental que no ha sido suficientemente desarrollada en la gestión de los SAT. Finalmente, al ser los SAT una herramienta enmarcada dentro de la gestión del riesgo, resulta infructuoso que al ocurrir un desastre, así el SAT haya funcionado adecuadamente, no existan los mecanismos para brindar soluciones a las personas afectadas, que en la mayoría de los casos pierden viviendas y medios de sustento.

Un ejemplo de los beneficios de un SAT desarrollado en conjunto con la comunidad, fortalecido e integrado adecuadamente con otros mecanismos de prevención, tales como estrictos códigos de construcción sismo-resistente y concientización pública; se comprobó en 2011, ante el tsunami que azotó la costa oriental de Japón, luego de uno de los terremotos de mayor magnitud en el último siglo. Gracias al SAT se evitó una tragedia mayor, porque tanto la detección como emisión de la alarma fueron oportunas, permitieron la activación de los planes de respuesta y el desplazamiento hacia terrenos elevados, con rutas de evacuación claramente señalizadas (PNUD, 2014).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para que sea posible el desarrollo de comunidades resilientes, como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el MAH, es necesario el cambio de paradigmas institucionales, modificando las estructuras y normas, para promover mejoras en la construcción de resiliencia humana. Las políticas estatales y las redes de apoyo comunitario pueden y deben facultar a las personas para superar las amenazas, cuando y donde quiera que surjan. La implementación de los SAT constituye una herramienta capaz de ayudar a la consecución de este objetivo, no sólo con la idea de alertar, sino también de proporcionar capacidades a las personas.

El desarrollo de capacidades como una forma de lograr mejoras sostenidas y continuas, gana cada vez más espacio en la búsqueda por reducir la vulnerabilidad vinculada a los ciclos de vida de las personas. Esta situación lleva a replantear que la gestión del riesgo debe abordarse con un enfoque participativo, involucrando a las comunidades en los diferentes procesos y sus métodos tradicionales, pues es la comunidad quien conoce e identifica las necesidades de su entorno.

Retomar el conocimiento y experiencias ancestrales es una estrategia importante, especialmente en las culturas andinas, que han desarrollado sistemas para predecir el tiempo a través de la observación del comportamiento fenológico de ciertas plantas y conductas de animales; adaptándose de manera eficaz a los eventos meteorológicos a través del tiempo. Estas acciones de integración pueden facilitar la aceptación y asimilación, por parte de la comunidad, de cualquier proyecto que se quiera desarrollar en su territorio y a la vez complementarlo.

El fomento de los SAT y la generación de alianzas maximizan sinergias que contribuyen a la óptima gestión del conocimiento de los productos y servicios que ofrecen estos sistemas, y que al ser integrados, mejoran el entendimiento y la importancia que tienen en la gestión del riesgo. Una mirada integral de los cuatro componentes de un SAT permite conseguir un enfoque holístico de su gestión, contribuyendo eficazmente con la buena gobernanza, la preparación, adaptación, la mitigación y la prevención.

Aunque los SAT, y en general la gestión del riesgo, estén liderados por técnicos, y centren casi toda la atención en el fortalecimiento tecnológico; estos sistemas deben gestionarse con la articulación de todos los aspectos primarios necesarios en el proceso de alertar anticipadamente (Hall, 2007): población, medios de comunicación, científicos y servidores públicos.

En el país, varios de los SAT implementados en la actualidad, no se encuentran integrados entre sí; situación que genera desconocimiento y sectorización de la información, reduciendo su efectividad. El uso de páginas web para la difusión de la información, aunque es un medio de comunicación masiva, tiene reducida divulgación hacia la población rural, debido al restringido acceso a internet en zonas rurales; a esto se suma que cada sistema utiliza un diseño y enfoque particular que genera heterogeneidad en su difusión y limita su utilidad.

La articulación funcional entre los diferentes SAT con un mismo lenguaje, facilita la integración entre sistemas y el intercambio de información, resultados y experiencias, tanto en el país como fuera de éste. Esto es un reto para el país, ya que en la actualidad no existe una comunidad de SAT, sino muchas y muy variadas entre sí, que podrían multiplicar esfuerzos colectivos para alcanzar los compromisos adquiridos por Colombia en los diferentes acuerdos internacionales de reducción del riesgo.

La cooperación regional en Latinoamérica para hacer frente a fenómenos naturales, que trascienden las fronteras de los países de la región, afectándolos simultáneamente, como es el caso del ENOS, en sus fases extremas, debe ser fortalecida. Este trabajo cooperativo se observa en otros lugares del mundo como en el continente europeo, donde los SAT han sido integrados en un único sistema llamado “Meteoalar”. En Asia y África sucede lo mismo con el Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES), y en Centroamérica con el SAT para Centroamérica. El reconocimiento de las amenazas de gran escala requiere una acción colectiva, que genere compromisos globales y promueva una mejor gobernanza internacional para enfrentarlas (PNUD, 2014).

AGRADECIMIENTOS

Al grupo de investigación IREHISA de la Universidad del Valle, y al Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores de COLCIENCIAS 2013, por su aporte al desarrollo de del proyecto “Diseño de un Sistema de Alerta Temprana Participativo para comunidades localizadas en la cuenca hidrográfica del río Tuluá”.

POTENCIAL CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de interés en torno a la realización de la investigación.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

El presente artículo es resultado del proyecto “Diseño de un Sistema de Alerta Temprana Participativo (SATP) para comunidades localizadas en la cuenca hidrográfica del río Tuluá” desarrollado por el Grupo de Investigación IREHISA, entre 2014 y 2015, y financiado por COLCIENCIAS a través del Programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores 2013.

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3. Ingeniera Agrícola, Universidad del Valle. Joven Investigador de Colciencias, Grupo de Investigación en Ingeniería de Recursos Hídricos y Suelos –IREHISA–, Universidad del Valle, Colombia. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. orcid.org/0000-0001-8032-3130

4.  Marco de Acción de Hyogo.

Para citar este artículo: López-García, J.D.; Carvajal-Escobar, Y y Enciso-Arango, A.M. (2017). Sistemas de alerta temprana con enfoque participativo: un desafío para la gestión del riesgo en Colombia. Revista Luna Azul, 44, x-x. DOI: 10.17151/luaz.2017.44.14. Recuperado de http://200.21.104.25/lunazul/index.php/component/content/article?id=230

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